Las y los trabajadores de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DiNIEE) denunciaron que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, quiere trasladar los servidores y la información a sitios externos del ministerio, y reubicar al personal informático de la DiNIEE a otras áreas del Ministerio, medidas transmitidas verbalmente sin mediar resoluciones que las avalen.
La senadora pampeana presentó un proyecto de comunicación que solicita al Ejecutivo Nacional abstenerse de llevar a cabo dicha acción, a raíz de las denuncias de desmantelamiento del área de la DiNIEE.
Norma Durango manifestó que “tenemos razones para estar preocupados, hemos recepcionado la inquietud de las y los trabajadores del área y también de los docentes. Se trata de datos personales y privados de mucha gente, y hoy no sabemos qué destino van a tener. Está en real riesgo un cúmulo de información muy sensible de docentes y alumnos de todo el país” señaló.
En el pedido, la senadora nacional explicó que los servidores y el área “contienen información y datos personales de docentes, alumnos e instituciones educativas de todo el país”, y que se cumpla lo establecido en las leyes de Protección de Datos Personales N° 25326, en la Ley de Creación del Sistema Estadístico Nacional N° 17622 y en la Ley de Educación Nacional N° 26206.
En ese sentido, Durango pidió al gobierno nacional que aclare “¿Cuál es la política del Ministerio de Educación y Deportes respecto al sistema de información y estadística educativa de la Nación?”.
Además, que explique “¿Cuáles son las medidas previstas para la preservación y protección de la información y datos personales de alumnos, docentes y establecimientos registrada en las bases de datos de la DiNIEE, que la ley de Educación Nacional le asigna al Ministerio?”.
Al mismo tiempo, solicitó que se especifique “¿Cuáles son las medidas previstas para asegurar la continuidad y preservación del sistema estadístico dado el desmantelamiento del área denunciado por los trabajadores de la DiNIEE y las organizaciones gremiales?”.
Por último, la senadora pampeana requirió información de “si existe algún plan en curso por el cual se disponga la centralización de los servicios informáticos del Ministerio de Educación y Deportes fuera de las instalaciones del citado Ministerio”.
“Nuestro país hace más de veinte años que lleva adelante una verdadera política de Estado respecto de la producción de estadísticas educativas, un área de la estadística pública que se ha preservado, manteniendo la rigurosidad y comparabilidad de la información desde 1994”, dijo Durango.
“Desde los orígenes de la Red Federal de Información a mediados de los noventa, los Relevamientos Anuales que se desarrollan a partir de 1996, los tres Censos Docentes realizados cada 10 años (1994, 2004 y 2014) y los Operativos Nacionales de Evaluación implementados en forma periódica a partir de 1993, el sistema educativo ha contado con información comparable y coordinada entre las 24 jurisdicciones del país, que permite dar cuenta de la situación educativa en las más de 50 mil instituciones que conforman el sistema educativo en todo el territorio nacional”, explicó.
La senadora pampeana aclaró que “La Dirección de Estadística del Ministerio de Educación, que tuvo diversas denominaciones a lo largo de estos veinte años y de varias gestiones de gobierno (Red FIE, IDECE, DiNIECE, DiNIEE), ha sido la encargada de preservar y garantizar la continuidad y calidad de los relevamientos de esta información, así como la responsable por el cuidado de esos datos, sensibles en muchos casos, en el marco de la Ley de Secreto Estadístico, de la Ley de Protección de Datos Personales y de lo prescripto por la Ley de Educación Nacional y de diversas resoluciones del Consejo Federal de Educación, en cuanto a preservación de la identidad de los actores a quienes refiere la información estadística que se releva: escuelas, docentes, alumnos y familias”.
En ese sentido, resaltó que teniendo en cuenta todo este trabajo de años “resulta de gran preocupación el destino de los referidos servidores, puesto que se trata de servidores de aplicaciones, de bases de datos, de servicios web, de archivos, de reserva y de acceso remoto que están en salas acondicionadas para ese fin en el Palacio Pizzurno. Contienen la información de los Relevamientos Anuales, los Censos Docentes -incluido el CENPE2014 (Censo Nacional del Personal Docente y no docente del sistema educativo) y el Sistema Integral de Información Digital Educativa -SinIDE- que releva la información nominal de los estudiantes del sistema, con sus recorridos escolares y calificaciones, entre otros datos sustantivos”.
Entre otros fundamentos, Durango dijo que “al mismo tiempo, la reubicación de trabajadores informáticos de la DiNIEE, como nos refieren los comunicados de las distintas asociaciones gremiales y profesionales, implica el desmantelamiento de un equipo técnico profesional que, con su trayectoria y trabajo cooperativo, nos aseguraba el desarrollo conceptual necesario para llevar adelante los registros administrativos, censos y sistemas de información, así como la rigurosidad metodológica para semejante tarea considerando el alcance de toda la red institucional del sistema educativo en todos los niveles y modalidades”.
Por último, recordó que “se suman a estos hechos los antecedentes del mal uso de información educativa en Ciudad de Buenos Aires en 2013 con respecto al plan Adultos 2000 por la entrega de la base de datos de alumnos a la empresa Kuepa que la utilizó en beneficio propio, y el reciente convenio entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública con el cual el Gobierno pretende usar la base de datos del Anses para su estrategia de comunicación, objetivo para el cual no está prevista la reunión de esos datos, violando claramente la Ley de Protección de Datos Personales”, finalizó.
