La Asociación Pensamiento Penal, Capítulo La Pampa, emitió un comunicado de prensa crítico con el accionar policial y del Ministerio de Seguridad encabezado por Juan Carlos Tierno. Fuertes cuestionamientos al Poder Ejecutivo y al Judicial.
La organización “observa con preocupación y repudia los episodios de violencia policial ocurridos de manera reiterada en La Pampa, y que, aún sin interesar la condición social de las víctimas, afectan a personas particularmente vulnerables que, lejos de recibir maltrato institucional, deberían ser destinatarios de especial abordaje estatal”.
El escrito señala que “los hechos de violencia policial que desde un tiempo a esta parte vienen tomando estado público no son aislados. Existen un número mayor que permanecen al margen de la publicidad cotidiana, y que en conjunto, marcan la existencia de una equivocada formación e intervención profesional, que debe ser revisada de forma urgente para garantizar su no repetición. Por otra parte, estos hechos también suponen el ejercicio sistemático de una violencia contra democrática, en pos de alcanzar una supuesta higienización, abiertamente alejada de los postulados del estado constitucional de derecho”.
Por otro lado “debemos aclarar que el cuadro de violencia institucional a cargo de la Policía es una situación estructural, por lo que no ha dependido, ni depende actualmente, exclusivamente de alguna persona o funcionario en particular. Pese a ello, debemos poner en evidencia que, en este último tiempo, se ha visto renovada y exacerbada en su implementación”.
“Entendemos que la Provincia debe contar espacios necesarios para la intervención preventiva y de seguridad, pero éstas deben ejercerse conforme a una matriz democrática, donde las fuerzas de seguridad cumplan un rol de garante de los derechos y garantías de las personas, y no contribuyan ni causen -en manera alguna- a su vulneración”, señalaron.
“La Asociación Pensamiento Penal exhorta a las autoridades públicas a destinar y afectar todos sus esfuerzos para garantizar el normal funcionamiento de las fuerzas de seguridad, como garantes de los derechos de las personas. Asimismo, a todos los poderes del Estado, para que reconozcan, promuevan y faciliten la asunción de los derechos humanos y, principalmente, coadyuven a su no vulneración, máxime en el caso de las personas con menores posibilidades de ejercerlos y de ser oídos”, indicaron.
“El silencio y la actitud complaciente de las autoridades administrativas y judiciales frente a estos hechos no es más que un aval al uso desmedido y arbitrario de la violencia policial. Estas acciones, lejos de constituir una política de prevención o reducción del delito, son -lisa y llanamente- una violación a los derechos humanos más elementales, que convierten a toda la sociedad en víctima, y la abstención de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad a que están obligados todas/os las/os funcionarias/os públicas/os del Estado provincial”, resaltaron.
“La asociación considera oportuno señalar que se ha tornado urgente la intervención de la Legislatura provincial para revisar las normas de la policía, contravencional y procesal penal vigentes que autoriza, de manera inconstitucional y contra convencional, la demora y detención de personas por largos períodos de tiempo sin control judicial, y que dan lugar a las prácticas que se ven a diario. Así también entendemos imperiosa la intervención de las autoridades de Derechos Humanos y de Educación, para que intervengan en los procesos de formación de las/os agentes públicos en clave de derechos humanos”, aseveran.
Por último “entendemos que las autoridades administrativas y judiciales deben implementar y/o fortalecer las herramientas prácticas necesarias para que, de manera inmediata, cualquier persona pueda defenderse ante la violencia institucional. En base al marco social y jurídico que denunciamos, consideramos fundamental la participación y compromiso de la comunidad, de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales, para que, sumados a las autoridades públicas y en conjunto, corresponsablemente colaboremos en el control y erradicación de estas prácticas”.
