Luego de votar la ley de reintegro del IVA a jubiladas, jubilados y beneficiarios de Planes Sociales, la senadora del PJ presentó un proyecto de ley para que el reintegro sea financiado en su totalidad por el Tesoro Nacional.
Norma Durango explicó que el acuerdo arribado en la legislatura “impactará directamente en las arcas provinciales», y que «la medida es justa» pero que «el costo fiscal que genera debe ser absorbido por el Tesoro Nacional” expresó en la última sesión, propuesta que fue celebrada por varios senadores y senadoras de distintas fuerzas.
La senadora pampeana señalo que la iniciativa busca «eliminar el impacto que producirá el plausible régimen de reintegro de una proporción del IVA por Compras en Comercio de Ventas Minoristas recientemente sancionado por el Congreso sobre los fondos que, en virtud del Régimen de Coparticipación Federal, perciben las provincias y la Ciudad de Buenos Aires».
«La normativa aprobada constituye una medida positiva en tanto procura compensar, al menos en parte, los efectos del notorio incremento en los precios y, particularmente, en la canasta básica de alimentos, que se ha agudizado en los últimos meses», manifestó.
«Como todo impuesto indirecto, el IVA afecta con mayor dureza a aquéllos sectores que destinan sus ingresos mayormente al consumo. Morigerar su voracidad sobre los sectores de menores ingresos, entonces, torna claramente menos regresivo nuestro sistema tributario o, para decirlo menos técnicamente, más justo” expresó.
Además, mencionó que los sectores alcanzados por la medida «son quienes perciban jubilaciones y pensiones por fallecimiento con haberes mínimos, asignación universal por hijo para protección social, asignación por embarazo para protección social y pensiones no contributivas nacionales con percepciones mínimas también».
Al respecto, Durango adelantó que pueden sumarse a ese segmento «aquellos beneficiarios de prestaciones similares en los ámbitos locales cuyas autoridades competentes suscriban acuerdos con la autoridad de aplicación de la ley».
La senadora consideró que la normativa «tiende a generar inequidades», en relación «al reparto de fondos de coparticipación entre Nación y las provincias», y que la economía provincial está atravesando «un momento crítico por la evolución de los ingresos, tanto los de fuentes propias como los que les corresponden en concepto de coparticipación de impuestos nacionales”, subrayó.
Explicó que una de las razones «es el proceso de crecimiento en los precios que ha causado caídas importantes en los niveles de consumo. Como corolario de ello se verifican disminuciones en los niveles de actividad económica, particularmente en la construcción y la industria».
Durango señaló que existe «una caida en la recaudación de impuestos tantos nacionales como provinciales», y que si bien a valores nominales pueden reflejar un leve crecimiento, «siempre son menores que los crecimientos de índices que miden la inflación».
Por otro lado, resaltó el efecto de los cambios en política tributaria implementada en los últimos meses, «entre los que se destaca la baja de retenciones a las actividades de producción primaria, genera un fuerte impacto en los fondos destinados a proyectos de infraestructura provinciales y municipales», dijo.
«Asimismo, las medidas tendientes a disminuir la presión tributaria sobre los salarios con el aumento de los mínimos no imponibles en el Impuesto a las Ganancias también le reportaron a los gobiernos provinciales la resignación de recursos provenientes de este gravamen», añadió la senadora pampeana.
Durango remarcó que la ley refuerza la tendencia de caída en la masa coparticipable «a tal punto, que la restitución del 15% de la coparticipación, recientemente negociada por la Nación con las provincias, se volverá estéril por la resignación recaudatoria del Impuesto al Valor Agregado que esta ley estatuye», criticó.
En ese sentido, la senadora pampeana concluyó «que en el contexto actual es el Estado Nacional quien se encuentra en mejores condiciones de afrontar las erogaciones que este sistema demandará».
