El diputado provincial, Martín Berhongaray, presentará un proyecto para solicitarle al Ejecutivo Nacional, que se suspenda las ejecuciones en proceso de toda represa u obra de regulación emplazada sobre alguno de los ríos interprovinciales que pertenecen a la provincia, hasta que se conformen los comités de cuenca
La próxima semana, el legislador radical, Martin Berhongaray, presentará una iniciativa para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Ambiente de la Nación y de las demás reparticiones que correspondan, suspenda el inicio de la construcción y/ o detenga las ejecuciones en proceso de toda represa u obra de regulación emplazada sobre alguno de los ríos interprovinciales que pertenecen a La Pampa, hasta tanto se conformen los organismos de cuenca capaces de articular la gestión compartida de los recursos hídricos.
Respecto de las represas, también solicitará que “toda obra de regulación actualmente en operación, se requiere la realización de nuevas evaluaciones ambientales permitiendo la supervisión técnica de la tarea por parte del Gobierno Nacional y de la Provincia de La Pampa”.
Entre los fundamentos destacó que “finalmente nuestras autoridades resolvieron oponerse a la construcción de la represa Portezuelo del Viento, enarbolando la consigna #NO A PORTEZUELO. Vengo defendiendo tal posicionamiento desde hace muchos, en el absoluto convencimiento de que aún Argentina no ha logrado desarrollar los mecanismos institucionales necesarios para evitar los comportamientos arbitrarios de las provincias ubicadas aguas arriba, siempre proclives a administrar los recursos naturales interjuridiccionales de manera unilateral”.
Berhongaray resalta que “reviste enorme peligrosidad la construcción de cualquier represa u obra de regulación sobre un río interprovincial, dadas las nulas garantías que disponen los condóminos de aguas abajo para concretar un manejo compartido. No sólo vengo sosteniendo que La Pampa debe oponerse al progreso de Portezuelo del Viento. También he manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de que se promuevan acciones legales para detener el avance de esa obra”, dijo.
“Entiendo que igual temperamento preventivo debe primar respecto de toda otra represa u obra de regulación que pretenda emplazarse sobre alguno de los ríos interprovinciales que pertenecen a La Pampa, hasta tanto se conformen los organismos de cuenca que resulten capaces de articular la gestión compartida de los recursos hídricos”.
Sostiene que la obra de Portezuelo del Viento se encuentra prevista en el Tratado del Colorado que firmó nuestra provincia junto al resto de las condóminas y al Estado Nacional: “el Gobierno de La Pampa no puede aceptar un cumplimiento parcializado del Acuerdo firmado en 1976, como pretenden las provincias de Mendoza y Río Negro que mientras alientan algunas obras de su interés, desconocen o directamente rechazan otras, tal el caso del trasvase del río Negro al Colorado”, indicó.
Berhongaray expresó que “la concreción de las obras previstas en el Tratado del Colorado de ninguna manera pueden violar las pautas de manejo establecidas por la Constitución Nacional reformada en 1994 que exigen una administración compartida con el involucramiento de todas las provincias condóminas cuando se trata de recursos naturales interjurisdiccionales como es el río Colorado”.
El legislador crítica duramente a las autoridades de Mendoza: “Este presupuesto constitucional, reafirmado por un conjunto de leyes de presupuestos mínimos así como por los criterios aceptados en el orden internacional, resulta abiertamente ignorado por las autoridades mendocinas que pretenden avanzar en forma unilateral e inconsulta con todas las decisiones relativas a Portezuelo del Viento”, fundamentó.
“Nunca confié en la promesa de que COIRCO administraría la represa, porque siempre asumí que esa sola instancia -además de incierta a la luz de la experiencia- era mucho menos de lo que exige la Constitución Nacional y de los derechos que le reconoce a La Pampa sobre sus ríos interprovinciales”.
El diputado radical reitera que “el Gobierno de La Pampa no debe demorar más en reclamar participación directa y decisión en toda autorización administrativa relacionada con el aprovechamiento del río Colorado, incluidos por supuesto la realización de los estudios referidos al impacto ambiental que pueda derivarse de la construcción y funcionamiento de la presa. Si a esta altura ya se le están desconociendo atribuciones legales a la Provincia de La Pampa, no es difícil concluir que cualquier progreso en las acciones agravará el cuadro. De allí la necesidad de solicitar por la vía judicial la suspensión de cualquier avance para evitar situaciones que puedan causar perjuicios y que, con los hechos consumados, resulten más difíciles de revertir”.
Martín Berhongaray recordó que “Cuando en 2009 reclamé al gobierno provincial la promoción de un amparo ambiental dirigido a detener los abusos que las provincias ubicadas aguas arriba ocasionaban al río Desguadero-Salado-Chadileuvú, se tardó más de 7 años en convencerse sobre la necesidad de hacer el planteo judicial. Confío que la reacción de las actuales autoridades respecto de Portezuelo del Viento no va a repetir aquella injustificada demora”, finalizó.
