
La concejala del FrePAm opinó sobre la prestación del servicio público en Santa Rosa y recordó su proyecto original, de que fuera prestado por la comuna. Recordó que Autobuses tiene contrato hasta el 2023.
“Nosotros en mayo del 2006, presentamos un proyecto de ordenanza con una empresa municipal y era lo que después se hizo con la basura. A la luz de los acontecimientos, si se nos hubiese escuchado, otra sería la historia del transporte público en Santa Rosa”, afirmó.
“Hay que recordar que los servicios con las empresas vienen terminando mal. Pasó con Plaza, que, durante los primeros años realizaron algún tipo de inversión y luego no invierten más y empiezan a no atender los reclamos y a extorsionar con que si se los multa se van”, manifestó en declaraciones radiales al programa “Despertando a la Trama”, que se emite por Radio La Tosca y conducen Franco Armanini y Lisandro Moreno.
“Y eso es lo que ha venido pasando sistemáticamente y la realidad actual no ha escapado a eso. Durante los primeros meses de gestión, hemos aplicado multas permanentemente por las grandes quejas de los vecinos, sobre todo en la línea 7 con la falta de refuerzos”, dijo.
“Eso hizo que, de alguna manera, tuvieran que acomodar un poco esas cuestiones. Hay varias otras que no se han podido resolver. Y ese tipo de control, lo mismo que los reclamos de los trabajadores con la falta de baños químicos, son cuestiones que lleva adelante el Ejecutivo Municipal”, agregó.
—¿Se podría hablar de reflotar un proyecto de transporte público municipal?
—El tema es que estamos presos de estas empresas y estas licitaciones. Autobuses tiene hasta el 2023, por el término de diez años. Para quitarle la concesión, debería haber todo un procedimiento previo para quitarle el servicio.
La concejala agregó: “es distinto, si estuviéramos frente a un proceso licitatorio nuevo, porque se puede plantear otra alternativa, como pasó con el EMHSU, en el 2010, que se vencía la licitación y en un trámite normal, se cambie de postura”.
“Igualmente, sostenemos que para este tipo de servicios lo ideal es una empresa municipal o una empresa mixta, con la participación de los trabajadores, que fue como se planteó en su momento”, dijo.
Preguntada por el reciente fallo que absolvió a exintendente Néstor Raúl Alcala y el exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Jaime Sterin, por los recorridos inflados en la empresa “El Indio” y dijo que “en principio nos hubiera resultado que el juicio hubiera sido más útil y en contexto con los hechos, pero todos los artilugios de la defensa, logró que el juicio se demorara y se utilizaron todos los recursos para que este caso llegara a juicio”, recordó.
“Lo que ha quedado claro, sobre todo para la mayoría de los jueces, salvo el primero, que, a pesar de los artilugios, había una defraudación al Estado”, dijo.
—¿La decisión de la justicia fue la de no hacerse cargo de una situación?
—Creo que sí. Fue evadir determinar responsabilidades. Los hechos estaban totalmente demostrados, que se inflaban los recorridos para obtener un beneficio y que la empresa se benefició usando ticket de combustible en lugares de turismo, porque tenía una empresa de turismo, quedó demostrado en la causa. Lo que entiendo, es que no se animaron a decir quiénes eran los responsables o qué grado de responsabilidad tenían los imputados. De alguna manera, zafan con una resolución tomada desde lo formal y no de lo de fondo.
“Nosotros nunca fuimos escuchados en los reclamos por los recorridos declarados, hasta que la justicia tomó la causa y logramos que se modificara el tema de los kilómetros en el nuevo pliego”, precisó.

