El frente de organizaciones kirchneristas señaló que las acciones persiguen el rédito político pero que no solucionan el conflicto de fondo por los recursos hídricos de La Pampa.
Mediante un documento desmerecieron los reclamos del gobierno provincial y el acompañamiento de las distintas organizaciones que reivindican el derecho de nuestra provincia sobre el agua de los ríos.
El Frente Ciudadano dijo que «el deambular política» sobre la temática tiene el precedente en las «relaciones edulcoradas» entre el gobierno pampeano y Macri, «cuando Verna ordenó a los legisladores votar a favor del pago a los fondos buitres y otras leyes que reclamaba el oficialismo».
Sobre esto, expresaron que el resultado no fue favorable a La Pampa «peor aún fue una clara declinación de nuestros derechos y un error político estratégico que hoy se pretende neutralizar por los medios de prensa, con una pirotecnia verbal, más efectista que efectiva».
El cuestionamiento no se queda allí. El Frente k remarca que es lo de Verna es una «conducta abandonica de lucha», y recordaron cuando en 2011 «pegó un portazo y renunció a la candidatura a Gobernador o antes cuando en el 2005, prometió la inauguración del Megaestadio para los Juegos de la Auraucanía del 2007 y transcurridos más de diez años del anuncio, la obra permanece inconclusa».
«Es claro que todo puede deberse a las propias incertidumbres del funcionario que discurren entre su real querer y el no poder por razones de incapacidad política o bien por la influencia de consejos erróneos en la materia, que no plantean el tema desde el punto de vista de la integración regional y nacional», añadieron.
El Frente k señaló que el debate «excede el conflicto con Mendoza por el Atuel», y consideró que «debe partir desde una mirada más elevada y abarcativa, es decir definiendo, en primer lugar, qué Estado y qué modelo de país queremos para la Argentina».
En ese sentido, recomendaron una serie de propuestas a quienes hoy gobiernan «es necesario reformular un Gran Plan Energético Nacional que esté al servicio de todos sus habitantes, que incluye aprovechamiento de la energía cinética y potencial que proporcionan las represas en la parte alta de la cuenca, para producir energía para las fábricas y el desarrollo independiente del País, así como los alimentos para toda su población y la justa compensación de los habitantes de la parte media y distal de la cuenca, ya sea en cuotas de agua que garanticen la subsistencia en la diversidad de los productos regionales, y/o megavatios o productos proporcionados por aquellos aprovechamientos».
Cuestionaron además que hoy aparecen en los medios de prensa «algunas autoridades locales, con el Gobernador a la cabeza haciendo gestiones a diestra y siniestra y agitándolo como bandera de reivindicación política ante el Gobierno Nacional y la provincia hermana, acompañados por declaraciones y solicitadas de algunas organizaciones medioambientales y sindicales que, más allá de la sinceridad en su adhesión, no permiten disimular cuáles son las reales intenciones de ese grupo de funcionarios y asesores que llevan adelante las acciones, luciendo más apegados al rédito político y a la aspiración al bronce, que al logro de la solución del conflicto».
Asimismo, señalan que «sería hipócrita de nuestra parte olvidar cuáles fueron las claudicaciones precedentes que nos han llevado al estado actual», y recordaron entre ellas la de los mandatarios anteriores «Marín y Ahuad, y sus funcionarios y la del propio Verna que ya fue Gobernador de nuestra Provincia entre 2003 y 2007 que agudizando el problema han consolidado el despojo de un derecho humano esencial del que recientemente también se hecho eco la Naciones Unidas».
Al respecto, recordaron el pronunciamiento del Organismo Internacional para que el gobierno nacional de «inmediata solución al diferendo para proteger los derechos humanos de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que vivieron durante décadas sin acceso adecuado al agua exigiendo que se garantice el acceso equitativo al agua y se respeten los derechos de miles de personas afectadas», y el cumplmiento del fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció el carácter interprovincial de las aguas y la regulación para utilizar el recurso de forma compartida.
«La Pampa merece una reparación histórica, no sólo por el caudal y las rentas que perdió a partir de la construcción de “El Nihuil”, que manejó primero la Nación y luego Mendoza, sino también por la demora de 44 años en su provincialización ya que desde el año 1907 el Territorio Nacional de La Pampa estuvo en condiciones de ser declarado provincia, lo que sin embargo no sucedió, sino hasta el año 1951. Eran épocas en que el conservadurismo dominaba ambas cámaras del Congreso, La Pampa debió esperar hasta 1951, cuando Juan Domingo Perón, otro mandatario surgido de las urnas populares, consiguió la provincialización. Hoy nuevamente en neoliberalismo está en el Gobierno nacional y nada es lo que podemos esperar del mismo, como supuso el Gobernador Verna», consigna el documento.
El Frente Ciudadano sintetizó que «en este deambular político para sacar algún rédito en favor de nuestra Provincia en el conflicto por las aguas de nuestros ríos, comenzó con las edulcoradas relaciones entre el Gobierno pampeano y Macri, cuando en el mes de Marzo Verna le ordenó a los Legisladores del P.J. pampeano que votaran a favor de pagarle a los fondos buitres y así también lo hizo con otras leyes que le reclamaba el oficialismo».
En ese sentido, señalaron que no tuvo ningún resultado favorable a los intereses pampeanos, «peor aún fue una clara declinación de nuestros derechos y un error político estratégico que hoy se pretende neutralizar por los medios de prensa, con una pirotecnia verbal, más efectista que efectiva».
«Sabemos de estos procederes, que terminan en conductas abandónicas de la lucha, como cuando en el 2011, pegó un portazo y renunció a la candidatura a Gobernador o antes cuando en el 2005, prometió la inauguración del Megaestadio para los Juegos de la Auraucanía del 2007 y transcurridos más de diez años del anuncio, la obra permanece inconclusa. Es claro que todo puede deberse a las propias incertidumbres del funcionario que discurren entre su real querer y el no poder por razones de incapacidad política o bien por la influencia de consejos erróneos en la materia, que no plantean el tema desde el punto de vista de la integración regional y nacional», fustigaron desde el frente kirchnerista.
«Por eso insistimos que los reclamos por la restitución inmediata de los derechos medioambientales y a tener un desarrollo sustentable en un modelo de crecimiento que satisfaga las necesidades tanto de la generación presente como futuras, como lo impone la Constitución nacional (art.41) y lo dispone la ley Provincial 2120 (BO 8/10/2004) (que aprobó el Acuerdo Federal sobre Política Hídrica) con la entrega de nuestras aguas del Atuel y demás ríos que bañan nuestro territorio, en cantidad y calidad y con las obras necesarias, debe ser una política de Estado y no de un Gobernador», concluye el documento.
