El presidente de la Nación tiene una causa judicial por la supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal por el intercambio de fondos no declarados entre sociedades vinculadas. La pena va de los 3 a los 10 años de prisión y una multa de hasta 10 veces el monto no declarado.
Desde que el Consorcio de Periodistas de Investigación publicó los “Panamá Pappers” el presidente de la Nación apareció en la lista de políticos que ocultaron fondos al fisco de sus países. son cada vez más que papeles. Los nuevos datos que manejan el juez Casanello y el fiscal Delgado muestran movimientos entre sociedades argentinas, brasileñas y offshore con sede en Panamá o Bahamas.
También aparecen por primera vez otras tres empresas más vinculadas a su firma Fleg Trading, la offshore de Macri revelada por los Panamá Papers, pieza clave de las operaciones de Socma (Sociedades Macri, en el mercado brasileño.
El diputado nacional Darío Martínez, un neuquino del Frente para la Victoria, señaló ante el diario Página 12 que “el fiscal se propuso establecer si la actividad de Fleg y de otras sociedades infringieron algún tipo penal y a mí me parece un camino serio al que quiero contribuir”.
“El grupo Macri se instaló en Brasil en 1995 y desarrolló actividades por lo menos hasta 2007”, recordó el diputado. “Diseñaron un entramado de sociedades a partir de una firma creada en Bahamas, Fleg Trading Ltd., que justamente está en el centro de la investigación del fiscal”, añadió.
El artículo 303 del Código Penal que invoca Delgado en la carátula de la causa donde tiene competencia el juez Sebastián Casanello dice textualmente en su inciso primero: “Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.
El matutino publicó el 15 de mayo que Fleg compró el 99,9 por ciento del capital social de una firma con nombre inmodesto: Owners do Brasil Participacoes Ltda. Es decir, Dueños de Brasil Participaciones Limitada.
Los directivos de Socma ya figuraban entre los grupos más poderosos de la Argentina. Los economistas Eduardo Basualdo, Manuel Acevedo y Miguel Khavise señalaron tempranamente, en 1984, que de siete empresas en 1973 los Macri llegaron a 47 a finales de la dictadura. Llegaron a ser propietarios de Sevel, de Sideco, de Socma financiera, de Manliba, de Itron y de Iecsa. Reforzarían su poder de manera decisiva durante el gobierno de Carlos Menem, en buena medida gracias a los contratos y a la financiación voluntaria o forzosa del Estado. En 1999 la deuda del grupo ascendía a 900 millones de dólares repartidos entre acreedores privados y estatales. Hacerse dueños también de Brasil era una apuesta fuerte. Por eso, asociarse con los dueños de Brasil, ¿por qué no sería posible para un clan bien asentado en la Argentina como el de Franco y Mauricio Macri?
Fleg gastó en Owners 11,2 millones de reales. Al cambio de la época eran 9,3 millones de dólares.
Según las averiguaciones de Martínez, “esa compra convirtió a Owners en la máscara de Fleg en Brasil”. Los especialistas sostienen que las empresas offshore se usan no solo para evadir sino para triangular entre firmas del mismo dueño. Piensa el diputado que las sociedades en las que aparezca Owners como accionista “estarán directamente relacionadas con Fleg, y por lo tanto son de interés de la investigación que está llevando a cabo el fiscal Delgado”.
Más empresas. El matutino porteño informa que estarán bajo la lupa de los investigadores argentinos otras empresas que tienen como común accionista Owners. “O sea Fleg. O sea Socma. O sea Macri. Los Macri. Inclusive Mauricio, entonces solo empresario y hoy empresario y Presidente de la Nación”, escribió hoy Martín Granowsky en Página 12.
Una empresa que tiene a Owners como accionista se llama Itron do Brasil. Otra, Martex do Sul. Otra más, Mega Consultoría Servicios e Participacoes. ¿Cómo se formó el capital accionario de Owners? Sencillo: Fleg colocó en Socma Americana SA 9,3 millones de dólares.
“¿Qué pasó con esos 9,3 millones de dólares? El destino exacto es, todavía, una incógnita. Pero ya hay pistas. Porque hay coincidencias. Una coincidencia no es una causa. Si la pesquisa fuerza los hechos estará construyendo una teoría conspirativa. Los hechos suelen destruir esas teorías con la venganza de la realidad, que es, naturalmente, una venganza terrible. Todo se desmorona en un soplo. Pero varias coincidencias juntas permiten, por lo menos, una sospecha legítima. Los buenos fiscales conocen bien esa sensación. A veces todavía no saben qué hay detrás de lo que ven pero notan que algo no les cierra. En ese tablero, cuando aparecen datos y números los investigadores pasan de la curiosidad inicial a la hipótesis”, dice el periodista.
El trayecto del dinero. El 21 de septiembre de 1998 Fleg ingresó en Owners. En la misma época Socma Americana puso capital en tres empresas. Colocó 3,4 millones de reales de entonces en Itron do Brasil. Puso 1,8 millones de reales en Partech-Unnisa Participacoes. Invirtió 5,3 millones de reales en Partech. Un total de 10,5 millones de reales. Al cambio de la época, 8,4 millones de dólares.
Las cifras son muy parecidas a las que figuran más arriba y forman parte de una operación conocida, el gasto en acciones de 11,2 millones de reales (9,3 millones de dólares) con origen en Fleg y destino en Owners.
Cuando se difundió la existencia de Fleg, el Presidente dijo que “nunca funcionó”. Tampoco, según Macri, desarrolló actividad alguna ni poseyó cuentas bancarias. ¿Y Owners? Cada vez hay más indicios de que funcionó, desarrolló actividades y, por lógica, fue titular de cuentas bancarias a través de las sociedades creadas. Un conjunto de hechos que el fiscal Delgado llamó con criterio realista “actividad social” de las empresas. Porque los papeles de Panamá no tratan de simples inscripciones en estudios de abogados sino de la fundación de sociedades con capacidad de multiplicarse y maximizar ganancias.
