Los legisladores pampeanos rechazaron por mayoría el Decreto Nacional Nº 820/16, por el cual se modifica el Decreto Nacional Nº 274/12 que reglamenta la Ley Nacional Nº 26.737 sobre Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
El diputado Roberto Robledo en los fundamentos de la norma argumentó que “esta nueva medida tomada por el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través del Decreto Nº 820/16, publicado recientemente por el Boletín Oficial, abre las puertas a los negocios inmobiliarios de las personas físicas y jurídicas de origen extranjero”.
“No podemos de ninguna manera aceptar, que nuestro territorio sea vendido o entregado a manos extranjeras, esto tiene que ver principalmente con nuestro sentido de pertenencia, que no nos sometan, ni nos metan en la cabeza que las inversiones que necesita nuestro país, vendrán a través de la venta o el despojo de nuestras tierras”, dijo Robledo quien añadió que según la Federación Agraria hay “300 mil kilómetros cuadrados está en manos extranjeras”.
Por su parte, la diputada del Pro, Josefina Díaz, manifestó el rechazo de su bloque a la iniciativa por que “algunos con la picardía de la chicana política, lejos de analizar el contenido del decreto reglamentario, califican a un decreto reglamentario de avasallamiento de las legislaciones vigentes, sin dedicarse analizar seriamente las cuestiones técnicas del mismo que viene a dar respuestas a los vacios legales que dejo el decreto reglamentario del 2012”.
“A partir del aporte de este nuevo decreto reglamentario se le autoriza a cada provincia a que remita una propuesta al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, en la que dictara una resolución en la que incluya y o modifique, según el caso las equivalencias de todas las provincias, de modo tal que dicho límite sea razonable, tanto analizado en forma independiente por tipo de explotación, municipio, departamento y provincia, como en forma conjunta a nivel nacional”, dijo.
Además, señaló que “El cómputo límite previsto en la Ley 26737 art 10 primer párrafo, las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial. No se modifica y se plasma que la sumatoria de tierras en diferentes municipios y provincias se prorratea hasta llegar a los topes, en forma proporcional”.
“Una vez más esta legislatura tiende a hacer escuchar el sentir sectorial, con una mirada totalmente cerrada, con una animosidad manifiesta ante decisiones que ha tomado el gobierno nacional”, añadió la legisladora del Pro. “Por supuesto si hablamos de la extranjerización de la tierra estamos todos en contra, pero cuando como en este caso puntual el proyecto versa sobre el rechazo a una reglamentación hecha sobre una reglamentación parcial realizada sobre una ley que necesita que la misma se ajuste para dar las correspondientes garantías de seguridad jurídica, protegiéndonos a todos”, concluyó.
El jefe de la bancada PJ, Espartaco Marín, señaló por su parte que “la diputada plantea una discusión constitucional, porque el decreto, modificando el tope del 35% al 51% vulnera el espìritu de la ley”, y también hay una discusión ideológica porque “se dice que sòlo un 6% del territorio está en manos extranjeras pero es un promedio, porque el 13% de Misiones està extranjerizado, también el 13% de Corrientes y en La Pampa, el 15 % del departamento Loventhué tiene dueño exranjero”.
“No tenemos que quedarnos en paño menores en cuanto a la posesiòn de la tierra, para supuestamente facilitar la llegada de inversiones. Es sugestivo que este decreto lo firmara el presidente Macri poco despuès de la visita a nuestra país del presidente de Estados Unidos”, manifestó. La decisión del presidente fue inconsulta, esperemos que si el Congreso rechaza este decreto, el presidente no vete ese rechazo”, concluyó.
Finalmente el diputado Carlos Bruno adelantó que el bloque Frepam iría a apoyar el proyecto de Robledo y así lo hicieron.
