En el marco de la movilización por #Ni Una Menos, estuvo en La Pampa María Paula García, referente nacional de la Colectiva feminista Mala Junta – Patria Grande. La militante se refirió a los avances, deudas pendientes, y las dificultades de construir feminismo popular en un contexto de avance neoliberal.
¿Cómo analizan desde Mala Junta la fecha a un año de la primera movilización?
– Si tuviéramos que construir la idea en una frase, diríamos que el 3 de junio es una fecha ganada. Ganada por el movimiento de mujeres que viene batallando desde hace décadas contra la violencia de género y ganada para la sociedad en su conjunto. La contundencia y la masividad que tuvieron las movilizaciones y concentraciones en todo el país, por segundo año consecutivo, nos convencen de que ha habido un quiebre en la naturalización y la invisibilización de la violencia de género: hoy miles de mujeres disponen de palabras para nombrar lo que les pasa, que no está bien ser violentada, que no se debe aguantar ni callar, que no se puede ser cómplice. Una vez más, las calles se llenaron de personas que fueron a apoyar un reclamo, pero también de familiares y amistades con fotos de mujeres que murieron víctimas de la violencia, de mujeres que salieron a contar su propia historia y quisieron dejar testimonio. Esto es un logro muy positivo.
Vemos también como muy importante que, a diferencia del año pasado, la convocatoria haya incluido reivindicaciones mucho más amplias. Porque además de los femicidios, la violencia física, psicológica y sexual, estuvieron fuertemente presentes reclamos históricos como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; la visibilización de la violencia hacia las personas del colectivo LGTBI y los travesticidios; la implementación de la ley de educación sexual integral y la aplicación del protocolo para la atención de las interrupciones legales de los embarazos; la lucha contra los despidos, entre otros. Y creemos que este año hubo más presencia de organizaciones de los más diversos tipos– sindicales, estudiantiles, sociales, partidarias, feministas, de DDHH – con sus propias banderas; algo que no fue en detrimento, para nada, de la participación de miles de personas que se manifestaron por fuera de esas columnas y de esas banderas, pero en un compromiso común.
– ¿Cómo fue la convocatoria a nivel nacional y en CABA?
Exitosa. A nivel nacional hubo movilizaciones y concentraciones en todas las capitales provinciales, y en varias ciudades más. Desde Jujuy a Ushuaia. El reclamo atravesó el país. En CABA se movilizaron alrededor de 150 mil personas, marchando desde Congreso hacia Plaza de Mayo. Hubo columnas organizadas muy creativas, muy vistosas, muy coloridas. Y mucha gente sola o en pequeños grupos, con niños y niñas, con sus carteles armados a mano, con sus propias consignas. La bandera que presidió la marcha estuvo en manos de familiares de víctimas de femicidio y mujeres que lograron sobrevivir. Muy emocionante el compromiso de los familiares, de las mujeres que han padecido violencia. Son un testimonio fundamental.
– ¿Qué ha pasado con los puntos que se generaron como compromiso en 2015?
Ese es el punto negativo del asunto. En agosto de 2015, pocos meses después de la histórica marcha, el colectivo NI UNA MENOS lanzó los “5 puntos para comprometerse”, un resumen de las exigencias más importantes. Le hizo llegar la propuesta a todas las listas presidenciales que competirían en las PASO. Todos los candidatos y candidatas firmaron, incluidos Mauricio Macri y Gabriela Michetti que hoy gobiernan el país. Está bueno recordarlos:
- Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley 26.485.
Aún no se implementó.
- Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia. En cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse; las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.
La ley de patrocinio gratuito aprobada en noviembre no ha sido reglamentada y desde el Ministerio de Justicia ya se alertó sobre la falta de presupuesto para ponerla en práctica.
- Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de la violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas.
En la página del Consejo Nacional de las Mujeres se publica su creación, pero las estadísticas que figuran son sólo hasta julio de 2015. Incluso el Observatorio de Femicidios creado por la Corte Suprema de Justicia presentó su primer informe en noviembre pasado, pero con datos únicamente del 2014. El colectivo NI UNA MENOS alertó sobre la desaparición de muchos Observatorios que realizaban la tarea.
- Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar a docentes y directivos.
A 10 años de su sanción, la aplicación depende de cada provincia y es muy desigual e insuficiente en todo el país. Desde el colectivo NI UNA MENOS se denuncia que los contenidos se están modificando para conformar a los sectores más retrógrados en varias provincias.
- Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia. Las mismas víctimas que han pedido la orden de restricción afirman que la policía nunca controla, y lo que otorga la justicia termina siendo un papelito que tiene un sellito que no sirve para nada; al contrario, cada vez son mayores las violaciones de los varones a las restricciones de acercamiento, y las mujeres terminan cada vez más encerradas en sus casas, perdiendo sus trabajos, sufriendo los casos extremos de hostigamiento, y la persecución a los hijos.
