José Mario Aguerrido, abogado de uno de los presos que debe ser trasladado a Senillosa, se refirió a la resolución del TIP que ordena el traslado a la cárcel neuquina. “ Hay una preocupación puntual, respecto del desarraigo y de que ellos no quieren alejarse de sus familias y sus afectos”.
En declaraciones radiales, el abogado José Mario Aguerrido manifestó sus reparos a la resolución judicial que ordena el traslado de presos pampeanos por delitos sexuales a la cárcel de Senillosa. “El viernes el TIP ratificó la resolución del juez de Ejecución, Martín Saravia, respecto del traslado de un grupo de detenidos por delitos sexuales que cumplen condenas en distintas comisarías de La Pampa”.
“Esta cuestión tiene ribetes particulares, ya que no solo está la Ley de Ejecución Penal, la 24660, sino que hay una serie de derechos que están consagrados en distintas convenciones internacionales, de las cuales Argentina es parte y las resoluciones judiciales, pasan a tener un análisis legal y de convencioanlidad”, explicó en declaraciones radiales.
“Nosotros somos tres defensores (Alejandro Osio, Mirta Braun y José Mario Aguerrido) y escuchamos los reclamos de los detenidos que defendemos. Hay una preocupación puntual, respecto del desarraigo y de que no quieren alejarse de sus familias y sus afectos”, indicó al programa radial y televisivo “Tiene Sentido”, que se emite por Somos La Pampa – Cablevisión y es conducido por Carlos Monasterio.
“Según la Ley de Ejecución Penal, se le garantiza a los detenidos una serie de derechos con respecto a la posibilidad de tener visitas familiares y periódicas que, obviamente, no se respetaría con el hecho de que le aseguren traslados a familiares, cada quince días”, expresó.
“Tampoco hay un convenio entre la provincia y el Servicio Penitenciario Federal que les garantice determinados puntos de la visita de familiares de detenidos e incluso, el penal de Senillosa, está en el medio de la nada, por lo tanto, tenemos algunas dudas, si el traslado se va a concretar, adónde, por cuántos días, por cuánto tiempo”, se preguntó Aguerrido.
“Hay unas cuestiones que no están suficientemente claras para llevar adelante el traslado, como está ordenado”, precisó.
Preguntado por el hacinamiento de estos presos en la comisaría, Aguerrido dijo que “desde el TIP se cuestiona a los defensores, por no mencionar el tema del hacinamiento, pero a mí, puntualmente mi defendido, no me habló de hacinamiento, ni me dijo que lo llevaran porque las condiciones en las que él estaba detenido, no eran las que correspondían o no le gustaban. En el caso de mí defendido, es el traslado y la lejanía que eso significa de su círculo familiar, de su círculo íntimo y de las personas que lo pueden visitar, ni más, ni menos”, dijo.
Ante la consulta sobre si el Ministerio de Seguridad pagaría el traslado de familiares cada quince días a Senillosa, Aguerrido dijo que “lo que se observa del Ministerio de Seguridad de la provincia es que la cuestión de esta arranca, después del planteo del traslado de los presos. Hay una resolución, la 3816 del ministerio de Seguridad, que es del 7 de abril, cuando la cuestión de los presos, venía de tiempo atrás, como que hubieran salido a cruzar el tema, una vez que estaba planteado y no antes”, criticó Aguerrido.
“De todos modos, hay una resolución del gobierno de La Pampa, que se haría cargo del traslado a un número de familiares, limitado a 50, según el transporte que se sale a licitar. Será un traslado cada 15 días y eso está recién comenzado, recién se inició un proceso licitatorio”, advirtió.
Aguerrido defendió los derechos de los presos y dijo que “cumplen una pena, que es la privación de la libertad. No tienen que tener ninguna otra cuestión que no sea la privación de su libertad. Y, como detenido, tiene una serie de derechos. Incluso si trabajan como detenidos hay que pagarles”. “Podemos estar de acuerdo o no, pero la legislación contempla una serie de derechos y garantías, incluso para los detenidos, para aquellos que supuestamente no habían respetado el derecho de sus víctimas, pero eso ya fue contemplado en la sentencia”, expresó.
Por último, Aguerrido aclaró que la resolución es del viernes pasado y las tres defensas tienen un plazo de diez días, para presentar un recurso de casación. “Además, hay que ver si se adecua el penal para el traslado de los presos. El TIP ordenó al juez de ejecución que se traslade al lugar a verlo y que se garantice el derecho de visita y el derecho del contacto de los internos con el exterior o sus abogados”, afirmó.
