Gustavo Fernández Mendía propone una franquicia del 60% del valor del boleto para estudiantes y docentes, en los servicios públicos de pasajeros de media y larga distancia.
El diputado nacional del Pj, Gustavo Fernández Mendía, es el autor de un Proyecto de Ley que propone la creación de una Franquicia para el transporte de Estudiantes y Docentes Terciarios y Universitarios.
En el artículo 1° de la iniciativa se manifiesta que la misma “se aplicará para la utilización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, tanto automotor como ferroviario, en sus modalidades de media y larga distancia y que se presten bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes dependiente del Poder Ejecutivo Nacional”.
Esta franquicia “será equivalente al sesenta por ciento (60 %) del valor del boleto vigente para cada viaje y podrá ser utilizada por aquellos estudiantes y docentes de nivel terciario o universitario que deban trasladarse de sus domicilios hasta la institución educativa en la que cursen sus estudios o desempeñen labores docentes. En el caso de que el estudiante o el docente tenga alguna discapacidad, el beneficio podrá extenderse a un acompañante”, dice en el segundo punto del Proyecto”
También se obliga a las empresas de transporte, sean públicas o privadas, a “dar a publicidad los alcances del beneficio de modo de asegurar la efectiva vigencia del mismo”, puesto que el legislador considera que hay beneficios que no llegan efectivamente a sus destinatarios, por falta de una información adecuada.
Entre los objetivos de la normativa explica que “nuestra dilatada geografía nacional y las enormes deficiencias e insuficiencias en materia de infraestructura de integración física se convierten en no pocas oportunidades en severas restricciones para el acceso a los servicios educativos, tanto para quienes estudian como para quienes trabajan en ellos”.
“Si bien es cierto, los niveles terciario y universitario no están dentro de los obligatorios en el marco de nuestro sistema de formación, el proceso de construcción de un modelo de desarrollo integral y con justicia social nos obliga a diseñar e implementar mecanismos cada vez más idóneos para alcanzar progresivamente la universalización de los mismos”, agrega.
Finalmente reflexiona que “los elevados costos de transporte conspiran gravemente con ese imperativo y afectan de modo negativo el acceso, la permanencia y/o la graduación de nuestros estudiantes.
