La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam expresó su preocupación por las injerencias a la autonomía universitaria que se desprende de uno de los puntos del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Consejo Directivo denunció en un comunicado al ministerio que encabeza Germán Garavano, por «poner en discusión los alcances de la habilitación profesional que brindan las Facultades de Derechos».
Según expresaron en el documento se advierte sobre la pretensión de «promover una acreditación posterior de la aptitud profesional a los graduados en la carrera, pero por sobre todo como un avance sobre la autonomía y las facultades de las Universidades», y que debe ser tenido como «una señal suficiente para poner al sistema universitario en general en estado de alerta».
El 25 de abril durante un encuentro del Consejo Permanente de Decanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentó el Programa Justicia 2020, en el que se incluye un objetivo referido a «promover la habilitación profesional para el ejercicio de la Abogacía a través de una acreditación posterior de la aptitud profesional a los graduados. No se aclara qué organismo se arrogaría esa potestad», informaron desde la casa de estudios.
«Posteriormente, en la reunión del Consejo Permanente de Decanos del 20 de mayo en Tucumán, se determinó que ese organismo «reivindicando la autonomía universitaria, reafirma por unanimidad su posición histórica sobre la función indelegable de las Universidades para expedir títulos habilitantes para el ejercicio profesional y expresa su rechazo a cualquier sistema que prive, limite o desconozca esta atribución. En igual sentido, este cuerpo manifiesta su oposición a cualquier mecanismo de acreditación posterior de la aptitud profesional», dejaron en claro.
Si bien la advertencia era sobre los títulos de Abogacía, el CD dejó en claro la alarma que causa la pretensión de poner en discusión las atribuciones de las universidades para la expedición de títulos habilitantes para el ejercicio profesional «lo que debe ser interpretado como una señal suficiente para poner al sistema universitario en general en estado de alerta», comunicaron.
