El diputado justicialista, Sergio Ziliotto, destacó que en el texto de la norma se incluyó la deuda que Nación tiene con La Pampa. La llamada ley omnibus que aprobó Diputados también plantea la creación de una comisión que en 3 años podrá modificar la edad jubilatoria y hasta privatizar el sistema.
“Las provincias que no transferimos las cajas de jubilaciones debemos recibir una reparación legal ya que estamos en desventaja, porque a las otras provincias que las transfirieron, la Nación le soporta el déficit del sistema pagándoles los haberes todos los meses a los jubilaciones transferidos”, dijo Ziliotto.
El legislador nacional del PJ, Sergio Ziliotto se refirió a la aprobación del proyecto de jubilaciones y expresó que “logramos que haya un tratamiento equitativo para todas las provincias”.
Zilotto recordó que se había reclamado durante el debate legislativo que “las provincias que no transferimos las cajas de jubilaciones debemos recibir una reparación legal ya que estamos en desventaja, porque a las otras provincias que las transfirieron, la Nación le soporta el déficit del sistema pagándoles los haberes todos los meses a los jubilaciones transferidos.
“De esta manera, en el corto plazo no sólo quedará consolidado el monto de la deuda y su transferencia sino también habrá un cronograma específico para los próximos ejercicios. Es bueno recordar que La Pampa viene reclamando una deuda impaga cercana a los 4 mil millones de pesos” expresó el legislador pampeano.
Esta madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación incorporó al proyecto original del Poder Ejecutivo un texto específico en el que se da solución a los reclamos de muchas provincias, entre ellas La Pampa, ante la inexistencia de plazos para realizar las auditorias y el pago de los mencionados déficit.
El agregado al proyecto original es el siguiente:
TÍTULO V
ARMONIZACIÓN DE SISTEMAS PREVISIONALES PROVINCIALES
ARTICULO 27.- Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional a que, por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de 120 días, a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional. A tales efectos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá realizar las auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados contables y los avances en el proceso de armonización.
Las transferencias de fondos deberán ser determinadas en función de:
1) los desequilibrios que estaría asumiendo la ANSES si el sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a la Nación y,
2) los avances realizados en el proceso de armonización.
El importe de la cuota que acuerden las partes será transferido antes del día 20 de cada mes y actualizado semestralmente mediante los coeficientes de movilidad aplicables al S.I.P.A., en los términos de la Ley N° 26.417 y no podrá ser modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes o en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en el correspondiente acuerdo.
Claves del proyecto de ley
El mascarón de proa del proyecto de ley ómnibus es la liquidación de los juicios de jubilados y la actualización de haberes previsionales. Sin embargo, el paquete incluye un blanqueo de capitales, cambios tributarios, en la administración de la caja de la Anses e incorpora acuerdos del gobierno nacional y las provincias por la coparticipación.
[pullquote]PRÓRROGA Y REFORMA PREVISIONAL : Se prorroga por tres años la moratoria previsional para mujeres que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes y ese lapso se llevará a cabo una reforma previsional integral. El proyecto no incluyó como pautas para esa reforma que el sistema tiene que seguir siendo público y de reparto.[/pullquote]
El pago a los jubilados y el blanqueo se enlazan en el hecho de que el stock de fondos obtenidos por los punitorios que se cobrarán por la declaración del dinero fuera del sistema irá a las arcas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. No obstante, el proyecto también habilita la venta de participaciones accionarias de empresas privadas en la cartera del FGS en caso de que no alcance para mantener el pago del nuevo flujo de erogaciones, lo que distintos especialistas sostienen que es lo que finalmente sucederá, según consigna Página/12.
La Anses cuenta con acciones heredadas de la estatización de las AFJP en 2008 del Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa, entre otras. El proyecto deroga la ley que impide la venta de acciones sin contar con aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. En el debate en comisión se incorporó la limitación de que la tenencia de acciones no podrá ser inferior al 7 por ciento del total acumulado en el FGS y se establecen algunos criterios para el desprendimiento. Pese a esa limitación, el gobierno podrá desprenderse de unos 43.000 millones de pesos en acciones. Varias de aquellas compañías líderes vienen ejerciendo presión para hacerse de las acciones que están en poder del Estado.
En la iniciativa se incluye una Pensión Universal a la Vejez, que alcanza a mayores de 65 años que recibirán un ingreso equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. En este punto hubo también cambios. Se extendió por tres años la moratoria lanzada por el gobierno anterior para las mujeres que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios para acceder a la jubilación, con el descuento de los aportes que no hicieron. De esta manera, se mantiene en 60 años la edad de las mujeres para acceder a la jubilación. Con la moratoria, luego de cinco años de pago de aportes la mujer podrá cobrar con un haber completo, que como piso será la jubilación mínima. La prórroga por tres años responde a que en ese lapso se llevará a cabo una reforma previsional integral. El proyecto no incluyó como pautas para esa reforma que el sistema tiene que seguir siendo público y de reparto.
En materia tributaria, se acordó no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la Comisión Bicameral que elaborará un proyecto de reforma impositiva. En cambio, se mantuvo la modificación gradual de los mínimos no imponibles de 305 mil a 800 mil pesos este año, a 950 mil en 2017 y a 1,5 millón en 2018. La intención original de eliminar en tres años el gravamen a los Bienes Personales tuvo duras críticas, porque se trata de un impuesto progresivo sobre la riqueza. Si bien no formará parte del paquete de leyes, se exceptuará del pago del Impuesto a las Ganancias para el próximo medio aguinaldo a trabajadores que tienen sus impuestos al día y estén exentos de Bienes Personales. La AFIP aclaró que los contribuyentes sufrirán los descuentos por Ganancias cuando se liquide el medio aguinaldo y luego dispondrá los reintegros correspondientes cuando se apruebe la ley.
En cuanto al blanqueo de capitales, uno de los capítulos que menos cambios recibió en el plenario de comisiones y en el debate en el recinto, sólo se eliminó el artículo del secreto fiscal, que determinaba penas de prisión y multas para quienes difundieran información sobre aquellos que se acojan al blanqueo. Se mantuvo la posibilidad de acogerse al blanqueo a familiares de funcionarios. Sólo se limitó a integrantes actuales y a ex funcionarios de los tres poderes del Estado.
