El bloque de diputados del Partido Justicialista protegió a Juan Carlos Tierno ante cada pedido de informes o de interpelación que le hicieron desde la oposición por el accionar autoritario de la policía. ¿En qué momento la protección de un acuerdo endeble con el tiernismo se transforma en complicidad? Con un señalamiento público, ¿se podían haber cambiado las políticas públicas de Seguridad?
El oficialismo en la Legislatura evitó con todas sus herramientas que el ministro más polémico del gobierno de Carlos Verna tuviera que dar cuenta por los atropellos policiales, las detenciones ilegítimas, el accionar contra los vecinos bonaerense por la crisis del río V y las denuncias de apremios ilegales que se produjeron en casi 8 meses.
Desde un desplante adolescente de un diputado hasta servirse de todos los mecanismos burocráticos existentes, el PJ mantuvo fuera del cuestionamiento institucional a Juan Carlos Tierno. Y lo hicieron cuando las críticas ya se habían extendido al mundo político y social.
Por lo bajo, argumentan que del acuerdo con el sector político que conduce el ministro y su esposa, la diputada Sandra Fonseca, alcanzan el número necesario de legisladores para sostener la gobernabilidad y aprobar cada proyecto que envíe el ejecutivo. Tienen 15 diputados contra 9 de la UCR – PS, 3 de Cambiemos, 1 del Frente para la Victoria, 1 del massismo y 1 de Pueblo Nuevo. En esa relación de fuerzas dependen de sí mismos porque en caso de un proyecto estancado, tienen el doble voto de presidencia.
Y esa rosca se puso por encima de los derechos ciudadanos, de las libertades de circulación, de las garantías constitucionales y de los derechos humanos. Aún a más de 40 horas del caso de gatillo fácil, el justicialismo mantiene silencio sobre la situación.
Con los hechos consumados no se puede hacer futurología. Solo queda en evidencia que los que pudieron hacer algo, no lo hicieron. El disciplinamiento y la conveniencia política de mantener una minoría que les permite gobernar se privilegió ante todo, incluso, sobre su propia capacidad de maniobra política y de influencia en la toma de decisiones.
Prefirieron mantenerse “a raya” a sugerir a Tierno, y través de él a Verna, que había una serie de reclamos que hacían que la forma de actuar del Ministerio de Seguridad debería al menos ser revisada.
Hoy, con la muerte del trabajador que salió de caza, las responsabilidades individuales caen en el o los que dispararon, pero las consecuencias de la mano dura impactan en el seno del Poder Ejecutivo y del oficialismo legislativo.
¿Hubiera cambiado algo? No se sabe. Solo se conoce que ni siquiera lo intentaron.
JJB
