Numerosas manifestaciones se realizarán en Rio de Janeiro y otras importantes ciudades brasileñas durante el viernes 5 de agosto, día de inicio de los Juegos Olímpicos 2016. Bajo la consigna #ForaTemer (Fuera Temer), se realiza una “Caminata de luchas” en Copacabana convocada por los tres frentes de izquierda.
Frente al lujoso Hotel Copacabana Palace, sobre la playa homónima y donde se alojan los presidentes, una multitud comenzó a congregarse en horas del mediodía del viernes 5 de agosto: se trata de la “Caminata de luchas”, convocada por el Frente Brasil Popular, el Frente Pueblo Sin Miedo y el Frente de Izquierda.
Durante una conferencia de prensa realizada en Rio el jueves 4 de agosto, los organizadores afirmaron que la manifestación convocada es de carácter pacífico y levanta tres grandes ejes: el grito “Fuera Temer”, la denuncia de la suspensión de derechos y los efectos negativos de la realización de megaevento en la ciudad, que llaman “calamidad olímpica”.
Las organizaciones informaron que se mantendrán movilizadas durante todo el período que duren los Juegos Olímpicos (JJOO) -que finalizan el 21 de agosto- no solamente en Rio de Janeiro, sino en todas las ciudades donde se realicen actividades vinculadas al evento deportivo: São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Brasilia y Manaos.
En Rio de Janeiro, más de 20 mil miembros de las Fuerzas Armadas patrullan la ciudad desde el 24 de julio. La operación incluye mil coches, 70 blindados, helicópteros, embarcaciones, motos, navíos, mientras que la infantería de marina se apuesta en Copacabana, centro del evento.
La realización de los JJOO implica un gasto del gobierno de 11 mil millones de dólares, tres millones más de lo estipulado cuando se aceptó llevar adelante los juegos en ese país. Sumado a esto, el país fue sede durante los Juegos Panamericanos 2007 y el Mundial de fútbol en 2014. Los efectos fueron absolutamente negativos para las poblaciones de las ciudades-sede, específicamente Rio de Janeiro, debido a la militarización de la ciudad, la violencia contra los sectores populares -cuyos derechos fueron suspendidos- y el enorme gasto público que la ciudad y el estado destinan a un fin turístico.
