Ayer el personal del Ministerio de Justicia de la Nación irrumpió de manera violenta en el Registro del Automotor de Olavarría, cambiando cerraduras y desafectando al personal. «Quienes tengan afinidad con el FpV difícilmente sean reincorporados», aseguraron las autoridades.
En una jornada de intensidad y tensión que incluyó cambio de cerraduras y actas, volvieron los despidos en el Estado y la persecución política por parte del gobierno. De manera sorpresiva y violenta, este viernes intervinieron el Registro del Automotor de Olavarría, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde la encargada y 12 empleados fueron despedidos sin preaviso fundamentando “razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, informó el portal InfoNews.
De esta manera vuelven a producirse despidos en el sector público, que se suman a los miles de trabajadores que se encuentran desafectados. Se espera que el mismo proceder ocurra en 7 registros más del país.
Este viernes se llevó adelante la intervención del Registro del Automotor N° 1, ubicado en la calle Moreno 2938 de la ciudad de Olavarría, desde las ocho de la mañana. Personal del Ministerio de Justicia de la Nación irrumpió en las oficinas, cambiando cerraduras y pidiéndole al personal que a partir del lunes no regresaran. Uno de los desafectados brindó su testimonio y confirmó que desde la Dirección Nacional informaron que a partir del lunes envíen sus CV y que se evaluará su reincorporación, teniendo en cuenta la identificación política, inspeccionando también las redes sociales personales.
La intervención del Registro de Olavarría se dio de manera simultánea junto a los de La Plata, CABA y Avellaneda. Se espera que el mismo proceder ocurra en 7 registros más del país, bajo los mismos mecanismos: la persecución política y violentos despidos.
Desde la asunción de Mauricio Macri, se vienen despidiendo a miles de trabajadores del estado y del sector privado, incluso hace días el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca debió admitir que este año se perdieron 120.000 empleos como consecuencia del «sinceramiento de la economía».
No sólo preocupa la ola de despidos y las consecuencias que traerá en los hogares de familia, el descenso del consumo y por lo tanto de la economía interna, sino también que se desplazan a trabajadores sin argumento técnico o jurídico alguno.
