El jefe comunal santarroseño afirmó en declaraciones a la prensa que la medida de fuerza que llevan adelante trabajadores y trabajadoras municipales no es legal. Afirmó que gestiona en Buenos Aires para conseguir fondos.
“El municipio no participó de ningún acuerdo salarial. El acuerdo fue entre el gobierno provincial y la Intersindical, y se dejó aclarado que cada municipio fijará su pauta salarial porque no asistiría a ningún municipio”, dijo el intendente.
“Ya les notificamos (al SOEM): que levanten la medida de fuerza porque no se está violando ningún acuerdo. La intención es acompañar la pauta de Provincia. Estoy en Buenos Aires, recorriendo dependencias, estuvimos en Casa Rosada, con el viceministro del Interior pidiendo por el ATN, también gestionando fondos que debe el Ministerio de Defensa. Ayer recién almorcé a las 9 de la noche”, expresó en declaraciones a EL Diario de La Pampa.
Altolaguirre recordó la situación de la comuna y expresó: “»tenemos un agujero de 20 millones de pesos. Lo que más nos complica es la suma fija equivalente a 4 millones y los 5.000 pesos adicionales son otros 10 millones en que la Provincia no pone nada”, dijo.
“Nos hemos comunicado esta semana (con funcionarios provinciales) y nos han ratificado que no hay ayuda a ningún municipio. Hay municipios que directamente no van a pagar los $2.000, porque no han pensado en pagarlo”, dijo.
En referencia a la ordenanza aprobada ayer, que permite el uso de recursos de un plazo fijo para pago de salarios, Altolaguirre expresó: “en realidad esa ordenanza no significa nada, dice que se puede disponer de plazos fijos de libre disponibilidad. Para lo que está asignado, no significa nada”, agregó.
“Lo que se aprobó no tiene ninguna significancia. No cambia nada antes y después de esta ordenanza. La ley nos da la libertad de usar los fondos de libre disponibilidad, lo que tiene un fin asignado no. Sigue todo como hasta ayer”, ratificó el jefe comunal.
“Esto fue una maniobra del justicialismo para contribuir a la confusión: si aprueban una ordenanza para usar los fondos específicos, se incurriría en un delito”, afirmó Altoalguirre.
