Los diputados provinciales, Abel Sabarots y Patricia Testa, presentaron un proyecto donde solicitaron que se presente ante la Legislatura, el ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, a fin de ser interpelado sobre los protocolos de actuación policial y las medidas que adoptó contra los agentes policiales involucrados en el asesinato de Héctor Santiago Garialdi.
Los legisladores del FrePam, Abel Sabarots y Patricia Testa, presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para “solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, conforme lo establece el artículo 68 inc. 8 de la Constitución Provincial, para que por su intermedio se presente el Ministro de Seguridad ante esta Legislatura a fin de ser interpelado”.
El funcionario provincial sería interpelado sobre:
1) Cuál o cuáles han sido los protocolos de actuación policial impartidos a la policía de la provincia de La Pampa en general.
2) Cuál o cuáles han sido los protocolos de actuación policial establecidos para la policía rural de la provincia de La Pampa en particular.
3) Qué medidas se han adopto respecto a los agentes policiales de apellido Safenreider y García, frente a los hechos ocurridos en la noche del domingo 24 de julio del corriente en la localidad de Lonquimay, donde fueran asesinado Héctor Santiago Garialdi y herido de bala Andrés Casabonne.
Entre los fundamentos de los diputados recuerdan que el hecho ocurrió el domingo en horas de la noche en la zona rural, entre La Gloria y la localidad de Lonquimay, teniendo como consecuencia, en el marco de una intervención policial, la muerte de Héctor Santiago Garialdi, encontrándose a la fecha su acompañante, Andrés Casabonne, internado por herida producto de impacto de proyectil de arma de fuego.
Señalan que diferentes fuentes periodísticas reflejan indicios de lo acontecido aquella noche “el hecho se produjo alrededor de las 21:00 horas, cuando un grupo de cuatro cazadores de liebres circulaban por un camino vecinal y presumiblemente -sin mediar palabras- los policías habrían comenzado a efectuarles disparos con sus armas reglamentarias. Garialdi iba en la torreta, donde habitualmente se ubica el tirador, junto al que manejaba el reflector. Al parecer el personal policial luego de disparar contra la camioneta, donde muere Garialdi y queda herido Cazenave, se fueron del lugar, por lo cual los cazadores llegaron solos y con dos ruedas baleadas al hospital de Lonquimay. En la escena del trágico episodio se encontraron más cápsulas de balas servidas (todas de 9 milímetros) y miguelitos”.
Resaltan que de las investigaciones llevadas a cabo “se sabe que hay dos uniformados, que serían de apellido Safenreider y García, ambos detenidos e incomunicados, existiendo una eminente Formalización de la Investigación Fiscal, siendo las posibles variantes de calificación, entre las cuales decidirá el fiscal interviniente en la correspondiente audiencia, entre homicidio y lesiones, ambos calificado por ser los imputados integrantes de las fuerzas de seguridad quienes actuaron abusando de su función pública, o exceso de legítima defensa, incluso tentativa de homicidio en el caso del damnificado Casabonne. Representantes de la Justicia pampeana secuestraron las dos armas de los policías, la carabina de los cazadores y las dos camionetas. En el móvil de la policía no habría impactos de bala, aunque sí una ‘marca’ en un parante que se supone puede ser un golpe”.
Afirman que son importante los dichos del Fiscal Interviniente en la causa quien manifestó “Todo hace suponer que la bala fue policial” que provocó la muerte del cazador píquense, además indicó que la camioneta policial “no tenía impacto de bala”.
Precisan que “Lo más grave de este comportamiento abusivo del personal policial, es que estamos ante la coronación de aquello contra lo que venimos luchando: la impunidad y el abuso de poder en manos de un ministerio de seguridad que sigue sin dar explicaciones”.
“Nos hacemos eco de los comunicados de prensa realizados por organizaciones sindicales y políticas, de entre los cuales nos permitimos retomar palabras textuales del presentado por la Corriente Clasista y Combativa La Pampa, el Movimiento Pueblos y Naciones Originarios en Lucha, la Secretaría de Prensa CTA Autónoma La Pampa, la Secretaría de Género CTA Autónoma La Pampa, la Secretaría de Cultura CTA Autónoma La Pampa y el PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo) en el Frente Popular, que dice: ..En innumerables ocasiones hemos denunciado la peligrosidad de tener este tipo de personas al mando de un Ministerio con la complejidad que este órgano requiere. Lamentablemente estos meses nos dieron la razón, han sido constantes los abusos policiales con menores, mujeres, niñas y niños, trabajadores, comerciantes, persecución y detención ilegal a militantes sociales y políticos que no pertenecen a partidos tradicionales, reprimió a balazos a un pueblo bonaerense para beneficiar a los grandes pules pampeanos, etc. La seguridad vial está en terapia intensiva, nada se ha hecho para mejorarla, las drogas siguen inundando cada lugar de la provincia, los robos son muchos más que años anteriores aunque Tierno no informe a la prensa y mienta en cada informe que publica. Lamentablemente hoy estamos ante la primera víctima de la mano dura del Estado”.
Sabarots y Testa remarcan que “Esperamos que frente a este hecho tan aberrante que atentó sin lugar a dudas con el más preciado de los derechos humanos de todos los ciudadanos como lo es la vida, recuerde el ministro de Seguridad que una de sus principales funciones es la de velar por la seguridad, reafirmar el ejercicio pleno de las libertades y el respeto de los Derechos Humanos”, expresaron.
Aseveran que “Hemos perdido la cuenta de la infinidad de solicitud de informes que hemos presentado sobre innumerables hechos perpetrados por el Ministro de Seguridad o que caen en la órbita de sus competencias. Sin embargo, el silencio es absoluto”.
Sostienen los legisladores del FrePam que “hemos tocado fondo. Por lo que, en pos de sus funciones, pedimos que de una vez por todas se presente a esta Cámara a dar explicaciones de cuáles han sido los protocolos de actuación policial impartidos desde el Ministerio de Seguridad a la fuerza policial en general y a la policía rural en particular, a fin de corroborar si el accionar de los agentes involucrados en el caso de resonancia, se deben a un actuar ilegítimo y en exceso de sus funciones o, si por el contrario, se debe a órdenes o medidas dirigidas desde el Ministerio de Seguridad”.
