La senadora nacional del justicialismo presentó un proyecto para que se le solicite al Poder Ejecutivo Nacional una convocatoria urgente a la paritaria nacional docente, conforme el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y su decreto reglamentario 457/2007.
La senadora nacional por La Pampa Norma Durango presentó un proyecto de comunicación en el Senado para que éste le requiera al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de las autoridades ministeriales competentes, convoque de inmediato a la reunión paritaria nacional docente, conforme el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y su decreto reglamentario 457/2007, atento al reclamo de algunas jurisdicciones y los gremios docentes.
Mediante un comunicado de prensa, la senadora sostuvo que “reivindicamos la negociación nacional y nos oponemos a las autoridades nacionales que no sólo pretenden desentenderse de la compensación salarial docente, garantizando un salario mínimo en todo el territorio nacional, sino que además excluyen a los docentes de la discusión de temas intrínsecos a su actividad, poniendo en riesgo el inicio de clases y comprometiendo seriamente la calidad de la educación” dijo.
Como es de público conocimiento el gobierno nacional ha decidido no convocar en este año a paritarias docentes incumpliendo lo que establece la Ley N° 26.075, de Financiamiento Educativo.
Acompañando al Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, Durango exige que “el Ministerio Nacional cumpla con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento y en su decreto reglamentario 457/2007 y convoque a paritaria nacional como así lo solicitan las entidades gremiales. El gobierno nacional quiere eliminar la negociación nacional y dejar la discusión salarial exclusivamente en manos de cada provincia. Así se perdería la posibilidad de establecer un piso a nivel nacional y de discutir cuestiones fundamentales como las condiciones laborales, menguando el poder de negociación de los gremios docentes. En los argumentos del Ejecutivo se menciona que el salario ya fue discutido el año pasado, pero eso, además de reconocer explícitamente el incumplimiento de la ley, ignora la discusión de temas igualmente importantes como son las condiciones laborales y la carrera docente” expresó.
El artículo 10 de la Ley mencionada establece que: se deberá llegar a un “convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”, y el artículo 6° del decreto reglamentario correspondiente:
“El convenio marco regulado por el artículo 10 de la Ley Nº 26.075 comprenderá todas las cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las jurisdicciones provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, debiendo considerar como mínimo las siguientes: a) Retribución mínima de los trabajadores docentes; b) Materias de índole económica, laboral, asistencial, previsional, y en general las que afecten las condiciones de trabajo, a saber: I. Condiciones de ingreso a la carrera docente, promoción y capacitación, calificaciones del personal; II. Régimen de vacantes; III. Trámites de reincorporaciones; IV. Jornadas de trabajo; V. Derechos sociales y previsionales; VI. Políticas de formación docente y capacitación en servicio; VII. Representación y actuación sindical; VIII. Títulos; IX. Cualquier otra materia vinculada a la relación laboral entre partes dentro de las previstas en el artículo 10 de la Ley Nº 26.075. Las partes podrán solicitar al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la realización de una nueva convocatoria para el tratamiento de cuestiones vinculadas a las materias previstas en el artículo 10 de la Ley Nº 26.075, que no resulten reguladas en el convenio marco que se suscriba como consecuencia del presente”.
Por esto Durango sostiene que “es justamente el Estado quien debe velar por el respeto a los derechos y el cumplimiento de las leyes. Ha quedado claro que el gobierno está ocupado en disminuir los índices inflacionarios, pero en esa búsqueda no se justifica ir contra los derechos de los trabajadores y menos contra los mecanismos democráticamente dispuestos para discutir la situación laboral, que en todo contexto son necesarios y todavía más en estos momentos en que las y los trabajadores no se sienten contemplados por las medidas regresivas que está llevando adelante este gobierno. No avalamos el ajuste automático que el gobierno pretende imponer abandonando a los trabajadores de la educación de las distintas provincias a su suerte puesto que el acuerdo a nivel nacional es un parámetro fundamental para las negociaciones provinciales, sin él tendríamos docentes privilegiados y otros con muy bajos salarios. Mucho menos podemos avalar la exclusión de los trabajadores de las condiciones en que desarrollan su profesión porque esto sin duda implica ir en detrimento de la educación consagrada por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 como un bien público y un derecho personal y social” sostuvo la senadora pampeana.
A efectos de advertir la gravedad de este accionar del Poder Ejecutivo Nacional, recordó “aquellos años donde no había paritarias y reinaba una gran disparidad en los salarios así como salarios miserables. La lucha salió de las aulas y tomó las calles y las plazas, y la Carpa Blanca supo dar voz a amplios sectores que se solidarizaron con la tarea docente. Recién a partir de año 2006 con la ley de financiamiento educativo se pudo comenzar a revertir la situación. Por ello nos vemos obligados a advertir que la actitud negligente del Poder Ejecutivo Nacional retrotrae al escenario de 30 años atrás despreciando los esfuerzos de las autoridades nacionales, de los gobiernos provinciales, de los gremios docentes y de la sociedad en su conjunto, que hicieron posible reivindicar la educación como prioridad nacional” finalizó
