Las Declaraciones Juradas de los jueces y funcionarios judiciales no rendían cuentas, ahora tendrán un control por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
De acuerdo al propio Superior Tribunal de Justicia, se trata de una medida que apunta a buscar «mayor transparencia» de los actos de gobierno y más acceso a información relacionada con la actividad de los funcionarios públicos.
Es por este motivo que se le solicitó al Fiscal Juan Carlos Carola “arbitrar los medios necesarios para analizar, en forma conjunta, la posibilidad de que el organismo a su cargo reciba las declaraciones juradas que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial presentan anualmente y se realicen los controles correspondientes”.
La decisión que adoptó el STJ está contenida en el acuerdo 3476, que firmaron esta semana los cinco ministros del cuerpo, Eduardo Fernández Mendía, Hugo Oscar Díaz, Elena Victoria Fresco, José Roberto Sappa y Fabricio Ildebrando Luis Losi, y el procurador general Mario Oscar Bongianino.
La 3476 señala que “la transparencia constituye una nota esencial del sistema republicano que implica, entre otras cosas, el diseño de mecanismos que garanticen la publicidad de los actos de gobierno y el acceso a información relacionada con la actividad de los funcionarios públicos”.
Además, indica que “la profundización de este principio posibilita el efectivo control social sobre dichos actos, lo que en definitiva se traduce en un perfeccionamiento de la calidad institucional (a mayor transparencia, mejor acceso a la información y, por ende, más posibilidades de control)”.
Por otra parte, la concreción de un régimen de declaraciones juradas “es una exigencia del sistema republicano, pues la transparencia de quienes ejercen responsabilidades de gobierno es un elemento constitutivo del requisito de idoneidad que impone la Constitución Nacional para el desempeño de la función pública”, según reza la acordada N° 57 de la Corte Suprema de la Nación referida al tema.
Los ministro del STJ expresaron que “una de las primeras acciones que se pretende analizar es la posibilidad de presentar las declaraciones juradas ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por ser éste el órgano provincial especializado en la materia, y ante el cual los funcionarios públicos provinciales presentan sus respectivas declaraciones».
La FIA cuenta en su organigrama con un sector dedicado a la recepción de las declaraciones juradas y control patrimonial. En ese sentido, los magistrados del STJ manifestaron que «dicha dependencia se encuentra dotada de personal altamente capacitado y recursos técnicos que permiten un eficiente control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, resguardando la privacidad de ciertos datos (debe puntualizarse que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no realiza publicaciones de datos sensibles)”.
“En dichas condiciones, y teniendo en cuenta principios de eficiencia y transparencia, prima facie resultaría conveniente apelar a los recursos humanos y técnicos de la FIA y a su experiencia recogida en estos años, para viabilizar mecanismos que optimicen los controles en la evolución patrimonial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial”, añaden en el comunicado.
