La abogada e integrante de la CORREPI criticó el fallo que condenó a Mathov y Santos por la represión de 2001. “Si hubieran cruzado un semáforo en rojo y matado una persona, la pena no hubiera sido muy diferente”, dijo.
La abogada María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), reflexionó en declaraciones radiales sobre el fallo a los culpables por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. “Tuvimos un saldo de 39 asesinados en el país, 5 en el corredor Plaza de Mayo – Congreso en Buenos Aires y, en nuestro caso, con un compañero de CORREPI, Carlos Almirón, que cayó en la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo”.
Verdu recordó que las condena al ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos fue por el homicidio de Almirón, Diego Lamagna y Gastón Rivas. “Lo cierto es que si hubieran cruzado un semáforo en rojo y matado una persona, la pena no hubiera sido muy diferente”, sostuvo en declaraciones al programa “Despertado a la Trama”, que se emite por Radio La Tosca.
“La marca en el orillo de esta sentencia es que nadie fue condenado por represor o asesino, sino por negligentes, por inútiles, por haber incumplido sus deberes de manera culposa y no por haber ordenado, dirigido y comandado el operativo represivo más sangriento de nuestra historia en estas últimas décadas”, criticó”, Verdu.
“Las jornadas de rebelión del 19 y 20 de diciembre tuvieron un marco represivo que es posible comparar con el Puente Pueyrredón en el 2002, el 26 de junio, el puente de Corrientes en 1999, donde hubo solo dos muertos, frente a esta situación que se cobró 39 vidas”, recordó.
“Esta fue la única causa vinculada al 19 y 20 de diciembre en la que se logró avanzar en la causa política, con la condena a Mathov. Pero frente a eso, la calificación del delito, con esta figura involuntaria, sin intención, pone a salvo al aparato estatal en su conjunto y por eso lo hemos calificado de esta manera”, dijo.
Verdu recordó que CORREPI no pudo contar con una querella autónoma y no pudo llevar adelante la imputación de homicidio intencional que incluía a Mathov y que alcanzaba al ex presidente Fernadno De La Rúa. “Por eso, nosotros no avalábamos con nuestra presencia este juicio, lo que sabíamos que era la coronación de la impunidad, con este tipo de sentencia”, expresó.
“Ayer, al escuchar las penas, teníamos la sensación de decir ‘te lo dije’, una posición que mantenemos desde hace dos años y medio”, dijo.
Preguntada por la situación actual de los sectores populares, Verdu dijo que “estamos en una etapa de coordinar la lucha en unidad de acción, más allá de los matices y de algunas diferencias que tengamos entre nosotros. Esta es la clave para poder sobrellevar un momento de nuestra historia que viene signado con una conjunción de ajuste y represión, como venimos viendo en estos cuatro o cinco meses”.
“Eso ha motivado una confluencia entre sectores organizados, entre compañeros y compañeras que sin estar integrados a algún tipo de espacio concreto, sienten la necesidad de sumarse y de participar en la resistencia”, expresó.
“Por eso lanzamos La Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias, un tema que tiene particular relevancia en lo que tiene que ver con la juventud, el barrio, las calles, ya que las facultades de las policías provinciales viene recibiendo un impulso de los poderes políticos, legislativos y judicial para realizarlas”, dijo
“Ayer se conoció un informe de fuentes judiciales de la provincia de Córdoba, informando que en el mes de abrilm 1861 personas, habían resultado víctimas de detenciones por el Código de Faltas de la provincia, detención que vale aclarar, implica que no hay delitos, porque son contravenciones y no delitos”, dijo Verdu.
“Esto tiene que ver con el control y el disciplinamiento social. Por eso, lanzamos una campaña en todo el país con apoyos de diversos sectores y esto nos permite llevar la discusión al lugar mismo donde ocurren estos hechos y poder sentarnos, como lo haremos este sábado, en la Isla Maciel, para saber qué pasa cuando te cruzás con un policía y ver qué herramientas se cuentan para pilotear la situación, aportando como camino la organización y la lucha independiente”, afirmó.
En el día de ayer, el Tribunal Federal Oral N° 6 dio a conocer el veredicto en el juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov, fue condenado a cuatro años y 9 meses de prisión, mientras que el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos fue condenado a cuatro años.
De un total de 17 juzgados, el Tribunal Oral Federal 6 condenó también a la cúpula de la Policía Federal encabezada por los comisarios Rubén Santos, con 4 años de prisión, y al director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, a 3 años y seis meses, por los mismos delitos.
En tanto, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, fue condenado a 3 años en suspenso, una pena sin aplicación efectiva, y al igual que los anteriores por el delito de “homicidio culposo”, es decir sin que mediara intención o dolo. El veredicto, con nueve condenados y ocho absueltos, fue silbado por un sector de la vasta concurrencia que colmó esta tarde la Sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py donde se dictó sentencia.
El ex presidente Fernando de la Rúa ya había sido sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio en un trámite que dejó firme la Corte Suprema de Justicia por entender que era ajeno a los hechos que ocurrían en la calle antes de huir de la Casa Rosada en helicóptero.
A su vez, el ministro de Interior del gobierno de la Alianza, Ramón Mestre, jefe de Mathov y superior de la Policía Federal, falleció en 2003.
Las penas más altas fueron para los policías Carlos José López y Roberto Juárez, con 6 años de prisión y 4 años y seis meses, respectivamente, por el homicidio doloso de Alberto Márquez, de 57 años.
Se trata del hombre que fue baleado en inmediaciones del Obelisco por los policía de Asuntos Internos que circulaban en un auto particular, que fue identificado por los ocasionales testigos.
Otros dos integrantes del grupo, Ariel Firpo Castro y Victor Belloni, también merecieron condenas a 3 años de prisión, mientas que el subcomisario Omar Bellante fue condenado tres años de prisión en suspenso.
Este último estaba acusado por encubrimiento del crimen de Gustavo Benedetto, asesinado por un disparo que recibió desde adentro de las instalaciones del banco HSBC, ubicado en Avenida de Mayo y Maipú, cuyo autor sería el teniente coronel Jorge Varando, jefe de seguridad del banco, filmado apuntando su arma a los manifestantes pero que fue absuelto.
