Giorgis declaró que pudieron detectar que había menos colectivos en la calle. “Los números indicaban 26 unidades en el pliego, 20 en los registros de la CNRT y 16 en circulación”, declaró.
Hoy se realizó la segunda jornada del juicio oral y público contra el exintendente Néstor Alcala y el exsecretario de Obras Públicas Jaime Sterin por la causa de los llamados «recorridos inflados» de los colectivos de El Indio, con las declaraciones de la concejala Claudia Giorgis (una de las denunciantes) y el extesorero David Wigand.
Según la denuncia, la empresa, con el acuerdo de las autoridades municipales, adulteró recorridos para beneficiarse con más subsidios del Estado nacional. En la primera audiencia, los acusados se defendieron con el argumento de que firmaron las planillas sobre los kilómetros que hacían en los recorridos los colectivos sin saber que estaban inflados.
Giorgis, quien junto al exconcejal Alfredo Carrascal fue quien hizo la denuncia en el año 2006, declaró esta mañana y manifestó que le preocupó que desde la empresa pidieran prórrogas hasta el 2010 un año antes de que se vencieran los contratos.
“En 2005 (la empresa) plantea irse y el servicio era calamitoso. Hicimos encuestas y en ese marco proponíamos una empresa municipal. Empezamos a trabajar en fórmulas de costos y en los kilómetros recorridos. Fue una sorpresa porque no coincidían con los de la CNRT, la diferencia era muy grande”, contó la legisladora.
Giorgis recordó que en el mes de abril marcaron que “había menos colectivos en la calle”. Los números indicaban 26 unidades en el pliego, 20 en los registros de la CNRT, según la concejala, 16 en circulación.
“En mayo lo advertimos por nota. No nos daba. Siempre fuimos ignorados y no nos contestaron nunca», advirtió. Contratamos al ingeniero Lastiri quien verificó los recorridos por GPS. Lo elevamos a la CNRT en julio de 2006. Le dijimos (a la Municipalidad) que no sigan con la licitación. El 11 de julio la CNRT rectifica los subsidios a raíz de eso, pero el Ejecutivo avanzó con la licitación con los recorridos inflados”, dijo la concejala.
Según Giorgis, el kilometraje tenía una incidencia muy importante en los subsidios y que su fin no era aumentar el lucro de las empresas. Recordó que recibió un sobre anónimo con tickets que cargaban en lugares turísticos o todos a la vez en Santa Rosa. “Queríamos evitar que siguiera ocurriendo. Lo arreglaron en un día. Tenían la tecnología”, señaló.
Otro de los que declaró fue David Wigand, tesorero del municipio y además también hizo una pericia de parte. Explicó que el sistema era “monetario en base a los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros e ingresos brutos”, y que el combustible subsidiado era «”n base al coeficiente entre los kilómetros y la cantidad de vehículos”.
Recordó que hizo una pericia junto a una perito de la Corte, María Florencia Vergara. Dijo que no tuvieron la información sobre la facturación real de la estación de servicio. Pero sí contó que “cobraba más la empresa que recorre más kilómetros”.
“El tema de la denuncia no se trató luego” en las reuniones de la gestión municipal en las que participó. Dijo también que por falta de información no se pudieron determinar los montos cobrados de más por la prestación del servicio.
Ante la pregunta de si podía ser engañado el Estado Nacional, Wigand declaró que “el sistema requiere tal cantidad, no importa la cantidad de kilómetros”, manifestó.
