El oficialismo consumó esta tarde el primer acto de protección política al Ministro de Seguridad tras el caso de gatillo fácil policial por el que murió Santiago Garialdi. No permitieron que se iniciara el proceso y en un trámite exprés descartaron la posibilidad de su destitución.
Los diputados Ariel Rauschenberger, Facundo Sola y Raúl Zurbrigk del PJ La Pampa votaron por el rechazo in límine y el juicio político no duró ni 15 minutos.
El justicialismo consumó el acto de protección política con el argumento de que la denuncia se basaba en artículos periodísticos y sobre el caso de gatillo fácil dijeron que ya estaba actuando la justicia. La semana pasada todos los integrantes del bloque justicialista y el vicegobernador Mariano Fernández, se reunieron con Carlos Verna por la crisis generada por el caso de gatillo fácil. Allí decidieron avanzar con el pedido de interpelación.
Votaron por el inicio del proceso contra Juan Carlos Tierno los diputados del FrePam José Luis Vendramini, Luis Solana y el de Cambiemos Maximialiano Aliaga.
Al producirse un empate el legislador peronista Raúl Zurbgrik en calidad de presidente de la sala acusadora aplicó el voto doble y volcó la votación en favor de Toerno.
Ese hecho fue cuestionado por el FrePam ya que en el reglamento de juicio político no se establece cómo se define un empate.
Luis Solana anunció que irán al Superior Tribunal de Justicia para que se expida por el procedimiento aplicado hoy.
Los argumentos. El ex titular de hacienda e integrante de la lista Compromiso Peronista por la opción kirchnerista en la interna que enfretnó a Carlos Verna y Fabián Bruna por la gobernación, Ariel Rauschenberger, fue el encargado de leer los argumentos del rechazo.
En la denuncia presentada por el legislador de Frente Pampeano para la Victoria, Eduardo Tindiglia «se enumeran diversos sucesos que según los mismos dichos de los denunciantes, la fuente de información proviene de medios periodísticos o de relatos de terceras personas que habrían presenciado los mismos» y «que en ese contexto» se «ofrecen como prueba los testimonios de personas que habrían tenido un conocimiento referencial de los hechos denunciados», leyó el legislador.
También dijo que «cada uno de los hechos mencionados fueron analizados en el fuero penal, respecto de los agentes implicados en los mismos, tal como corresponde en los diversos supuestos en los cuales se encuentra comprometida la responsabilidad penal del agente público».
Sobre el caso de gatillo fácil indicó que «se encuentra en etapa de investigación fiscal preparatoria, encontrándose los agentes policiales involucrados privados de su libertad, y en curso las diversas líneas de investigación que puede desarrollar el Ministerio Público»
Tuvo un párrafo para manifestar la «profunda consternación social que implica la pérdida de una vida humana en las circunstancias acaecidas, como así también manifestar nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad a las familias afectadas» poniendo en un mismo plano la congoja para quienes perdieron a un familiar con los que de manera momentánea tienen a uno privado de su libertad por estar sospechado de homicidio.
Además fundamentaron que «de la denuncia formulada no se desprende una vinculación real entre los hechos narrados y una conducta del funcionario denunciado que revele un incumplimiento de las competencias legalmente asignadas y que permita dar por configurada la causal atribuida».
Para salvarlo a Tierno, Rauschenberger argumentó que «el extremo propuesto por los denunciantes haría caer en el absurdo a todo incumplimiento particular de un agente de un determinado Ministerio. Que esto es así, y a modo de ejemplo, si por cada mala práxis denunciada en un hospital público se debería recurrir a un proceso de juicio político para remover al Ministro de Salud, nos enconrtaríamos en que el procedimiento dejaría de ser de excepción y dejaría de ser político, confundiéndose con un procemdmiento disciplinario, civil y/o penal que sería para casos como el descripto el ámbito competente y específico donde deberían darse estas discusiones».
En uno de los párrafos finales resalta que «es de público conocimiento que los hechos que han sido citados en el escrito de denuncia fueron objeto de investigación judicial, y en la mayoría de los casos, las actuaciones han sido archivadas».
