La Justicia imputó hoy al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, por el decreto que permitió que familiares de funcionarios ingresen al blanqueo de capitales.
La medida contra el jefe de Estados y dos miembros de su gabinete la tomó el fiscal federal Guillermo Marijuan. El fiscal impulsó la denuncia de la diputada Victoria Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal, consignó la agencia DyN.
Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de la legisladora.
«Creemos que el decreto no modificó el espíritu de la ley», se defendió esta mañana Peña, durante una conferencia de prensa donde fue consultado sobre la reciente medida judicial. «Tenemos tranquilidad sobre lo que hemos planteado», apuntó.
Para la oposición, principalmente el massismo y el kirchnerismo, el decreto atentó contra la ley. Incluso aseguraron que el cambio correspondió con una decisión personal del propio Presidente para beneficiar a su padre, el empresario Franco Macri.
Fuente: La Nación
