La jornada nacional de protesta para pedir la declaración de Emergencia Social Nacional tuvo su replica en General Pico, en donde distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales realizaron una concentración en la Plaza Seca para exigir medidas para los sectores populares y en repudio a las medidas económicas del gobierno nacional.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la CTA Autónoma, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP), el Movimiento Popular Patria Grande y otras organizaciones, denunciaron el aumento de la pobreza, los despidos y la perdida del salario por las políticas neoliberales.
Durante la jornada, las y los trabajadores del MTE – CTEP realizaron una feria para exponer los productos hortícolas, avícolas y otros, de la Cooperativa La Textilera, Cooperativa la Panificadora, Fábrica de Ladrillos Bloquera Darío Santillán y el Proyecto La Huerta. Además, se realizó una volanteada, proyecciones y música en vivo.
El proyecto de Ley de las organizaciones sociales tiene media sanción en senadores y el oficialismo demora el giro a diputados para que no se trate antes de fin de año. La iniciativa plantea, entre otras cosas, la creación de un registro nacional de trabajadores de la economía popular que, además de permitir visualizar la dimensión y características del sector, sirva para instrumentar un salario social complementario para que ningún trabajador del sector perciba un ingreso inferior al salario mínimo, vital y móvil, buscando igualar el piso de ingresos al de los trabajadores de la economía formal.
También, plantea la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo en pequeñas obras de infraestructura social y servicios comunitarios y la actualización de la Asignación Universal por Hijo. La propuesta cuenta además con el acompañamiento de las dos CTA y la CGT.
De ser aprobada en diputados, la Ley de Emergencia Social puede luego ser vetada por Macri. Ante esto, y a medida que se acerca el final del primer año de gestión del nuevo gobierno, las organizaciones sociales ya adelantaron la radicalización de las medidas.
