El diputado nacional del PJ pampeano, propuso especificar en el texto de la Ley 27.218, de “Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público”, cuáles serán las instituciones a las que llegará efectivamente esta medida. El Proyecto incorpora a las empresas que no estaban contempladas en la norma.
Gustavo Fernandez Mendía planteó que el Régimen alcance a distintas organizaciones sociales que a raíz de los tarifazos «ven comprometida su continuidad».
La definición engloba a “asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta, organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan; radios comunitarias; comunidades aborígenes; entidades deportivas barriales; espacios culturales, centros artísticos, clubes de música y teatros independientes; capillas o centros religiosos ubicados en villas de emergencia o asentamientos urbanos y empresas recuperadas”.
Además, señaló que “los Entes Reguladores de los Servicios Públicos deberán implementar campañas masivas de difusión del Régimen Tarifario a que hace mención el Artículo precedente”.
El legislador consideró que “el impacto provocado por los recientes aumentos tarifarios en energía y gas y los que comienzan a producirse por los incrementos en la prestación de servicios vinculados a la provisión de agua potable, ha puesto en evidencia la necesidad de redefinir el ámbito personal de aplicación del texto legal aprobado hacia finales del año parlamentario pasado”.
También destacó que las “movilizaciones, asambleas populares y barriales, amparos y peticiones formuladas ante entes reguladores e instancias de mediación, nos ha permitido visibilizar a importantes colectivos sociales que ven comprometidos su continuidad y la eficacia de su desempeño frente a la absoluta imposibilidad de sufragar, con los limitados recursos de que disponen, el pago de los nuevos niveles tarifarios”.
La iniciativa incorpora a las empresas recuperada a este cuadro tarifario reducido, “trabajadores organizados, en su mayoría bajo la forma de cooperativas de trabajo, están llevando adelante actividades productivas genuinas y generadores de empleo y cuya sustentabilidad ya estructuralmente precaria, se ha visto seriamente afectada por el reciente “tarifazo””.
“Excluir a estas figuras asociativas de base solidaria, simplemente por no estar configuradas como asociaciones civiles o fundaciones, constituiría un acto de grave injusticia social, máxime cuando se han hecho cargo de empresas abandonadas por sus dueños o reactivadas luego de su adquisición en procesos liquidativos falenciales”, culmina el Proyecto.
