El designado juez federal de General Pico le presentó su dimisión al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Si le aceptan la dimisión, evitará el juicio político en su contra, que comienza en agosto.
El juez federal José Antonio Charlín presentó su renuncia ante el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. De esta manera, si es que el funcionario le acepta la dimisión, evitará el juicio político en su contra aunque aún debe enfrentar un juicio penal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
Charlín fue designado como juez federal de General Pico. Como el juzgado no se puso en funcionamiento, ocupó como subrogante la titularidad del juzgado de Santa Rosa tras el fallecimiento de Pedro Vicente Zabala.
En ese paso generó un escándalo tras otro y fue denunciado por los propios empleados, por lo que se le abrió un proceso disciplinario ante el Consejo de la Magistratura (que derivó en el juicio político) y lo denunciaron penalmente.
Charlin había sido designado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en la capital pampeana mantuvo un alto perfil con reuniones con los funcionarios provinciales. Se mostró en los actos públicos. Pero comenzó a tener conductas que alarmaron a los empleados y funcionarios judiciales, y se tuvo que ir en medio de protestas públicas del personal.
El dictamen de acusación del Consejo le apunta a Charlín los siguientes hechos: comportamientos configurativos de acoso laboral respecto a varios de los funcionarios y/o empleados del Juzgado; comportamientos susceptibles de configurativos de acoso sexual respecto de Iara Silvestre, funcionaria del Juzgado Federal de Santa Rosa y magistrada subrogante en ese cargo (fue quien lo reemplazó); haberse apartado de las previsiones normativas que regulan la utilización de fondos electorales por parte de las autoridades judiciales, haciendo un uso indebido de las partidas presupuestarias que fueran otorgadas a esos efectos; haber desplegado comportamientos hostiles en relación a personas ajenas a la relación directa de subordinación laboral y haber dañado el mobiliario y las paredes del Juzgado Federal de Santa Rosa, evidenciando un comportamiento inadecuado para un magistrado de la Nación.
Si logra evitar estas acusaciones, espera una dura acusación ante el TOF por la denuncia penal de los empleados. El mes pasado, ya le habían rechazado un acuerdo de juicio abreviado de tres años de prisión en suspenso porque uno de los delitos que se le imputan configura violencia de género. Está acusado de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, amenazas y acoso sexual.
El Tribunal dispuso nuevas audiencias para el 8, 9 y 10 de agosto.
Charlín denunció que es víctima de una “persecución insidiosa y perversa” por parte de los magistrados que integran el organismo, los jueces José Triputti, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido.
