Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de Brasil y será formalmente reemplazada por su vicepresidente Michel Temer. Manifestó que los senadores «decidieron por la interrupción del mandato de alguien que no cometió un crimen».
Esta tarde se consumó el golpe de Estado en Brasil. La mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, fue señalada de culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder Ejecutiva. Con 61 senadores a favor, y 20 en contra, en un quorum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente.
El Senado actuó como tribunal del juicio político que se le llevó adelante bajo la acusación de que había cometido alteraciones en la elaboración del presupuesto.
En cambio, el cuerpo legislativo no logró inhabilitarla, ya que en una votación posterior a la de la destitución 42 senadores apoyaron esa opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) de la Cámara Alta necesarios.
Rousseff, que había sido electa el 26 de octubre de 2014 por apenas 51,6% de los votos, la menor diferencia de la nueva democracia brasileña tras la caída de la dictadura en 1985, siempre rechazó los cargos que le formularon y denunció que su destitución constituía un golpe de estado parlamentario.
Tras ser destituida por el senado de Brasil, Dilma Rousseff aseguró que se consumó «un golpe de estado parlamentario». Visiblemente afligida, señaló que los senadores «decidieron por la interrupción del mandato de una presidenta que no cometió crimen».
La mandataria desplazada de su cargo señaló que «condenaron una inocente y consumaron un golpe parlamentario». Además dijo que «Volveremos, volveremos para continuar», agregó Rousseff tras su destitución. «No digo adiós, digo hasta pronto», afirmó Dilma llorando, en su primera declaración pública luego de ser destituida.
En ese sentido, afirmó que el separado presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, había impulsado el proceso en su contra como venganza porque el poder político no había neutralizado denuncias en su contra por corrupción.
La votación de hoy puso fin a un prolongado trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional del proceso.
Rousseff fue hallada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca pública, lo cual ha negado durante todo el proceso.
El «juicio». Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015.
El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida definitivamente por más de 54 votos (dos tercios del Senado).
Para nadie en Brasil era un secreto que el impeachment contra Rousseff se trataba de un «golpe blando», tal como lo calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: «Los golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente en países como Honduras (con Manuel Zelaya) y Paraguay (con Fernando Lugo). Ahora, la misma metodología, que no necesita a las Fuerzas Armadas, se está utilizando aquí en Brasil», manifestó.
El abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, calificó el proceso judicial como «una gran farsa» y un golpe contra la democracia. Durante el proceso, incluso se filtraron grabaciones secretas en las que se desprendía la premisa de que el impeachment solo fue un intento de frenar las investigaciones del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó tanto al partido de Rousseff como al de Temer.
Por el caso Lava Jato, como se le conoce a las investigaciones anticorrupción en Petrobras, algunos de los acusados por el partido PMBD fueron Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial después de Temer; el senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer; el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años; así como Eduardo Cunha, el suspendido jefe de los Diputados.
«Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría», afirmaba en las grabaciones el exministro de Planificación, Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio. El entonces ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también cayó tras otra filtración en la que se evidenciaba que criticaba la investigación de la corrupción en Petrobras.
Aunque la defensa de Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir tales grabaciones entre las pruebas a ser analizadas para demostrar que el impeachmet carecía de fundamento; el senador Antonio Anastasia (encargado de elaborar el informe final y favorable al impeachment) rechazó el pedido y consideró los hechos «ajenos al objeto del proceso».
