Integrantes del Tribunal Oral Federal
Desde las 9 de la mañana en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa se desarrolla la audiencia preliminar del juicio a 18 represores contra 240 víctimas.
De ellas, hay 21 en común con la causa del juicio 1, en donde se citó a declarar a 110 personas.
En primer término el querellante Franco Catalani. De saco negro, el fiscal Alejandro Cántaro.
La audiencia preliminar es una instancia prevista por la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal para agilizar los procesos.
Los defensores de los represores, Hernan Guillermo Vidal, Pedro Mercado, Gastón Gomez, Mario Pérez Flores y Gerardo Ibañez Carlos riera, Laura Armagno, Luciano Rodriguez
El juicio oral conocido como Sub Zona 14 II, en referencia a la denominación que los militares dieron a la provincia de La Pampa y a la realización de un nuevo proceso por crímenes en esa región, podría realizarse en este año.
Sergio Baudino, Antonio Curciarello, Rocío Sánchez abogada Sec DDHH LP y Juan Carlos Pereyra del Movimiento Popular DDHH
Entre el público presente en la audiencia de este lunes pudo observarse al rector de la UNLPam Sergio Baudino, Antonio Curciarello, secretario de Derechos Humanos del gobierno pampeano, Rocío Sánchez abogada Sec DDHH LP y detrás, contra la pared, Juan Carlos Pereyra del Movimiento Popular DDHH.
Luciano Rodríguez
El querellante Franco Catalani destacó la realización del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa y lamentó que no haya habido precisiones en cuanto a la fecha de inicio del juicio. Recordó que hay más imputados, más víctimas y testigos que en el primer juicio y no descartó que, pueda realizarse un tercero más adelante.
“Nosotros esperábamos tener alguna apreciación más sobre la fecha y sobre la dinámica de las audiencias, esa era la expectativa principal” explicó a Plan B Noticias el querellante Franco Catalani.
“Luego el resto estaba más o menos previsto. Nosotros habíamos hablado con la otra querella y la Fiscalía y presumíamos que la cuestión de los testigos, iba a hacer como se dio. La verdad, esperábamos tener más precisiones sobre los tiempos del debate”, agregó.
—¿Este juicio cierra una etapa o habría un tercero?
—De los hechos que se empezaron a investigar, que ahora van a juicio, quedaron varios sin elevar a juicio. Es decir que en esta segunda causa, se inició una investigación por 340 hechos y van a juicio algo de 220, por lo que quedan unos 80 en la etapa de instrucción, es decir que se siguen investigando. Es de presumir que va a haber un nuevo juicio.
Cabe recordar que la audiencia preliminar es una instancia prevista por la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal para agilizar los procesos. Conocida como las “reglas de Casación”, aquella acordada contiene una serie de recomendaciones del máximo tribunal penal para que antes del debate las partes lleguen a un acuerdo en el modo y la forma de la lectura de la acusación -en este caso, una pieza de más de 600 carillas-, la convocatoria y desistimiento de testigos, la incorporación de prueba por lectura y el cronograma de debate, entre otros aspectos.
El Tribunal estará integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. La Fiscalía, en tanto, será representada por los fiscales generales Alejandro Cantaro y Miguel Palazzani y por el fiscal ad hoc José Nebbia.
Los defensores son Hernán Vidal (de Aguilera, Marenchino, Fiorucci y Reinhart), Pedro Mercado y Cayre (Baraldini), Gastón Gómez (Gatica), Máximo Pérez Flores y Gerardo Ibáñez (Pérez Oneto), Carlos Riera (Ochoa, Quinteros, Lucero, Pérez, López), Laura Armagno (Cenizo, Yorio, Reta, Gauna) y Luciano Rodríguez (Greppi y Sabbatini).
El debate abordará los crímenes cometidos en el marco del plan criminal estatal implementado antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en el ámbito de la Subzona militar 14, que en términos de la organización represiva fue la porción del Cuerpo I del Ejército correspondiente a la provincia de La Pampa. Ese Cuerpo del Ejército, que tenía su comando en la Capital Federal, estaba integrado, además, por gran parte de la provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, el comando de la Subzona 14 estaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de la localidad pampeana de Toay. Al describir en el requerimiento de elevación a juicio los crímenes del terrorismo de Estado en esa jurisdicción, el fiscal federal de Santa Rosa, Juan José Baric, señaló que “presentan como nota común tratarse de detenciones ilegales perpetradas durante los años 1975 y 1982 en distintas localidades de la provincia de La Pampa”, que fueron “seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones a las víctimas, en distintos centros ilegales de detención de la región”.
El fiscal enumeró los lugares donde se mantuvo cautiva en forma clandestina a las víctimas: las comisaría Primera y Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Santa Rosa; la Delegación Local de la Policía Federal Argentina en esa capital; la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 del Ejército y las unidades carcelarias 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal.
“De las decenas de testimonios obtenidos respecto de los hechos que damnificaron a las víctimas aquí identificadas, el principal centro clandestino de detención de la Subzona 14 resultó ser la Comisaría Seccional Primera de la Policía de la Provincia de La Pampa”, reseñó, y agregó que en la planta alta de ese edificio funcionaba la Unidad Regional I, donde “también el grupo policial de tareas de la Subzona 14 interrogaba y torturaba a los hombres y mujeres detenidos a disposición del Comando de la Subzona 14, quienes se encontraban alojados en la planta baja (Seccional Primera) o en otros centros de detención tales como otras dependencias policiales o las unidades carcelarias del S.P.F. N° 4 y 13”.
El “grupo policial” que describió el fiscal fue un cuerpo creado formalmente en 1976, pero con funcionamiento previo, que se integró directamente a la “lucha antisubversiva” bajo el mando militar. El grupo funcionaba al menos desde la subordinación de la Policía provincial al Ejército refrendada en octubre de 1975 por el entonces jefe de la Subzona 14, Ramón Juan Alberto Camps, quien es mayormente recordado por los crímenes que cometió tras el golpe de Estado al mando de la Policía bonaerense. A este juicio llegan varios de los jefes e integrantes de aquél grupo policial.
La nómina de acusados está conformada por el ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); el ex coronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); el ex mayor del Ejército y ex jefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los ex miembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14 Omar Aguilera (79), quien fue su jefe de Operaciones; Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los ex oficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), y el ex agente Orlando Osmar Pérez (68); los ex oficiales de la comisaría primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el ex oficial de la comisaría de la localidad de Jacinto Aráuz, Miguel Gauna (80); el ex oficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el ex oficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez (71).
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