La organización que se conformó el 28 de mayo de 2015, en el marco de la conmemoración del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, y a diez años de la constitución de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, denunció el caso de Belén, la joven tucumana condenada a 8 años de prisión por un aborto espontaneo.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir está compuesta por 486 profesionales de equipos de salud del sector público pertenecientes a 17 provincias de Argentina, quienes afirman “nos sentimos parte de un colectivo más amplio que construye políticas de inclusión, que mejoran la calidad de vida de las personas. En esto tenemos un rol específico, una responsabilidad concreta: velar por la salud de la población que atendemos y nos tomamos esto en serio.”
En el anuncio, se pone el acento en el caso de Belén, la joven tucumana que ingresó al Hospital Avellaneda por dolor abdominal y sangrado y terminó siendo condenada a 8 años de prisión el pasado 19 de abril por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, “no podemos quedarnos calladxs”, expresaron desde la organización.
“Belén estuvo presa preventivamente más de dos años tras haber sido denunciada por sus médicos luego ingresar a un hospital público con un aborto espontáneo. La sentencia se basó en los testimonios del equipo de salud. No hay pruebas de ADN y el expediente se encuentra plagado de inconsistencias y contradicciones. Se violaron sus derechos a la confidencialidad médico-paciente, a la atención sanitaria de calidad, al debido proceso, a vivir una vida libre de violencias, a no ser sometida a tratos crueles y a ser tratada dignamente”, denunciaron.
Al mismo tiempo, informaron que junto con el asesoramiento de las abogadas Daniela Fagioli (Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación) y Soledad Deza, defensora de Belén “denunciamos formalmente al equipo de salud por no cumplir con sus obligaciones ético-profesionales”.
“Esta denuncia fue entregada a Juan Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, quien tiene entre sus mandatos, transmitir llamamientos urgentes a los Estados con respecto a las personas que al parecer corren el riesgo de ser sometidas a tortura, así como enviar comunicaciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos”, explicaron las y los profesionales en el documento.
La denuncia también fue presentada el 24 de mayo a la Presidenta de SI.PRO.SA (Sistema Provincial de Salud) de Tucumán, Dra. Rossana Chahla adhiriendo al pedido de investigación administrativa y determinación de responsabilidades presentados por la Mesa Provincial por la Libertad de Belén.
“Porque este 28 de mayo nuestro compromiso sigue siendo el mismo: les decimos a todas las mujeres, sean jóvenes, adultas, ricas, pobres, creyentes o ateas, que si en algún momento se encuentran frente a un embarazo que deciden interrumpir: acá estamos, hagan consultas, no se queden solas”.
“La decisión es de cada una, y nosotrxs estamos para respetarlas, acompañarlas y hacer que esa decisión no las exponga a ningún sufrimiento. Tienen derecho a contar con la información necesaria y con los métodos anticonceptivos que elijan, tienen derecho a ejercer la sexualidad libre y placenteramente. Nosotrxs realizamos abortos legales cuidando la salud de las mujeres. Exigimos una ley nacional que reconozca este derecho. Aborto legal para decidir”, consigna la declaración de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
