El juez Guillermo Salas estuvo en la Comisión de Peticiones y Acuerdos por la designación como Juez en la Cámara de Apelaciones de lo Civil, Comercial, Laboral y Minería. Admitió que hay una falla importante en la Cámara de Apelaciones “hay un atraso con las causas”.
La Comisión de Peticiones y Acuerdos emitió dictamen favorable, con mayoría justicialista y del Frente Renovador, a la designación de Guillermo Salas como Juez en la Cámara de Apelaciones de lo Civil, Comercial, Laboral y Minería. El FrePam fijará posición en el recinto.
El abogado consideró que La Pampa debería estar “a la vanguardia” de los poderes judiciales, por su “composición”. Sin embargo, señaló que hay grandes fallas en la justicia con respecto a la demora. A diferencia del titular del Superior Tribunal de Justicia, no le atribuyó el problema al presupuesto. Contó, además, que las mayores causas en su juzgado son por denuncias laborales.
Salas advirtió que hay una gran falencia en el Superior Tribunal de Justicia “La Pampa debería estar a la vanguardia de todos los poderes judiciales del país, por su composición”. En este sentido, manifestó que faltan auditorias preventivas, que funcionan “para detectar errores a tiempo y mejorarlas”.
Con respecto a los equipos que tiene el Poder Judicial, consideró que “es bastante con los que se cuenta”. Asimismo sugirió: “primero hay que optimizarlos antes que pedir más presupuesto”, agregando que “no es que necesitemos un nuevo equipo, sino definir y especializar de manera detallada cada función”.
Siguiendo esta línea de razonamiento, opinó que “la tendencia que he visto es que se atiende al organismo demorado, colapsado, sin saber por qué se atrasó. Muchas cosas se podrían solucionar con organización y gestión judicial”, concluyó ante los legisladores.
Además, el juez admitió que hay una falla importante en la Cámara de Apelaciones. “Se sabe que hay un atraso muy grande con las causas”, dijo. Y siguió: “Hay algunas que llevan una demora de 1 año o más, y para La Pampa es un plazo enorme, porque es chico en cuanto a número”, reflexionó.
Consideró que una de las deficiencias más grandes de la Justicia provincial radica en la Magistratura, precisamente en la designación de los jueces. “Es la llave que destrabaría un montón de situaciones”, aseguró. Y alertó, en este sentido, que ese mecanismo se encuentra hoy en día en “estado de emergencia”, y se debería tener un “plan para dar respuestas rápidas ante determinadas situaciones”, explicitó.
Una de las ideas que brindó para solucionar el problema de la falta de celeridad en las causas, es una modificación en el Código Civil para agilizarlas. El magistrado aconsejó que se pudiera tratar en la Legislatura una ley provincial para fijar un monto por el cual se apele. “No tiene sentido atosigar a la Cámara de Apelaciones con causas que implican un monto realmente mínimo”, concluyó.
Por otro lado, contó que en su juzgado hay 5 mil causas, y que es un organismo que hace 3 años no pide prorroga para dictar una sentencia. Mostró un balance donde el mayor porcentaje de los juicios fueron por cuestiones laborales. Sin embargo, no pudo corroborar si en los últimos años esto se había incrementado.
Otro tema que se discutió tuvo que ver con los procedimientos que se realizan en casos de desalojos. Actualmente hay una comisión que está debatiendo el protocolo, a raíz de actuaciones polémicas que se dieron en situaciones donde estuvieron involucrados menores. En este sentido, el abogado dijo que se reunió con el Defensor de la Niñez, Juan Pablo Meaca, para “unificar criterios y generar un protocolo de actuación”.
Por su parte, explicó que cuando se inicia un desalojo por cualquier motivo en un inmueble donde hay menores, la tarea del Juzgado es “actuar de manera cercana y rápida, y buscar cuál es la situación de esos chicos. Para esto hay una ley vigente”, contó el magistrado. Además recomendó que “lo primero es dar inmediata intervención del Defensor, que debe enterarse antes de que se produzca el desalojo, para que pueda actuar y no que tenga que reparar los posibles traumas ocasionados”. En este sentido, expresó: “La Pampa tiene la guardia alta para este tipo de situaciones”.
Con respecto a las modificaciones del nuevo Código Civil y Comercial, Salas dijo que “son muy recientes, pero no ha habido cambios transcendentales. Lo que sí hubo fue una mejora en la técnica, y en materia de derecho de familia”, ejemplificó. Ante la pregunta sobre las capacitaciones pertinentes para estar al tanto nuevo Código, respondió que no ha hecho capacitaciones específicas, pero que “sigo las lecturas y me informo, precisamente por el ejercicio de la docencia”, finalizó.
