El Comité Capital de la UCR se metió en la discusión entre el presidente del partido, Hipólito Altolaguirre y el ministro Ricardo Moralejo, para pedir que los funcionarios se desliguen “de la actividad empresaria mientras dure su mandato”.
En un comunicado de prensa señalaron que, tras las las expresiones vertidas por el Presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical Hipólito Altolaguirre en torno al conflicto de intereses que advierte entre el ejercicio funcional del cargo de Ministro de la Producción con la administración de una empresa que vende en el mercado local productos nutricionales (alimentos balanceados, suplementos minerales, sales nitrogenadas, etc.) destinados a vacas de cría y lecheras, terneros, novillos, vaquillonas, ovejas, cabras, chivitos, corderos y cerdos, el Comité Capital pide que “cuando los funcionarios que desempeñan cargos muy importantes en el sector público poseen participación en alguna empresa proveedora de bienes y/o servicios al Estado, o en entidades que tienen una posición dominante en el mercado, deben desligarse de la actividad empresaria mientras dure su mandato”.
“En tales situaciones, para no incurrir en una incompatibilidad ética, corresponde que entreguen la administración del activo o interés financiero a una institución sujeta a la estricta supervisión del Banco Central de la República Argentina que se encargue de gerenciar el patrimonio y restituirlo al titular una vez que finalice su mandato”, señalan.
“No sólo debe impedirse que una empresa propiedad de un funcionario de alto rango provea de bienes y/o servicios al Estado, sino también que pueda utilizar y beneficiarse de información privilegiada o confidencial obtenida en el curso de sus funciones oficiales para hacer o mejorar sus negocios”, agregan
“De acuerdo con la Oficina Anticorrupción, existe un conflicto de intereses cuando el interés particular de algún funcionario afecta la realización del fin público al que debe estar destinada la actividad del Estado. Va de suyo que el administrador designado en reemplazo tendrá impedido invertir en empresas o en negocios en los que participe el Estado o en los cuales el funcionario tenga poderes de control directo en razón de su cargo”, indicaron.
“Las incompatibilidades señaladas por conflicto de intereses deben resultar aplicables, en el ámbito provincial, al Gobernador, Vice, Ministros, Secretarios, Subsecretarios y Directores del Poder Ejecutivo, Diputados, Directores, Gerentes y demás autoridades de las empresas del estado o en las empresas o sociedades comerciales en las que el Estado tenga participación, entre otros altos funcionarios”, pidieron.
“Por supuesto que las prohibiciones también deben alcanzar todos los bienes que se encuentren en cabeza del patrimonio de la sociedad conyugal. Corresponde extender en la dirección señalada los deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la Ley Nacional 25.188 de ‘Ética en el Ejercicio de la Función Pública’, y sancionar en el ámbito de la provincia de La Pampa una regulación de idéntico alcance”, finaliza el parte de prensa de la UCR Santa Rosa.
