En el marco del «Día de la No Violencia contra la Mujer», la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la falta de políticas del Estado Nacional y Provincial ante los femicidios y el pedido para declarar en todo el país la emergencia en violencia contra las mujeres.
El 25 de noviembre se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, en República Dominicana, en 1960 bajo la dictadura de Trujillo, hecho que desencadenó el primer Encuentro Feminista Latinoamericano.
Desde ATE recordaron a las 38 mujeres asesinadas en La Pampa «solo por el hecho de ser mujeres», y el reciente femicidio de Sonia Alvarado de Trenel, victima de su ex pareja, quien tenía una orden de restricción de acercamiento.
El gremio manifestó que se trata del «fracaso de las políticas contra la violencia de género que viene aplicando el poder Político y el poder Judicial, en nuestra provincia y en la argentina. No se pueden tener diferentes criterios para resolver casos de violencia contra las mujeres».
Además, remarcaron que en Argentina una mujer cada 26 horas víctima de femicidio, según cifras no oficiales, y que las mujeres «vienen enfrentando en las calles esta situación de emergencia que, en el peor de los casos, se llevan sus vidas».
«Con mucho dolor vemos que los femicidios son cada vez más crueles. Este dolor del que se habla lo van transformando en lucha, como hacen durante 31 años en los Encuentros nacionales de mujeres».
En ese sentido, recordaron el las movilizaciones de Ni Una Menos, el paro de mujeres del 19 de octubre, medidas con el conjunto del pueblo «para denunciar y exigir al gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipales, que tomen medidas concretas para atender esta situación».
En el documento apuntaron al gobierno de Macri, debido a que las políticas de caracter económico y social «agravaron la situación en cada provincia».
«Se dan situaciones de suspensiones, vacaciones adelantadas, despidos, en su mayoría mujeres. Se deterioró la situación laboral para los trabajadores. La inflación galopante castiga a los sectores populares. Lo que se consiguió en paritarias ya no alcanza para vivir. El hambre y la droga hacen estragos en las barriadas populares y las mujeres hacen malabares para poder parar la olla», describen desde ATE.
Al respecto, cuestionaron que no se habla de esto «también como violencia», que agrava aún mas la violencia contra la mujer, «el hambre, la falta de trabajo, la falta de refugios y otras tantas cosas fundamentales que hacen difícil la posibilidad de poder denunciar y salir de la casa donde somos violentadas».
Además, repudiaron la actitud de Macri por negarse a declarar la Emergencia Nacional en Vioelncia contra las Mujeres, que tiene media sanción en el Senado, luego de la marcha del 3 de junio.
«Durante la sesión en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia –una semana después de esa marcha– los diputados del bloque de Cambiemos dilataron el inicio de tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia y finalmente se levantaron de sus bancas dejando sin quórum la sesión. Esto demuestra que los problemas de las mujeres para Macri y su gobierno –de ricos para ricos– no tienen cabida», cuestionaron desde el gremio.
«Lanzó el Plan Nacional contra la Violencia de Genero aplicable a partir del año que viene y con un presupuesto irrisorio. Para muestra basta un botón. Al igual que durante los 12 años de gobierno kirchnerista, donde producto de la lucha se consiguió la Ley 26.485 “de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” -una ley de excelencia-que se transformó en letra muerta ya que nunca durante todos estos años contó con un presupuesto que permita su aplicación», añadió ATE.
Destacaron que la «contracara» a esta situación es la lucha del movimiento de mujeres de la Argentina «que pone el cuerpo y levanta sus reclamos en la calle, integrando la lucha de nuestras problemáticas especificas a la lucha que enfrenta la crisis que descarga el gobierno de Macri sobre las espaldas del pueblo».
Por último, exigieron que se declare la Emergencia social y la de Emergencia en violencia sexual y doméstica, la creación de refugios en todo el país para las mujeres víctimas de violencia y el cumplimiento efectivo de la Ley 26.485.
Además, reclamaron licencia laboral paga para la mujer víctima de violencia en el sector estatal y privado, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, y basta de hambrear al pueblo.
