Organizada por las Asamblea de Mexicanos y Mexicanas, decenas de organizaciones sociales, partidos de izquierda y movimientos solidarios escracharon al Presidente mexicano Enrique Peña Neto al grito de “asesino” , “Atyozinapa vive y vive”, recordando a os 43 normalistas secuestrados y desaparecidos y también vitorearon a las maestras y maestros mexicanos de la CNTE que luchan contra la ley educativa neoliberal que pretende imponer el gobierno.
Peña Nieto se reunió con Macri en la Casa Rosada con Mauricio Macri y hablaron de efectivizar tratados de libre comercio y de apoyar la Alianza del Pacífico impuesta por los Estados Unidos en una clara reedición del ALCA.
La fuerte presencia policial no arredró a los manifestantes que primero en Plaza de Mayo y por la tarde marchando desde allí hasta la Cancillería (donde entregaron un comunicado de repudio a Peña Nieto a la canciller argentina) expresaron su protesta contra “la afrenta de que el gobierno argentino reciba a un asesino y jefe de un narcoestado”, según expresaron varios oradores.
Entre los asistentes a la movilización se destacó la dirigenta de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, y representantes de varios sindicatos y organizaciones políticas y sociales.
Varias organizaciones sociales, políticas, gremiales y civiles le presentaron una nota a la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Mabel MALCORRA, en la que cuestionaron al gobierno argentino por no condenar la violación a los Derechos Humanos.
La carta entregada, dice:
Por medio de la presente, las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes hacemos un fuerte llamado a la Presidencia de la Nación Argentina, para que se pronuncie públicamente contra las violaciones a los DDHH que el gobierno mexicano efectúa sistemáticamente contra su población.
En el marco de la visita del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto a la Argentina juzgamos inaceptable que el gobierno argentino sostenga o profundice relaciones diplomáticas, políticas y económicas con un gobierno que ejecuta una política sistemática de violaciones a los DDHH y de agresión contra su propia población crecientemente desprovista de garantías y derechos colectivos e individuales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido numerosas recomendaciones por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México. La CIDH ha hecho particular énfasis en los casos de desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, tortura rutinaria, así como en la incontenible situación de violencia e inseguridad, el deficitario acceso a la justicia e impunidad que priva en el país. También ha destacado la situación de asesinatos, agresiones físicas, hostigamiento y amenazas contra periodistas, acciones cuya virulencia contribuyeron a situar a México en la lista negra de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Los hechos más recientes de represión se registraron los días 19 y 20 de junio contra las manifestaciones que encabezó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el poblado de Nochixtlán, Oaxaca, donde la Policía Federal asesinó a 13 personas y dejó un número aún indeterminado de personas heridas y detenidas.
No se trata de acontecimientos aislados. Estas acciones de represión han sido una constante en México durante los últimos años, y han seguido un curso inexcusablemente ascendente durante los cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según fuentes oficiales, de 2012 a la fecha se cometieron en México más de 65 mil homicidios, y se estima que la cifra de desapariciones forzadas asciende a más de 10 mil. Por añadidura, informes de reciente factura reportan 23 mil 272 casos de desaparición registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. De acuerdo con información de la prensa, en el primer año de mandato de Enrique Peña Nieto desaparecieron 13 mexicanxs al día. Organizaciones no gubernamentales señalan que, de todos esos casos consignados, sólo se han dictado seis sentencias a nivel federal por desaparición. Prevalece la ley de hierro de la impunidad. Además, en los cuatro años de gestión de Peña Nieto, se han contabilizado 11 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, y hay miles de denuncias por tortura.
Otros nombres, representativos de la crisis humanitaria que atraviesa el país, engrosan la lista del terror: Tlatlaya, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandureo, Feminicidios en Cd. Juárez y Estado de México, Oaxaca, Ayotzinapa, entre otros.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa indignó fuertemente a la sociedad argentina, no sólo por la gravedad del caso sino también, y acaso más señaladamente, por las numerosas pruebas de la participación del Estado mexicano tanto en la ejecución de las desapariciones y asesinatos como en su encubrimiento. Al día de hoy los 43 estudiantes continúan desaparecidos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto continúa con una política de privatización sin restricción que quiere imponer a la fuerza mediante las reformas estructurales, una de ellas la Reforma Educativa.
Destacamos la similitud de estas reformas con las que el gobierno de Mauricio Macri quiere imponer en la Argentina, siguiendo el mismo camino de la privatización revestida de represión y desatención flagrante de las demandas de la población.
En este sentido la visita de Peña Nieto pretende fortalecer el acercamiento del gobierno argentino al Acuerdo Transpacífico, que subordina a los países miembros a los intereses de Estados Unidos e impacta negativamente en el desarrollo, soberanía y derechos de nuestros pueblos, y prefigura un esfuerzo concertado de ciertos gobiernos de la región por minar el camino avanzado en la integración del Mercosur.
Exigimos al gobierno argentino un pronunciamiento a favor del respeto a los derechos humanos en México y una condena pública a la política persecutoria, criminalizadora y violatoria de las garantías laborales, sociales e individuales en México.
Fuente, fotos y videos: resumenlatinoamericano.org
