Trabajadores y trabajadoras del sector realizaron una asamblea en General Pico para demandar que el estado pampeano aplique en el territorio provincial el texto de la norma vigente.
Trabajadores y trabajadoras de Salud Mental de Santa Rosa y General Pico realizaron una asamblea en el Hospital Gobernador Centeno preocupados por la situación del área en la que trabajan. Por la capital pampeana participaron integrantes de la Agrupación Roja y Verde de ATE La Pampa.
Se discutió acerca de la necesidad de reglamentación de la ley de salud mental así como de la formulación de políticas enmarcadas en la legislación vigente que no se aplica en su totalidad en la provincia.
Hicieron hincapié en la acefalia de esa subsecretaria de Adicciones y Salud Mental y en la necesidad de que los cargos de funcionarios sean ocupados por personal técnico con formación en la temática.
Desde que asumió Verna ya se nombró a 3 subsecretarios. El primero, Daniel Pignatta, renunció tras ser denunciado por violencia laboral. En la actualidad fue designado Adrián Rinaldi pero el ministro Rubén Ojuez dejó vacante la Dirección de Salud Mental.
Antes de la salida de Pignatta los trabajadores denunciaron vaciamiento del área y el ministerio respondió con el nombramiento del psiquiatra Roberto Travaini, que se fue a poco de asumir por algunas críticas recibidas de parte de sectores que se oponen a la implementación de la nueva ley. Al ver que no recibió apoyo, tomó la decisión de irse.
Quien era el Director de Adicciones, Adrián Rinaldi, fue designado en su lugar de subsecretario. Además de la salida de Travaini, la crítica situación provocó la renuncia de Carmen Esteban en Salud Mental. Al igual que Adicciones, esa dirección no tiene hoy responsable a cargo.
El área implica hoy para Rubén Ojuez el sector más conflictivo del Ministerio de Salud. Por ello, el ministro tomó la determinación de mudar su oficina, dos veces por semana, a la sede de la avenida Belgrano Sur casi Argentino Valle. En ese marco, los trabajadores demandaron la implementación de la ley de salud mental y ratificaron que la política de vaciamiento permanece vigente.
