Dos expertos de la ONU en derechos humanos pidieron hoy a Argentina una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel para que se garantice el acceso equitativo al agua y se respeten los derechos de miles de personas afectadas a lo largo de seis décadas.
Por ello, exhortaron a las autoridades de las provincias de la Pampa y Mendoza a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció el carácter «interprovincial» del río Atuel, y regular la utilización del agua de forma compartida.
«El Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado al agua», dijo el relator de la ONU sobre agua y saneamiento, Léo Heller, en una nota reproducida por el portal Terra.
Sostuvo que recientes eventos en la esfera judicial han dejado en evidencia la persistencia del problema y la falta de compromiso por parte de las autoridades provinciales y nacionales para resolverlo.
Por su parte, la relatora sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, expresó gran preocupación ante el éxodo de pobladores de la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel y a que la falta de agua ha provocado la salinización del agua restante.
El resultado ha sido la escasez de forraje para el ganado, la muerte de animales, así como la degradación del suelo, con efectos negativos para la agricultura
«El Estado no debe adoptar medidas de ningún tipo que impidan el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas», agregó Elver.
Ambos relatores indicaron que ya se han pronunciado sobre este caso en comunicaciones oficiales enviadas en 2014 y 2015 al Gobierno de Argentina, que les respondió con una sugerencia de que confirmasen las presuntas violaciones denunciadas.
Como se recordará, el último de los brazos del río Atuel, compartido por las provincias de la Pampa y Mendoza, se secó tras la construcción del embalse El Nihuil en 1947, financiada por el Gobierno Nacional. La represa se construyó en Mendoza sin tomar medidas preventivas para evitar el grave impacto que tuvo en la población de La Pampa, donde 30.000 kilómetros cuadrados se vieron afectados por la desaparición del humedal y una pérdida significativa de una fuente de agua potable y para la agricultura, la ganadería y la pesca, recordó la oficina de la ONU.
Según Heller, “los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no se han comprometido lo suficiente para garantizar una solución adecuada a la dramática situación causada por la falta de agua en el oeste de La Pampa”. Y agregó: “Incluso, se puede constatar que, desde la construcción del embalse, se ha tolerado el uso unilateral del Atuel por parte de la provincia de Mendoza, sin preocuparse por los efectos negativos en las víctimas”.
Por su parte, la relatora especial del organismo sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, expresó su “grave preocupación ante el éxodo poblacional en la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel”.
La falta de agua ha contribuido a la salinización del agua restante, lo que ha provocado escasez de forraje para el ganado, la muerte de animales así como la degradación del suelo, que tiene efectos negativos en la agricultura, observó la ONU. “Esa situación contradice rotundamente la obligación del Estado de respetar, proteger y realizar el derecho humano a una alimentación adecuada”, advirtió Elver, al señalar que “el Estado no debe adoptar medidas de ningún tipo que tenga por resultado impedir el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos”.
Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1987, los expertos de la ONU indicaron que “los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no han logrado cumplir con las provisiones de esta
decisión. Otro problema aún más grave es que el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas no ha sido el objetivo principal de los poderes públicos, lo que hace que se siga impidiendo el acceso de las comunidades afectadas al agua potable necesaria para usos personales, domésticos, para la producción de alimentos”.
Tras pedir que se “evite la perpetuación del conflicto interprovincial que implica la denegación del derecho humano al agua”, recordaron que “la principal obligación de garantizar los derechos
humanos para todos es del Estado”.
Los relatores especiales se pronunciaron sobre este caso en sendas comunicaciones oficiales enviadas al gobierno nacional en 2014 y 2015.
Según la información, “las autoridades argentinas respondieron a los expertos en 2015 sugiriendo su confirmación de las presuntas violaciones”.
