En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén (usamos este nombre para proteger la identidad y privacidad de la joven) llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán buscando asistencia sanitaria por dolores abdominales. Tenía antecedentes médicos de vesiculares y peritonitis. Estaba con miedo. Le administraron un calmante por vía oral y fue derivada por el doctor Jorge Molina al Servicio de Ginecología a causa del abundante sangrado.
Belén cuenta, actualmente desde la cárcel, que desde el momento de su derivación empezaron las sospechas, los rumores, las llamadas a la Guardia Policial, miradas feas y acusaciones sobre “qué se había hecho”. Empezó a sentirse maltratada.
Una vez en Servicio de Ginecología del Hospital Avellaneda fue atendida por la enfermera Verónica Ledesma quien le hizo un interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia. “Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado”. Belén, según comenta a APA, le volvió a responder que había ido al baño con un poco de sangre.
Allí, el médico José Daniel Martín le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le informó que desconocía estar embarazada, posición que repitió en todas sus declaraciones.
Luego, la jefa de parteras, Marta Monje, por orden de Martín acudió con la agente Marcela Sueldo a los baños “a la búsqueda del producto que habría expulsado” la paciente.
En un baño del hospital -existen contradicciones acerca de en cuál de ellos- encontraron un feto, automáticamente nombrado por médicos/as, policías y funcionarios judiciales como “hijo” de Belén, sin tener ninguna prueba sobre ello. Así consta en el expediente judicial. Vale destacar que en ningún momento de la investigación se realizó un estudio de ADN que demuestre la relación entre el feto y la jóven acusada. No obstante, Marta Monjes declaró que cuando acudió al baño donde encontró el feto estaba dentro el personal de limpieza del servicio sanitario.
El caso. En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén (nombre usado para proteger la identidad y privacidad de la joven) llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán buscando asistencia sanitaria por dolores abdominales. Tenía antecedentes médicos de vesiculares y peritonitis. Estaba con miedo. Le administraron un calmante por vía oral y fue derivada por el doctor Jorge Molina al Servicio de Ginecología a causa del abundante sangrado.
Belén cuenta, actualmente desde la cárcel, que desde el momento de su derivación empezaron las sospechas, los rumores, las llamadas a la Guardia Policial, miradas feas y acusaciones sobre “qué se había hecho”. Empezó a sentirse maltratada.
Una vez en Servicio de Ginecología del Hospital Avellaneda fue atendida por la enfermera Verónica Ledesma quien le hizo un interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia. “Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado”. Belén, según comenta a APA, le volvió a responder que había ido al baño con un poco de sangre.
Allí, el médico José Daniel Martín le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le informó que desconocía estar embarazada, posición que repitió en todas sus declaraciones.
Luego, la jefa de parteras, Marta Monje, por orden de Martín acudió con la agente Marcela Sueldo a los baños “a la búsqueda del producto que habría expulsado” la paciente.
En un baño del hospital -existen contradicciones acerca de en cuál de ellos- encontraron un feto, automáticamente nombrado por médicos/as, policías y funcionarios judiciales como “hijo” de Belén, sin tener ninguna prueba sobre ello. Así consta en el expediente judicial. Vale destacar que en ningún momento de la investigación se realizó un estudio de ADN que demuestre la relación entre el feto y la jóven acusada. No obstante, Marta Monjes declaró que cuando acudió al baño donde encontró el feto estaba dentro el personal de limpieza del servicio sanitario.
La joven tucumana indicó también ante los jueces que “un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía ‘mira este es tu hijo’”. También relató en el juicio que “cuando despertó del legrado en su cama de la sala 5 estaba rodeada por varios policías que la inspeccionaban sus partes íntimas. Todos estos procedimientos son catalogados por los tratados de derecho internacional como formas de torturas y tratos degradantes.
Según el “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez” de la Comisión contra la Tortura de la ONU, en febrero de 2013, hay tortura cuando se trata de maltratos a mujeres “que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales (…) las infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales; y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto”
