Las y los diputados provinciales impulsaron un pedido, aprobado por unanimidad, para que los representantes nacionales tomen medidas desde el Congreso de la Nación ante la pérdida del poder adquisitivo a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Durante el debate en el recinto, los representantes del oficialismo nacional defendieron las políticas económicas regresivas descargadas por el gobierno sobre los sectores más vulnerables, mientras que los diputados opositores cuestionaron las medidas.
La resolución de Diputados, menciona que “aquellos jubilados que cobran la jubilación mínima el incremento en sus haberes significa solo 400 pesos lo que representa un ineludible deterioro en los ingresos de los trabajadores pasivos medidos en términos reales. El bono de 400 pesos por única vez para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo más la devolución del IVA en los alimentos, con un tope de solo 300 pesos son alicientes pero no llegan a ser suficientes para cubrir la pérdida de poder adquisitivo.
“Este incremento de la inflación producto del cambio en las variables económicas que impulso el propio gobierno impacta en la canasta de consumo ya que, sumado al incremento de las tarifas de servicios, los jubilados deben soportar el incremento en el precio de medicamentos que en algunos casos superan el 50%”.
Sobre el tema, el jefe del bloque PJ, Espartaco Marin dijo que “el gobierno nacional debería tener cuidado al hacer anuncios rimbombantes porque, sobretodo, en lo que se refiere a las jubilaciones mínimas, lo que anuncia no alcanza, encima, para gozar de sus beneficios deben hacer compras con tarjetas de crédito o débito y los jubilados no están acostumbrados a hacer esas operaciones”.
Por su parte, la diputada Leher dijo que “en más de 30 años de democracia, fue el presidente Mauricio Macri el primero que dispuso una reparación histórica para con los jubilados, algo que debería ser imitado por el gobierno provincial con los jubilados del recálculo” también que “nos indigna que el gobierno anterior, junto con sus cómplices, haya dejado como herencia en un país con tanta riqueza que 1 de cada 3 argentinos esté debajo de la línea de pobreza. No nos oponemos porque queremos disminuir la pobreza”.
El diputado Tindiglia dijo que “es increíble escuchar lo dicho por la diputada del Pro cuando a la pobreza la genera los irracionales aumentos de las tarifas públicas, la enorme transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía y su política deajustes”. Marin agregó que “los fondos deberían salir del fondo de garantía sustentable que, después de haber sido denostado por las autoridades actuales, ahora Basavilbaso,titular del PAMI, se ufana porque se incrementó en diez mil millones”.
En otro aspecto, la diputada María Sciu fundamentó su proyecto de rechazo de la resolución 166 – E 2016 que aprueba el Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
“Este convenio contradice la ley 25.326 y el artículo 43 de la Constitución Nacional. Además no existe ninguna garantía que permita afirmar el cumplimiento de la confidencialidad y del debido resguardo de los datos personales. El acceso a los mismos puede representar un grave riesgo de vulnerabilidad de dichos registros y representar una peligrosa oportunidad de utilización con fines políticos. A su vez, es importante resaltar que el acceso de los gobiernos a datos personales que, a través del entrecruzamiento, permita asociar a determinados usuarios y/o perfiles de redes sociales”, dijo.
En tanto, la diputada Pro, Josefina Díaz rechazó esos argumentos señalando que “el objetivo de esa determinación del gobierno nacional tiene como objetivo mantener informada a la población y resulta necesario contar con los medios para hacerlo. Se ha establecido un marco técnico que permite compartir datos, algo que no es ilegal, pues se realiza entre organismos del Estado en forma directa, es un convenio de cooperación que no se aparta de la ley de protección de datos personales y que en ningún caso afecta a los datos sensibles”.
Al respecto, Marin agregó que “es necesario proteger los datos personales, pese a que vemos bien que la información que el Estado le brinde a la población no sea difusa, pero advertimos en esta actitud del actual gobierno una contradicción con la que sostenían cuando eran oposición y cuestionaban el manejo de datos que hacía el ministro Randazo cuando lo acusaban de querer utilizarlos para hacer política”. El rechazo fue aprobado por mayoría.