De los compromisos asumidos no se cumplió ninguno. Y los resultados están a la vista. Las estadísticas no descendieron y, según el informe que publicó La Casa del Encuentro, entre el 1 de junio del año pasado y el 31 de mayo último hubo 275 femicidios. En vísperas del propio 3, tres nuevos femicidios de chicas de 12 años se dieron en apenas tres días: Micaela Ortega en Bahía Blanca, Guadalupe Medina en Rosario, Milagros Torres en Tucumán.
– ¿Cómo ven la situación de los derechos de las mujeres en el marco político nacional?
– Hubo un avance en el plano de la concientización y en la cantidad de denuncias. Las mujeres se animan a denunciar más. Pero si con el gobierno anterior había problemas para prevenir situaciones de violencia y contener a las mujeres que pasaban por esto, con el gobierno actual estamos claramente peor.
La violencia de género no se da en una burbuja, se da en un escenario, en un contexto social y político particular. Justamente venimos insistiendo en que las políticas de ajuste, el aumento de tarifas, el fin de la moratoria previsional para las amas de casa y los despidos propician la vulnerabilidad de las mujeres, las más perjudicadas somos las mujeres. El ajuste y la inflación golpean directamente sobre la posibilidad de las mujeres de decir basta y terminar con una convivencia violenta. Nos resta la autonomía necesaria para tomar decisiones libremente. Eso por un lado. Lo otro es que se promueve que las mujeres denuncien, pero no se diseñan políticas de protección y acompañamiento integrales que sostengan y asistan más allá de ese momento. Y el gobierno nacional empeoró la situación: no sólo no habido avances concretos en materia de políticas públicas, sino que en aquellos lugares donde había algo mínimo lo han debilitado o, directamente, desmantelado. Tal vez el caso más ejemplificador sea el de la provincia de Buenos Aires, donde con la llegada de Vidal se han desmantelado programas de los municipios e incluso cerrado refugios para mujeres en situación de emergencia.
El Estado no protege a las mujeres. Y además las mismas instituciones del Estado ejercen violencia hacia las mujeres, criminalizándolas, negándoles derechos, judicializándolas o metiéndolas presas. Recordemos el caso de Belén, presa y condenada a 8 años en Tucumán, denunciada por los propios profesionales de la salud que la deberían haber asistido cuando llegó cursando un aborto espontáneo, no le creyeron y la culparon de haberse provocado un aborto. O el caso de la joven wichi de 12 años en Salta: fue violada por ocho hombres y debió esperar meses su derecho a interrumpir legalmente un embarazo fruto de esa violación colectiva. Estos casos expresan claramente en qué situación estamos hoy las mujeres, sobre todo las más vulnerables.
– ¿Cómo trabaja Mala Junta la problemática de violencia de género?
– En primer lugar nuestro trabajo es de denuncia y exigencia. La violencia de género nos interpela como sociedad. Pero además existen leyes que los diferentes poderes del Estado deben hacerse cargo de cumplirlas, hay derechos que se tienen que respetar, políticas públicas que tienen que implementar. Sin esa decisión política no hay ni una menos. El Estado es responsable de producir datos oficiales y confiables, capaces de orientar políticas concretas e implementarlas. Y nosotras no vamos a ponerle un parche al Estado, no vamos a naturalizar su desidia, su abandono y la violación que realiza en materia de derechos. Trabajamos en campañas, talleres e iniciativas en todos los lugares donde estamos (universidades, colegios, sindicatos, barrios, etc.) para que las mujeres y las identidades sexuales disidentes reconozcan, detecten, prevengan situaciones de violencia. Tenemos mateadas de mujeres en barrios populares, para que se le empiece a poner palabras a lo que sucede, a intercambiar, a ver que la cosa no es personal sino social, a tejer lazos solidarios entre mujeres. También tenemos dispositivos de acompañamiento, para contener mujeres en situación de violencia desde un punto de vista feminista, y poder derivarlas a instituciones que las atiendan.
– ¿Por qué construir feminismo popular, mixto y disidente?
– La pregunta podría ser, ¿cómo no hacerlo en medio de tanto por construir? Creemos que el feminismo es una herramienta poderosa para cambiar la sociedad, para combatir las desigualdades de género que son la base de la violencia, para empoderar a las mujeres para enfrentar esa realidad y cambiar su vida. Cuando las mujeres cambian su vida, cambia toda su comunidad. El feminismo debe dejar de hablar sobre o de las mujeres y ser de las mujeres; por eso popular, porque debe tomarse y recrearse en todos los rincones de nuestra sociedad. La manera en que la sociedad tomó conceptos como “violencia de género”, “patriarcado”, “machismo”, “estereotipos”, etc. es un gran ejemplo de feminismo popular. Por otra parte, el feminismo como herramienta no puede ser sólo de las mujeres; los varones deben poder asumir al feminismo para deconstruir su masculinidad tal como es bajo el patriarcado, reconocer sus privilegios y renunciar a ellos. Y disidente porque cuestionar al patriarcado significa atacar a uno de sus pilares básicos de dominación: la sexualidad. Mientras la sexualidad siga siendo la tradicional, la normada y reglada como aceptada, la heterosexual, que nos divide en dos géneros esperables, no seremos completamente libres. Con feminismo disidente estamos poniendo como elemento central sexualidades e identidades de género que rompen con esa norma.
