Plan B Noticias difundió el testimonio de una joven mujer que se cansó de esperar el accionar policial y judicial. Tres meses después, “se empezaron a ver los resultados”, dijo. Su ex pareja, un militar en actividad, le quemó la cara, la atacó con un cuchillo, la golpeó en reiteradas ocasiones y la amenazó permanentemente hasta que dio a conocer su caso.
Tras la difusión del caso por este medio, una joven mujer y sus hijos consiguieron que cesara el hostigamiento y el maltrato que llegó hasta el abuso sexual de uno de los niños. El militar, Brian Ezequiel Carra, será llevado a juicio por violencia de género y la justicia prohibió que llevara a sus hijos a su casa porque en ese hogar se habría producido la violaicón.
La joven mujer tiene 3 hijos con él y lo denunció 5 veces. Antes hizo 4 exposiciones. El último ataque fue a mediados de mayo: “pensé que al denunciar iba a ser mejor, pero fue peor. Me dejaron sola y a él no le hacen nada. Me mandaron a hacer un tratamiento psicológico a mí y él sigue como quiere”, dijo la joven mujer que pidió reserva de identidad pero que exhibió todas las actuaciones policiales y judiciales que acreditan su testimonio.
El 2 de junio pasado la joven se comunicó con este medio cansada de que las denuncias ante la policía y la justicia no le significara el final de una calvario. Un día después se concretó la entrevista. Pidió hacer público su caso porque en mayo volvió a ser víctima de su expareja, un soldado voluntario del Ejército Argentino en la X° Brigada Mecanizada de Santa Rosa. Además, el abuelo del atacante es un policía que se desempeña en la seccional Tercera.
Desde la difusión pública y la intervención del Grupo Mujeres Autoconvocadas, cesaron los ataques y se agilizaron las denuncias. En la actulidad lleva casi 4 meses sin ser atacada aunque mantiene el botón antipánico en su poder.
Además, la justicia le ordenó al padre de los niños que para ver a sus hijos fije un domicilio en otro lugar ya que en el suyo se habría producido el hecho de abuso sexual contra uno de los nenes. Se fijó una restricción para usar ese domicilio y como el padre no fijó otro, no los ve desde hace varias semanas.
El 3 de junio cuando el país marchaba bajo el lema “Ni una menos”, la joven mujer le contó a Plan B Noticias que “un día, cuando ya lo había denunciado, viene y me pide la bebé que le tuve que dar porque es su padre y me dijeron que no podía prohibirle que vea a sus hijos. Estábamos en la entrada de la casa, que da a la calle. Cuando le voy a dar a la beba, la toma con una de sus manos, con la otra me tira al piso y comienza a darme piñas”, dijo y está relatando la quemadura con un caño de escape en la cara.
HACE LO QUE QUIERE. La mujer contó que “viene, se trepa a los tapiales, pasa por arriba del portón y se llega hasta mi casa. Me rompió las cerraduras de la puerta, me rompió a piedrazos las ventanas. Por eso mi mamá y mis hermanos van a poner rejas y alambre para que él no se meta más. Denuncié y estoy sola, no hay contención, no hay ayuda”.
“Estando en el piso, con una pierna me lleva la cabeza al caño de escape de la moto y me quema acá” y se señala la marca del pómulo izquierdo.
La mujer denunció en la seccional Tercera de Policía pero teme que allí lo protejan porque Carra tiene un abuelo policía en la misma dependencia. “Es militar, me presenté un montón de veces en el regimiento. La primera vez me sacaron, después me atendió un jefe que me dijo que no podía hacer nada. Que no eran problemas de ellos”.
Al poco tiempo la atacó “con un spray” en una despensa de la popular barriada de Villa Santillán. “Cada vez que viene a ver los hijos me hace algo. Una vez tenía a uno de ellos a upa y me golpeó en el cuerpo y la cara”, relató.
