La senadora nacional del PJ, conjuntamente con Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunat solicitaron al Ejecutivo que informe los alcances del acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S. A., luego de que la gestión de Macri aceptara una quita del 98,82% del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Norma Durango, senadora nacional de PJ, junto a Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunat presentaron un Proyecto de Comunicación para solicitarle al Ejecutivo Nacional que informe claramente los alcances de la propuesta realizada por la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, y aceptada por el Estado Nacional, en el marco de un concurso preventivo.
En el Proyecto de Comunicación se manifiesta lo siguiente:
“El Senado de la Nación Solicita que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, brinde informes en relación al reciente acuerdo judicial arribado en el concurso de la empresa Correo Argentino S.A. y en especial informe:
1. Monto de la deuda de Correo Argentino S.A. con el Estado Nacional al momento de la presentación del Concurso. Detalle conceptos, montos de capital e intereses adeudados a esa misma fecha, así como los contratos que respaldan dicha deuda.
2. Cuáles son los intereses sobre esas mismas deudas devengados entre la interposición del concurso y febrero 2017, detallando tasas, montos y legislación aplicable para el cálculo de los mismos.
3. Monto de la nueva deuda, indicando conceptos, capital e intereses, generada a partir de la presentación del concurso hasta febrero 2017.
4. Cuál es la reducción de deuda como resultado del Proceso Concursal.
5. Cuál es monto que surgiría del Acuerdo en favor del Estado Nacional y cómo se prevé cancelarlo.
6. Quiénes firmaron el acuerdo en representación del Estado Nacional.
7. Cuál es el nivel logrado en el “acuerdo con los acreedores”, detallando el porcentaje del mismo para las distintas partes y cuántos acreedores involucra el mencionado acuerdo.
8. Cuáles son los principales acreedores que aceptaron el citado acuerdo.
9. Qué porcentaje de la deuda representa la quita acordada.
10. Los motivos fundados por los cuales no se incluyó en el acuerdo una renuncia expresa de Correo Argentino S.A. a desistir de las demandas pasadas y posibles reclamos contra el Estado Nacional por la recisión del contrato de concesión.
11. Si desde diciembre de 2015 el Estado Nacional ha arribado a acuerdos de este tipo frente a situaciones similares.
Entre los fundamentos del proyecto se sostiene:
“Sabido es que el proceso privatizador que sufrió el país en la década del 90 lejos estuvo de cumplir el mentado objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos esenciales del país sino que la historia reciente nos ha demostrado que las consecuencias de tal decisión sólo lograron el vaciamiento de empresas del patrimonio público de todos los argentinos y argentinas y el caso de la encargada de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía que prestaba la entonces Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (ENCOTESA) corrió igual suerte.
Por medio del Decreto 265/97 se convocó a licitación pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión del servicio postal básico universal y así fue cómo con el dictado del Decreto 840/97 se adjudicó la referida concesión a Correo Argentino S.A. con la obligación principal de pagar un canon fijo semestralmente y por adelantado al Estado Nacional.
Al cabo de un tiempo y reiterados incumplimientos no sólo del pago del canon sino del servicio postal, Correo Argentino S.A. se presentó en concurso preventivo de acreedores y en ese expediente el Estado Nacional verificó su crédito, que al año 2001 ascendía a la suma de $296.205.376,49 monto que fue acrecentándose con deuda posconcursal en concepto de canon hasta el día de la fecha, sólo de capital nominal.
Tales y otras irregularidades más pusieron a la compañía en incumplimiento grave del contrato de concesión lo que llevó a que por decisión del entonces Poder Ejecutivo Nacional se disponga la recisión del mismo revirtiéndose el servicio en cabeza del Estado Nacional.
En los años que lleva la causa, Correo Argentino hizo distintas propuestas de pago, todas rechazadas por el Estado Nacional por considerar que eran abusivas y no satisfacían el interés público ni la justicia que requiere el caso.
