Desde el gremio docente UTELPa se refirieron al juicio por presunto abuso de menores en 25 de Mayo. Indicaron que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, y se preguntaron: “¿se respetó el derecho constitucional en este caso?”.
El gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), envió un comunicado de prensa, para referirse al juicio en contra de los docentes de 25 de Mayo, acusados de abuso sexual contra menores.
Recordaron que este miércoles: “el Tribunal designado en el Juicio instruido a raíz de las denuncias realizadas oportunamente por padres de alumnos del JIN 12 de 25 de Mayo emitirá su veredicto”.
Resaltaron que “para algunos es cosa juzgada, partiendo de la información de la radio municipal local que, en Mayo de 2015, difundió acusaciones, nombres propios y hechos, difícilmente comprobables en la causa. Luego esa información se difundió en otros medios, sumada a una errónea e intempestiva actuación de las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno Provincial anterior, que sentaron desde un principio en el banquillo de los acusados a los docentes”.
Desde el gremio docente indicaron que “La criminología mediática, fue un elemento fundamental a la hora de tomar decisiones políticas y de instruir este juicio”, cuestionaron.
Señalaron que “Así las cosas, familiares directos siguen sosteniendo que quieren justicia y nosotros adherimos a ese pedido, para volver las cosas a su causa normal”.
Desde UTELPa se preguntan: “¿Existió una Situación de Abuso Sexual? ¿Si la hubo, porqué se centró la acusación en la Escuela y los docentes?”, expresaron, además agregaron que “muchas interrogantes quedan para quienes trabajamos día a día en las aulas con niños y niñas”
Destacaron que los docentes: “estuvieron un año y 8 meses privados de su libertad, sin razones suficientes para dicha medida, negándose en varias oportunidades su excarcelación. Sin sueldo y sin cobertura de Obra Social. Dos de ellas mujeres jóvenes menos de 35 años, madre de hijxs en edad escolar (nivel Inicial), único sostén de familia. En arresto domiciliario, sólo con la contención de familiares y amigos, hicieron posible el derecho a comida, salud, educación de esos niños y niñas. Los otros, varones, uno de ellos con serios problemas cardíacos y el segundo con una profunda discapacidad motora”, indican.
Expresan que “Toda persona es Inocente hasta que se demuestre lo contrario: ¿se respetó el derecho constitucional en este caso?”.
“La judicialización del hecho educativo, parece ser una tendencia en los últimos años. Como en todos los ámbitos de la vida social y política los profundos cambios sociales, hacen compleja la tarea educativa y por tanto merece ser tratada en su justa dimensión. El vínculo escuela-familias debe consolidarse con el único y primordial objetivo que es el derecho social a la Educación”.
Finalizan sosteniendo que “Como en todo hecho criminal y-o penal, es políticamente correcto encontrar un ‘culpable’. No pretendemos victimizar a los trabajadores de la Educación, pero tampoco convertir – en este u otro caso – a los mismos en chivos expiatorios”.
