
El Movimiento Popular de Izquierda Patria Grande La Pampa rechazó el proyecto de baja de la edad de imputabilidad penal impulsada por el gobierno de Cambiemos con el fin de encarcelar a menores desde los 14 o 16 años. “Desde el punto de vista del capitalismo, la vejez es un fracaso, y la infancia es un peligro. Los niños que son pobres están presos de la contradicción de esta cultura que manda a consumir y una realidad que lo prohíbe”, resaltaron.
En un documento emitido por la Mesa Provincial, el Movimiento Popular de Izquierda Patria Grande La Pampa rechazó la modificación de la ley para bajar la edad en la que las personas son consideradas responsables por el sistema penal. En la actualidad la imputabilidad está fijada en los 18 años pero rige un tratamiento especial para quienes cometen delitos graves desde los 16 años. El gobierno de Macri pretende discutir, tras las elecciones legislativas de este 2017, que se baje la edad a los 14 o 16 años para enviarlos a prisión.
El documento de Patraia Granade, dice:
“Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy comunista”
Se vuelve sobre el tema como cada vez que ocurre un hecho conmovedor amplificado hasta el paroxismo por los medios. No es la primera vez ni tampoco es el primer gobierno que intenta a través de un proyecto bajar la edad de imputabilidad a menores. Incluso el ex presidente Nestor Kirchner y la ex presidenta Cristina Fernández demandaron durante su gestión que “el congreso de la nación ponga a discutir definitivamente la ley penal del menor para dar las soluciones penales que correspondan” y así bajar la edad de imputabilidad. Acorde a las políticas regresivas del actual gobierno de Mauricio Macri, la intención del Ejecutivo de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años sella la idea de estigmatizar a los jóvenes como un riesgo para la sociedad.
Si bien es muy evidente la especulación electoral en el que se enmarca la iniciativa del gobierno nacional, es necesario no subestimar el intento de considerar a los niños y jóvenes como delincuentes, transformándolos de victimas a victimarios. El sentido común que se está construyendo desde hace tiempo es posible gracias a la tarea de los grandes medios de comunicación que, priorizando la inmediatez de la información por sobre la profundización de cualquier análisis, nos muestran segundo a segundo hechos delictivos de trascendencia mediática. Los datos estadísticos muestran que los casos delictivos en manos de adolescentes son mínimos en comparación por ejemplo a los femicidios, sin embargo como sociedad estamos creyendo que el problema de la inseguridad se soluciona encerrando y castigando a quienes deberíamos contener y garantizarles su seguridad y desarrollo.
Estado y sociedad somos los principales responsables de no garantizar la protección integral de derechos a los niñxs. Son generaciones de niñxs a las que le estamos negando algunas de las condiciones más elementales que garanticen el desarrollo de sus capacidades intelectuales y afectivas.
El futuro no se construye en un único momento como si se tratara de una fotografía, por el contrario es un proceso donde es fundamental la autoestima necesaria en el desarrollo de la personalidad para, encontrar de esa manera un rol en la sociedad basado en el estudio y el trabajo. La mala alimentación, la falta de cultura y educación, la desestructuración de la familia junto con sus vínculos y la falta de acceso pleno al derecho a una salud integral, son situaciones que atentan contra toda perspectiva de futuro.
Por el contrario la marginalidad se impone como realidad de nuestros niños-jóvenes, siendo la expresión cabal de un sistema injusto que necesita de futuras mujeres y hombres pasivos, sin pensamiento critico ni aspiraciones personales y colectivas. Violencia que genera violencia y donde el narcotráfico encuentra un ámbito propicio para que finalmente se desarrolle una guerra de pobres contra pobres.
Como sociedad vamos naturalizando este estado sistemático de injusticia a través de la indiferencia y/o reclamando como solución a un problema estructural, la represión y el creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta la separación forzada de la familia.
Desde el punto de vista del capitalismo, la vejez es un fracaso, y la infancia es un peligro. Los niños que son pobres están presos de la contradicción de esta cultura que manda a consumir y una realidad que lo prohíbe.
En nuestra provincia hay ejemplos de sobra de cómo el sistema judicial discrimina y estigmatiza a niños y jóvenes. El caso de Pescara y Azcona son ejemplo de ello. Ambos fueron prácticamente fusilados por entrar a robar, uno un pajarito a una casa y el otro comestibles a una despensa y, en ambos casos la justicia determinó que los propietarios tuvieron un exceso en la legítima defensa, ¿cómo se puede hablar de legítima defensa cuando los propietarios son los que tienen las armas de fuego decididos a matar para defender su propiedad privada y no su integridad física o su vida? Es claro el mensaje de la justicia de justificar la muerte encuadrándola en legítima defensa para la defensa de lo material y no la vida. Esto es gravísimo porque instala en la sociedad la legalidad de justicia por mano propia
Cabe destacar, que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia. La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años. En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años.
Sin dudas, regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
Patria Grande La Pampa

