A partir de una noticia difundida por Plan B Noticias, el grupo de inquilinos que se organizó para regular el precio y las condiciones en la que se accede a un alquiler, demandó una política activa del estado para quienes no tienen vivienda propia.
El Movimiento de Inquilinos compartió en las redes sociales la nota de Plan B Noticias en la que Fernanda Alonso, ministra de Desarrollo Social, manifestaba su preocupación por los desalojos y reconocía que se producían hasta 3 por semana, con el comentario en el que resaltan que “hay ‘preocupación’ por los desalojos de familias que no les alcanza el dinero para afrontar los gastos de un alquiler, pero no hay una política por parte del Estado para frenar los abusos del mercado inmobiliario. Con los aumentos en los contratos de alquiler deberían ser anuales no mas del 30%, es decir que, cuando ingresamos recién al año del contrato os deberían aumentar el 30%, pero las inmobiliarias y propietarios aumentan el 15% y/o el 20% cada meses, lo cual origina un aumento del 60% u 80% en un contrato mínimo”.
“La otra cuestión es que las familias que tienen menores a cargo, no consiguen alquiler por el tan sólo caso de tener menores. Recordemos que el Art. N° 1195 de Código Civil y de Comercio dice: ‘Habitación de personas incapaces o con capacidad restringida. Es nula la cláusula que impide el ingreso, o excluye del inmueble alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario, aunque éste no habite el inmueble’. Pero el Estado sigue ausente”, señala el Movimiento de Inquilinos.
“Otro abuso, como lo venimos anunciando desde éste Movimiento de Inquilinos Pampeanos son las comisiones inmobiliarias las cuales cobran de forma ilegal 1 mes o mas de comisión inmobiliaria. Recordemos que la Ley Provincial N° 861 en su Art. N° 94 dice: En contratos de arrendamientos y de locaciones urbanas cada parte abona un arancel del tres por ciento del alquiler o arrendamiento pactado por todo plazo contractual, o si no hubiera plazo expreso, sobre los plazos mínimos de locación fijados por las leyes respectivas. Pero el estado sigue ausente y no controla al colegio de Martilleros de La Pampa que permite estos atropellos en el bolsillo de los pampeanos”, agregan.
“Las famosas garantías con propiedad, garantías con sueldos exorbitantes y garantías con recibos de sueldos oficiales son otro problema que afrontan los ciudadanos a la hora de alquilar. En los últimos años el Gobierno provincial buscó hacer demagogia con los inquilinos y no pensó en el derecho que tiene todo ciudadano al acceso a una vivienda digna”, finalizaron.
