La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación presidida por el Senador Fernando (Pino) Solanas, produjo un dictamen de comisión al Proyecto 1712/16 de constitución del Comité de la Cuenca del Río Atuel, de autoría de la Senadora Norma Durango y al que adhirieren los Senadores Lovera, Marino, Solanas, García Larraburu y Fuentes.
Acompañaron los siguientes Senadores y Senadoras: Solanas Fernando (PROYECTO Sur-Unen), Gonzalez Nancy (FPV-CHUBUT), Castillo Oscar (FRENTE Civico Y Social De Catamarca), Odarda Magdalena (FRENTE Progresista Rio Negro), Montenegro (FRENTE Popular Santiago Del Estero), Giacoppo, Silvia Del Rosario (UCR- Jujuy); Abal Medina Juan Manuel (FPV-PCIA De Buenos Aires); Luenzo Alfredo Hector (CHUBUT Somos Todos); Martinez Alfredo Anselmo (UCR-SANTA Cruz) Y; Varela Marta (UNION Pro- Caba).
La Iniciativa
La iniciativa de Durango propone “Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos de que, a través de las áreas ministeriales competentes, convoque a las Provincias de La Pampa y Mendoza para que, juntamente con el Estado Nacional, constituyan el Comité de la Cuenca del Río Atuel, organismo interjurisdiccional a cuya competencia los estados ribereños se someterán respecto de cualquier forma de utilización del agua de dicho curso”.
Fundamentos
En su fundamentación Durango dijo que “La iniciativa tiene por objeto peticionar al Poder Ejecutivo el impulso de la conformación del Comité de Cuenca del Río Atuel, en el entendimiento de que las diferencias que históricamente ha mantenido mi provincia, La Pampa, con Mendoza, por el uso que esta última hace del curso de agua, podrán superarse a partir del desarrollo de regulaciones que se asienten sobre su interjurisdiccionalidad. En esa convicción, proponemos recurrir a la constitución de un organismo que, enrolado en el federalismo de concertación, al que fuertemente adherimos, nos permitiría abandonar confrontaciones que no hicieron más que alejarnos de las soluciones que creemos, acaso tozudamente, podríamos haber alcanzado a través del consenso” dijo Durango.
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos de que, a través de las áreas ministeriales competentes, convoque a las Provincias de La Pampa y Mendoza para que, juntamente con el Estado Nacional, constituyan el Comité de la Cuenca del Río Atuel, organismo interjurisdiccional a cuya competencia los estados ribereños se someterán respecto de cualquier forma de utilización del agua de dicho curso.
No sería novedoso el intento que aquí propiciamos. En efecto, en el conflicto pampeano-mendocino por las aguas del Atuel, a lo largo de su historia, ya se han ensayado ejercicios de negociación.
Es cierto que esas experiencias, lamentablemente, han sido infructuosas. Último ejemplo de ello fue el Convenio Marco entre la Nación y las Provincias de La Pampa y Mendoza, celebrado en el año 2008 y cuya perfección finalmente no se concretó por la falta de ratificación del Poder Legislativo del estado cuyano.
Pero no menos cierto es que tampoco la solución jurisdiccional pudo zanjar el diferendo. El fallo dictado en el histórico pleito que protagonizáramos en los estrados de la Corte Suprema no fue menos ineficaz que el diálogo para dirimir la controversia.
En ese contexto y pese a que todavía se sustancia un nuevo proceso en la órbita del máximo tribunal, es posible afirmar que ambas vías, hasta ahora, nos han llevado a la frustración de no ver satisfechos nuestros respectivos intereses.
Es por ello que, desde aquí, invitamos a elegir la concertación en el manejo de nuestro río común, aun sabedores de que el esfuerzo que demanda esa vía no nos garantiza el éxito.
Pero los daños sufridos durante todos estos años han sido demasiados como para que pampeanos y mendocinos no le demos una nueva oportunidad a la conciliación.
En el balance de los perjuicios, los pampeanos hemos llevado, evidentemente, la peor parte. Nuestra región del oeste se encuentra totalmente marcada por la erosión y el deterioro de los suelos, la pérdida de los cauces, la escorrentía intermitente de aguas con alta salinidad, la reducción y pérdida de flora y fauna, la disminución de la capacidad ganadera, la escasa producción agrícola esencialmente de subsistencia y la reducción de las actividades comerciales, son algunos de los efectos de la devastación sufrida.
