El abogado patrocinante de acusados por delitos de lesa humanidad en el juicio conocido como Sub Zona 14 II negó el genocidio en Argentina. “No hubo genocidio y sí una guerra civil, donde desde los dos lados hubo excesos”. Calificó como “juicios de la venganza” a los procesos judiciales contra represores.
Hernán Vidal, abogado patrocinante de los acusados Aguilera, Marenchino, Fiorucci y Reinhart, negó que en Argentina haya habido Terrorismo de Estado y calificó los juicios de lesa humanidad, como “juicios de la venganza”.
En diálogo con Plan B Noticias, Vidal dijo que viene con la expectativa que se haga justicia y aseguró que en el primer juicio de la Sub Zona 14 I, los testigos estaban “guionados”.
Polémico, sostuvo que desde el Estado se “busca venganza” y negó que haya habido un plan sistemático para la desaparición de personas.
“Vengo con la expectativa de que se haga justicia. En el primer juicio, hubo cosas que no estuvieron bien hechas y violaron el derecho de defensa”, dijo a Plan B, al inicio de la charla.
—¿Qué cosas no estuvieron bien hechas?
—Se citaban a las testigos y no se los tenía separados. Desde la Secretaría de Derechos Humanos se los buscaba y guionaba mientras se los traía. El testigo tiene que declarar libremente y lo que ha podido conocer a través de sus sentidos. Viene a decir verdad, a colaborar con la obtención de la verdad histórica, para que el tribunal dicte justicia y eso no fue así.
—Hay una historia de juicios previos donde se ha probado el Terrorismo de Estado, ¿con qué expectativa viene a este juicio?
—A ver. No existe el Terrorismo de Estado. Es un vocablo inventado, una calidad que viene desde ciertos grupos de neto corte gramsciano. En la Argentina no hubo genocidio y sí una guerra civil, donde desde los dos lados hubo excesos.
Vidal agregó: “si hubiera habido diálogo y los poderes económicos pudieran haber sido dejados de lado, no hubiera corrido el derramamiento de sangre que ocurrió en Argentina.”
“Si tomamos la frase ojo por ojo, el mundo se va a quedar ciego y la Argentina necesita reconciliación, nos guste o no”, dijo.
—¿Para usted es lo mismo la violencia del Estado que la violencia de los civiles?
—Voy a utilizar una sinécdoque. Fabricaciones militares fabrican granadas, una granada puede producir la muerte. Los Montoneros tenían su fábrica, fabricaban granadas. ¿La granada montonera es buena y la granada militar es mala? La vida es una sola y no tiene que haber violencia.
—Usted se recibe a víctimas como cuadros guerrilleros, pero había también entre ellasprofesores, médicos, estudiantes…
—¿De qué guerra revolucionaria se puede hablar entonces? Esto comienza en la década del 60, cuando los muchachos de la izquierda matan con una bomba a la hermana de dos años de Cabrera Rojo, uno de los que recuperó el Regimiento 29 de Formosa. Las muertes son de los dos lados, hay que llegar al diálogo y no se puede matar porque sí.
Para Vidal el problema no es el Terrorismo de Estado sino la violencia. “El problema es como decía Julio Bárbaro. Hubo gente que creyó que podía llegar al poder a través de las armas y hubo militares que creyeron que eran los salvadores de la Patria y utilizaron métodos impropios”, dijo.
“Mientras sigamos en esto de buscar venganza, las etapas que no se pueden cumplir en la vida, se retrotraen y lo hacen en crisis. Que es lo que yo no quiero para Argentina”, agregó.
—¿Estos juicios son una venganza para usted?
—Sí. Para mí son juicios de lesa venganza. Yo he visto en San Luis, donde el simple cabo Orozco, que había entrado hace dos meses a la policía y escribía bien a máquina, lo llevaron a sumario porque hizo una orden de libertad y puso en el sello que había eso. Sin embargo, le dieron prisión perpetua.
—¿Está de acuerdo con que el juicio se haga este año?
—Quiero que los juicios se hagan cuánto antes, porque la gente se está muriendo, porque la verdad tiene que salir a la luz. En La Pampa no hay muertos y se condenó a gente que dicen que había torturado, cuando la realidad es que metieron presos a gente que se estaba robando el estado provincial.
—¿Hubo tortura?
—Yo no la vi. Sospecho de que debe haber habido. El problema es quien ordena desde arriba para que alguien torture. Y esto no tiene que ver con un plan sistemático, porque en Argentina no hay nada sistemático. La Argentina pierde guerras, tiene planes y políticos corruptos. Hay que buscar una forma y estrategia de reconciliación.
—¿Está en su estrategia frenar los juicios, como frenó el juicio de Rafecas?
—Estoy frenando la elevación de juicio, con las herramientas que el Código Procesal me da porque hay violación de derechos de defensa. Si un juez dice que esta persona la considera porque la vio y la comparó con la foto del legajo, donde pesaba sesenta y dos kilos y no es lo mismo que un gordo panzón, que encima no vio nunca.
