El ex intendente Néstor Alcala se declaró inocente y dijo que “no tenía ni idea que los kilómetros se medían, el subsidio no pasaba por la Municipalidad”, indicó.
En la mañana de hoy se inició el juicio contra el exintendente de Santa Rosa Néstor Alcala y el exsecretario de Obras Públicas durante su gestión, Jaime Sterin, acusados de fraude en perjuicio de la administración pública, por avalar que la empresa El Indio informara más kilómetros de los realmente recorridos mientras prestaba el servicio de transporte urbano.
El ex intendente Néstor Alcala se declaró inocente y dijo que “no tenía ni idea que los kilómetros se medían, el subsidio no pasaba por la Municipalidad”, indicó.
Según la acusación, a través de esta maniobra, la firma de Diego Osorio -ya fallecido- se beneficiaba con mayor cupo de gasoil subsidiado por el Gobierno Nacional. El caso fue denunciado por los entonces concejales del FreGen Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal, y el fiscal federal Jorge Bonvehí impulsó la causa en julio de 2006.
Luego de que se destapara el escándalo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) redujo a El Indio la ayuda estatal por subsidios de 1,9 millones anuales a 1,2. El Indio tuvo la concesión municipal del servicio de transporte público hasta el 30 de septiembre de 2006. Recibió entre enero de 2005 y junio de 2006 un subsidio en efectivo de 843.715,61 pesos y 1.176.568 litros de gasoil a bajo costo.
En su momento, Alcala y Sterin fueron sobreseídos por el entonces juez federal Pedro Zabala, que consideró que no hubo fraude al Estado. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca revocó el sobreseimiento y ordenó pericias complementarias.
Luego hubo varios recursos judiciales cruzados, fracasó una elevación a juicio y, finalmente el año pasado, el fiscal Baric volvió a pedir la elevación a debate.
La jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, rechazó un pedido de prescripción. Los abogados habían planteado que entre la indagatoria y el requerimiento de elevación a juicio que hizo el entonces fiscal Juan José Baric había transcurrido más tiempo que el máximo de la pena aplicable, seis años. Sin embargo, la jueza argumentó que en el medio hubo otro pedido de elevación a juicio de la exfiscala Marta Odasso, en 2011, que nunca fue anulado. Ese movimiento interrumpió los plazos prescriptivos, planteó la magistrada. (Fotos: Mauro Monteiro – Radio Kermés).