Según recientes investigaciones, Correo Argentino es controlada por Sideco Americana que a su vez es controlada por Socma Americana, lo que implica que desde Socma (Sociedades de la familia Macri) se controla a Correo Argentino por medio de Sideco.
Luego de idas y vueltas judiciales la causa llegó a Cámara ya que la jueza de primera instancia Marta Cirulli no homologó un acuerdo previo porque el Estado Nacional no aceptó las condiciones y por ende no se cumplía la mayoría que establece la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras. Correo Argentino apeló esta decisión y llegó así a la Cámara. En esta segunda instancia, la fiscal Boquín rechazó el recurso de apelación pero la Cámara dio lugar a una audiencia donde el Estado aceptó un acuerdo de pago que resultaría, en principio, abusivo, desproporcionado y cuanto menos injustificado pudiendo afectar gravemente el patrimonio estatal.
Esa propuesta de pago, según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, implica una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda, lo que en otras palabras significa un pago del 1,18 por ciento de la deuda que la empresa concursada tendría con el Estado.
Más allá de los fríos números, debemos tener muy presente el entramado societario cuyos vínculos jurídicos sólo esconden en la cúspide de las empresas vinculadas nada menos que a la familia presidencial.
Sin perjuicio que se alegue (como ya hemos visto en otras ocasiones, sólo por recordar el escandaloso caso de los «Panamá Papers») que ni el presidente, ni su familia, ni su grupo de allegados sean hoy directores, presidentes o tengan algún poder de decisión directo en las empresas, resultan ser accionistas de las mismas y existe frondosa jurisprudencia en materia de derecho societario que demuestra que por más que existan redes y empresas dueñas de empresas, la voluntad siempre es una.
Confiando en que el Poder Judicial es imparcial y resolverá conforme la correcta aplicación de la Ley, la justicia que requiere el caso y merece el pueblo argentino, no podemos dejar pasar por alto hechos como éste donde, a las claras, observamos cómo existe una confluencia de intereses entre las partes hoy enfrentadas.
Quien encabeza el Poder Ejecutivo Nacional, es, a la vez familiar del grupo que controla la empresa con la que hoy el Estado está negociando una deuda multimillonaria que implica una gran porción del erario público y es este un hecho que debemos observar desde la ética en la función pública para evitar que se cometa un posible fraude en perjuicio de los argentinos y argentinas.
Si la justicia demuestra que este acuerdo al que ha arribado el Poder Ejecutivo implica una condonación de deuda nos encontraremos ante un hecho de gravedad institucional de una magnitud pocas veces vista y es nuestro deber como oposición y como legisladores solicitar al mismo toda la información necesaria para formarnos de opinión y tomar las medidas conducentes para evitar que nuevamente el estado sea dilapidado.
Escuchamos voces que dicen que Mauricio Macri vino a transferir recursos a los sectores más favorecidos de la sociedad, ¿Estaremos aquí frente un caso más?
Es grave cuando desde el Estado se abren posibilidades de negocios particulares, y en caso de existir debe actuarse con la mayor transparencia, control y cautela posible. Y más grave aún es cuando el mismo gobierno en un año de gestión generó con su plan 2.000.000 de nuevos pobres, aumentos en servicios y alimentos, inflación, cierre de miles de comercios, más de 300.000 despidos en el sector privado, público y no registrado, represión ante las protestas en defensa de fuentes de trabajo, endeudamiento externo, apertura de importaciones, privatización de las riquezas naturales.
Si se demuestra que se negociaron, acordaron, condonaron deudas, cambiaron las reglas económicas y financieras de contrataciones del Estado por parte del Presidente de la República para licuar deudas sin riesgo empresario alguno y obtener de ello beneficios para sus empresas familiares, es un hecho grave y preocupante, pues son acciones reñidas con la ética, con la legalidad y que generan un grave perjuicio a la política entendiendo a ésta como la herramienta para establecer derechos, con igualdad, con inclusión y justicia social.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su voto en la aprobación de este Proyecto de Comunicación.