Para Vidal, Rafecas no es un buen juez y no tiene que estar la adjudicatura. “Lo que hizo con la causa Nisman e incluso en esta causa, con la instrucción, no puede hacerlo. Si raspan un poco, se le cae toda la pintura”, dijo.
—¿Pedirá una demora en este juicio?
—Yo no quiero demorar nada y que esto termine cuanto antes. No vivo de los juicios de lesa humanidad. Tengo cantidades de juicios de penal ordinario y tomé estos juicios, por defender a un amigo. A partir de ahí fui denunciado, molestado, me rompieron el auto, me hicieron tribunales de ética y las mil y una y me jodieron en la carrera profesional. Entonces, vinieron muchos juicios más, en razón como desarrollo mis tareas. Soy quinta generación de abogados, no un paracaidista que vengo de un partido político, me dan un peso para que vaya a defender cualquier cosa.
Audiencia preliminar
El pasado lunes se realizó la audiencia preliminar que intenta poner una fecha para el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa, conocido como Sub Zona 14 II.
Los defensores son Hernán Vidal (de Aguilera, Marenchino, Fiorucci y Reinhart), Pedro Mercado y Cayre (Baraldini), Gastón Gómez (Gatica), Máximo Pérez Flores y Gerardo Ibáñez (Pérez Oneto), Carlos Riera (Ochoa, Quinteros, Lucero, Pérez, López), Laura Armagno (Cenizo, Yorio, Reta, Gauna) y Luciano Rodríguez (Greppi y Sabbatini).
El juicio juzgará a 18 represores contra 240 víctimas. De ellas, hay 21 en común con la causa del juicio 1, en donde se citó a declarar a 110 personas.
El Tribunal estará integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. La Fiscalía, en tanto, será representada por los fiscales generales Alejandro Cantaro y Miguel Palazzani y por el fiscal ad hoc José Nebbia.
El debate abordará los crímenes cometidos en el marco del plan criminal estatal implementado antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en el ámbito de la Subzona militar 14, que en términos de la organización represiva fue la porción del Cuerpo I del Ejército correspondiente a la provincia de La Pampa. Ese Cuerpo del Ejército, que tenía su comando en la Capital Federal, estaba integrado, además, por gran parte de la provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, el comando de la Subzona 14 estaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de la localidad pampeana de Toay. Al describir en el requerimiento de elevación a juicio los crímenes del terrorismo de Estado en esa jurisdicción, el fiscal federal de Santa Rosa, Juan José Baric, señaló que “presentan como nota común tratarse de detenciones ilegales perpetradas durante los años 1975 y 1982 en distintas localidades de la provincia de La Pampa”, que fueron “seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones a las víctimas, en distintos centros ilegales de detención de la región”.
El fiscal enumeró los lugares donde se mantuvo cautiva en forma clandestina a las víctimas: las comisaría Primera y Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Santa Rosa; la Delegación Local de la Policía Federal Argentina en esa capital; la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 del Ejército y las unidades carcelarias 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal.
“De las decenas de testimonios obtenidos respecto de los hechos que damnificaron a las víctimas aquí identificadas, el principal centro clandestino de detención de la Subzona 14 resultó ser la Comisaría Seccional Primera de la Policía de la Provincia de La Pampa”, reseñó, y agregó que en la planta alta de ese edificio funcionaba la Unidad Regional I, donde “también el grupo policial de tareas de la Subzona 14 interrogaba y torturaba a los hombres y mujeres detenidos a disposición del Comando de la Subzona 14, quienes se encontraban alojados en la planta baja (Seccional Primera) o en otros centros de detención tales como otras dependencias policiales o las unidades carcelarias del S.P.F. N° 4 y 13”.
El “grupo policial” que describió el fiscal fue un cuerpo creado formalmente en 1976, pero con funcionamiento previo, que se integró directamente a la “lucha antisubversiva” bajo el mando militar. El grupo funcionaba al menos desde la subordinación de la Policía provincial al Ejército refrendada en octubre de 1975 por el entonces jefe de la Subzona 14, Ramón Juan Alberto Camps, quien es mayormente recordado por los crímenes que cometió tras el golpe de Estado al mando de la Policía bonaerense. A este juicio llegan varios de los jefes e integrantes de aquél grupo policial.
La nómina de acusados está conformada por el ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); el ex coronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); el ex mayor del Ejército y ex jefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los ex miembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14 Omar Aguilera (79), quien fue su jefe de Operaciones; Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los ex oficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), y el ex agente Orlando Osmar Pérez (68); los ex oficiales de la comisaría primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el ex oficial de la comisaría de la localidad de Jacinto Aráuz, Miguel Gauna (80); el ex oficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el ex oficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez (71).