Paulucci
También la comisión de poderes, reglamentos, peticiones y acuerdos de esta Cámara, presidida por el diputado Raúl Zubrickg, recibió a quien fue postulado por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Santa Rosa, el abogado Máximo Orlando Paulucci.
Ante las consultas de los legisladores, Paulucci manifestó que “como fiscal general seguiría el camino que marca la Procuración en el sentido de facilitar que cada fiscalía temática pueda limitarse a su especificidad, algo que naturalmente llevará tiempo: La idea es empoderar a cada fiscalía temática y, en lo posible, instrumentar nuevas, como la fiscalía de delitos viales”.
Precisó que “en los casos de delitos viales, creo que se investiga de manera eficiente en cuanto a los resultados, pero sería mucho mejor si contáramos con una mayor cantidad de personal técnico, para indagar más aún en ese tipo de especificidades, velocidad, frenado, etc, que son clave en este tipo de delitos”, sentenció.
Indicó que “el laboratorio informático forense no sólo nos resulta útil para la investigación penal sino que la justicia civil también puede utilizarlo para la determinación filiatoria, por ejemplo. Vino a solucionar un inconveniente ante el que nos encontrábamos permanentemente porque contábamos con personal policial capacitado para recolectar pruebas de ADN, pero no teníamos laboratorios con lo que enfrentábamos la dificultad probatoria al tener que enviar el material fuera de la provincia. Ahora contamos con el personal policial idóneo, pero también con un laboratorio adecuado”.
“Un protocolo de protesta seguramente no será el mismo el que se aplicase por la justicia federal que la provincial, de acuerdo al lugar donde tenga competencia. En La Pampa ha habido distintos jueces que no consideraron delito las movilizaciones que se suelen hacer en 25 de Mayo por trabajadores petroleros que no obstaculizarían el normal flujo de tránsito, por ejemplo. De todos modos el ministerio público fiscal debe estar alerta para intervenir ante cualquier toma de conocimiento de actividades que puedan tener viso de eventual delito”, señaló.
Finalmente, el diputado Darío Hernández fue quien dio a conocer su parecer en cuanto a la opinión de Paulucci sobre la limitación dispuesta por el ministerio de Seguridad en cuanto a la difusión de hechos policiales. El postulante había dicho que hoy la policía debería estar actuando como siempre, es decir allanando únicamente cuando un juez libere una orden para ello. Hernández dijo que da la impresión que no está de acuerdo con las restricciones a la información dispuesta por el ministro.
Tedin
Finalmente fue el turno del abogado Gabriel Lauce Tedin para defender ante lso legisladores de la comisión de reclamos, peticiones, reglamentos y acuerdos, la postulación que para él hiciera el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de Juez de Control de la 1a. Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Santa Rosa.
Tedin sostuvo que “La participación de un funcionario judicial en asociaciones de estudio como Justicia Legítima, por ejemplo, es crítica o se encuadra en un conflicto ético, si lleva a que no se sea imparcial o se sea esclavo de las palabras vertidas en esa asociación a la hora de resolver litigios. Siempre un funcionario judicial deberá basarse en la ley y lo que dicen las partes”.
“La figura del arrepentido es apropiada porque imputados en delitos menores pueden ayudar a resolver delitos mayores con su declaración. Se podría amplia a otros ámbitos de la justicia”, dijo.
El abogado comentó que “A las víctimas de delitos sexuales hoy se las considera mucho más y se les da un trato mucho más respetuoso y acorde a la circunstancia por la que atravesó. Siempre se está velando por la dignidad y el buen trato a la víctima. El protocolo de actuación en casos de abuso a niños es fundamental, sobretodo para hechos que demandan tomar decisiones urgentes, fija pautas claras y evita la revictimización”.
“Con el fallo del año 2012 que amplía no punibilidad a las mujeres violadas, el aborto no punible logró una mayor universalización y su práctica está resguardada por el protocolo que indica cómo actuar ante la negativa de médicos por objeciones de conciencia».
Finalmente el diputado Darío Hernández le pidió la opinión sobre la condición de un ministro del Poder Ejecutivo que está ejerciendo ese cargo luego de estar procesado y condenado, Tedin dijo: “hasta que no quede firme la condena tiene el beneficio de la presunción de inocencia”.
Al igual que Salas, tanto Paulucci como Tedín obtuvieron despacho mayoritario favorable, que aconseja la aprobación de sus pliegos, de parte de los legisladores del Justicialismo y del Frente Renovador, mientras que los diputados del Frepam y Propuesta Federal fijarán posición en el recinto.