Los hijos que tiene con el agresor son una beba de 1 año y 8 meses, una niña de 3 años y un niño de 5. “Ya no le quiero dar más a los nenes porque la otra vez el varoncito fue abusado por el tío del papá, un hombre discapacitado, y nadie me garantiza que no los vuelvan a atacar. Desde entonces, el nene está en tratamiento psicólógico, no quiere salir a la calle y no duerme conmigo en mi casa, lo hace en la de mi mamá”, contó.
Vive en el mismo predio en que su madre tiene la casa. Ella está en una construcción ubicada al fondo del patio. Adelante, la vivienda tiene más seguridad. “Viene cuando quiere, viola la orden de restricción y nos hace lo que quiere. Por eso estoy acá adelante porque no puede entrar, las puertas y las ventanas tienen rejas y pasadores, trabas que no puede romper”, agregó.
“Dejé de trabajar en un restaurante céntrico porque se me aparecía en las horas de trabajo, o me agarraba en el estacionamiento y me amenazaba con matarme. En diciembre estaba llegando al psicólogo cuando el apareció, se bajó de la moto y dijo que me iba matar. Estaba con el nene y me dice: ‘vos no me crees, yo te voy a matar’. Cuando fue a agarrar a la nena no lo dejé porque le tenemos miedo y cuando lo subo para que no me lo quite, saca un cuchillo del pantalón y me lo clava en el estómago. Tuve suerte porque no estaba tan afilado, pero tengo la marca del ataque. Todo esto lo constató la policía y la justicia pero me dijeron que como no tiene antecedentes solo le darían 8 meses y una orden de restricción de acercamiento que no va a cumplir porque ya no cumplió la que le dictaron por 90 días el 10 de febrero”, señaló.
La causa judicial la tenía en junio Marcos Sacco como fiscal y a Néstor Ralli como juez. Se presentó en mayo a la Dirección de Violencia Familiar de la provincia y al momento de la nota, en el mes de junio, no la habían llamado. “Lo único que tengo es el botón antipánico. Cuano lo tocas te mandan 5 o 6 patrulleros, vienen acá y después te dicen que no lo encuentran. Una vez, uno de la tercera me preguntó el apellido y cuando se lo mencioné, me dijo ‘Ah, Carrita, dejá que hablo con el abuelo para que se deje de joder’. Sin embargo, o no le dijeron o lo protegen porque siguió viniendo a atacarme”.
La mujer y sus 3 hijos viven de la ayuda de sus familiares. Dejó el trabajo por miedo y el militar no le pasa la cuota alimentaria. “El miedo mío es salir y no volver. Cuando hacés la denuncia dicen que te ayudan pero no hay contención. Te dan un botón y una restricción”, se quejó.
Recordó que “hace 4 años me prendió fuego el departamento del Atuel y no lo denuncié porque le tenía miedo. Me separo, vengo a vivir con mi mamá atrás de la casa y me volví a juntar. Quedé embarazada y él no la quería tener a la chiquita (dice en mención la beba de un año y 8 meses). Estando embarazada de mi beba más chica me ataca, me pega con el portón en la panza. La nena nació con problemas en la cadera, en los pies, en la cabeza. Hizo rehabilitación desde los 4 meses hasta el año de edad en el Hospital Lucio Molas y por suerte ahora está bien”, indicó.
“No quería que naciera. Estaba de 6 meses y me daba palizas. Me internan en el sanatorio con amenaza de aborto y desprendimiento de placenta. Estuve todo el resto del embarazo encerrada en mi casa por miedo. Antes de que nazca dijo que me iba a matar. Recién ahí tome conciencia de la violencia de la que era víctima. Fue cuando me dijeron todos los riesgos del embarazo”, dijo.
La joven mujer luce como cuenta: atemorizada, sola y sin respaldo institucional. “Yo no quiero esperar a que me maten para que la policía o la justicia actúe”, finalizó su relato ante este medio.
