Durante esta tarde el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el asesor Letrado de Gobierno, Alejandro Gigena y el diputado provincial y secretario de la UOCRA, Roberto Robledo, se refirieron a los motivos de la rescisión del contrato con la empresa (UTE Eleprint SA, Tecma SA y Iaco Construcciones SA) que tenía a cargo la obra del Hospital de Alta Complejidad.
El ministro de Obras Públicas explicó que «desde el comienzo de la obra hasta el mes de junio de 2016 (plazo de finalización) Bargero recordó que en junio de 2015 se le dio una ampliación de 109 días a la empresa, con lo cual estaríamos hablando de un plazo total de 809 días. La obra se licitó en 2014 y en febrero de ese año se firmó el contrato de adjudicación con un plazo de ejecución de 700 días y un monto de alrededor de 335 millones de pesos.
«Si uno observa el desarrollo de la curva de trabajo de inversión, podemos ver que en los primeros 5 meses prácticamente no se hizo ni siquiera un punto de avance de obra, con lo cual la empresa no cumplió con la curva que ellos mismos habían propuesto en las licitaciones”, explicó Bargero.
El funcionario provincial informó que llegados esos 809 días de obra se había hecho solo un 46 por ciento de la obra, y agregó que «los últimos 4 o 5 meses vimos un fenómeno parecido al inicial con un movimiento mucho más bajo de lo que ellos habían propuesto, con lo cual nos queda otro remedio que rescindir la obra”, dijo.
Para rescindir la obra debe continuarse de inmediato con otra empresa. Al respecto Bargero se refirió a los dichos de Verna quien manifestó que «en la segunda quincena de octubre estaríamos licitando nuevamente”.
Por su parte, Gigena manifestó que la rescisión se da porque “se viene registrando desde el principio un incumplimiento de los plazos contractuales”, y recordó que la excusa de la empresa para justificar dichos incumplimientos «fueron las devaluaciones del mes de enero de 2014 y de diciembre de 2015, cuando la devaluación del 2014 se produjo antes de que la obra fuera adjudicada y que con fecha 30 de junio de 2015, cuando se otorgó la ampliación de plazo de 109 días, no se requirió ni dejó expresada la necesidad de modificar el monto de la obra».
Explicó que el contrato tiene un sistema de redeterminación de precios “que en principio debería ir ajustando los precios en la medida que se van modificando los precios originales del contrato, con lo cual no había posibilidad de justificar el atraso en el marco de la excusa dada por la empresa. El incumplimiento era por parte de la contratista”.
Sobre una posible renegociación de contrato con la empresa, el asesor dijo que “no existe posibilidad de renegociación en el marco del contrato y de la ley porque el sistema de redeterminación de precios prevé la posibilidad de aumento de precio del contrato en tanto haya modificaciones probadas de los insumos del contrato, no por encima de eso”.
Bargero recordó que «las redeterminaciones se hacen con índices oficiales, que salen del valor de las cosas en el mercado, teóricamente, si hubieron devaluaciones, el mercado toma esas devaluaciones y dan el nuevo índice”.
Sobre el costo que deberá asumirse para poder reiniciar la obra, el titular de Obras Públicas dijo “entendemos que nosotros tenemos la razón de esta rescisión, si es así, y licitamos nuevamente la obra y hay una diferencia con respecto al costo del otro contrato, la diferencia la debería pagar la empresa que se está retirando”. ¿Se hará cargo la empresa?
En otra intervención, Gigena agregó “la Ley de Obras Públicas expresamente prevé que si producto de la rescisión, por culpa del contratista, un nuevo contrato en las mismas condiciones del contrato original tiene más costo, la empresa responsable de la rescisión se hace cargo de la diferencia entre el contrato nuevo y el original”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura Provincial y secretario de la UOCRA se mostró preocupado por las fuentes laborales “cuando las empresas toman la responsabilidad de llevar adelante una obra, no es solamente la obra sino la continuidad de los puestos de trabajo. Esto que está ocurriendo con la rescisión del contrato afecta a un sector importante de familias que dependían del trabajo que la empresa brindaba”, dijo.
“Entendemos como sector, que una empresa que está atendiendo a 300 trabajadores y empieza a menguar la cantidad de trabajadores indudablemente las certificaciones cada vez van a ser menores”, manifestó Robledo quien agregó que la situación «no era buena ni para la Provincia, ni para la empresa ni para los trabajadores que entran en una situación económica distinta porque las empresas empiezan a pagar cada vez menos”.
“Hoy se ha tomado una medida que corresponde ante una empresa que había quedado con 10 trabajadores y que indudablemente entraba en una situación difícil para los propios trabajadores, para la Provincia que necesita de esa obra para la salud de los pampeanos y a su vez el propio Sindicato que se encuentra en medio del conflicto”, concluyó el diputado provincial.
