Las organizaciones sociales, no gubernamentales, partidarias y sindicales leyeron ayer un documento conjunto. Hubo menciones a lo que pasó en la dictadura, lo que pasa en la democracia y en todos los gobiernos.
El documento dice:
En momentos de una nueva ofensiva oficial en favor de la impunidad de los genocidas, cientos de miles nos movilizamos en todo el país en una gran jornada de lucha contra la impunidad, la represión y el ajuste de los gobiernos nacional y provinciales.
Como cada 24 de Marzo, nos reunimos para repudiar el golpe de estado cívico-militar que en 1976 derrocó a un gobierno constitucional para instaurar una dictadura terrorista. A costa de la sangre de nuestro pueblo, se impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre en beneficio de los grandes empresarios y monopolios, los terratenientes y las potencias imperialistas.
De la mano de Videla y Martínez de Hoz llegó la destrucción de la industria nacional, el crecimiento de la pobreza, el hambre y el desempleo, el aumento de la deuda externa desde los 8.000 a los 45.000 millones de dólares. Entre los principales beneficiarios de la política de saqueo dictatorial se encuentra el grupo Macri, que multiplicó sus empresas y fue favorecido con la estatización de una deuda cercana a los 500 millones de dólares a valores actuales.
La brutal represión planificada contra nuestro pueblo, que tuvo su antecedente en el accionar de la Triple A y bandas golpistas durante el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón, tiene un nombre preciso: GENOCIDIO. La magnitud de este genocidio sólo puede compararse, en nuestro país, con el que sufrieron los pueblos originarios en la llamada “conquista del desierto”.
Videla, Massera, Agosti y sus sucesores usaron el terror para disciplinar y someter a la sociedad. Contaron con la complicidad de la alta jerarquía eclesiástica y de traidores dentro de las filas del sindicalismo y de los partidos políticos. Sumaron el apoyo de los grandes medios de comunicación que aún hoy concentran el manejo de la información, como Clarín y La Nación. Los genocidas pretendieron destruir todas las formas de organización de lxs trabajadorxs y el pueblo argentino.
A pesar del terror y del silencio impuesto, nuestro pueblo resistió. Las Madres de Plaza de Mayo fueron la avanzada, y se convirtieron en el símbolo de esa resistencia que construyó lazos de solidaridad y que llegó a expresarse en paros generales y movilizaciones realizadas en las peores condiciones de la represión genocida. Esa lucha tuvo su continuidad en estos más de 40 años de presencia en las calles, en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de conseguir juicio y castigo a los genocidas, y terminar con la impunidad de ayer y de hoy.
Así fue como en 2004 las organizaciones populares conquistamos, la anulación de las leyes de impunidad y los indultos durante la presidencia de Kirchner, se reabrieron las causas a los genocidas y comenzaron los juicios. Este hecho es histórico para Argentina y ejemplo en el mundo, junto con la recuperación de la identidad de 121 niños y niñas secuestrados. Hasta ahora 600 represores han sido condenados, y otros cientos esperan ser juzgados.
En La Pampa, una provincia de unos doscientos mil habitantes, funcionaron más de 10 centros clandestinos de detención y tortura:
– Más de 50 pampeanos y pampeanas aún permanecen desaparecidxs.
Dos niños/as fueron apropiadxs negándole el derecho a su identidad.
– Hubo cientxs de presos/as, torturadxs, cesanteados/as y exiliados/as internxs.
Solo está siendo investigado el médico Máximo Pérez Oneto como colaborador civil, pese a los numerosos testimonios que dieron las víctimas en el primer juicio a los responsables de la llamada Subzona 14 denunciando a personajes como Aragonés y Marín en carácter de delatores.
Con una demora de varios años, estamos cerca del inicio del segundo juicio por la Subzona 14. Entre los procesados, aparecen los expolicías Carlos Reinhart, Néstor Cenizo, Hugo Marenchino, Athos Reta, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Oscar Yorio, y el militar Omar Greppi (ya condenados en noviembre de 2010). También Luis Enrique Baraldini, jefe máximo de la policía provincial; el segundo jefe militar de la Subzona, Carlos Alfredo Sabattini; y un grupo de policías procesados por primera vez: Miguel Ochoa, Jorge Quinteros, Miguel Gauna, Luis Horacio Lucero, Oscar “Miseria” López, Juan Domingo Gatica, Orlando Pérez, Rubén “Chaleco” Giménez y el médico Máximo Pérez Oneto.
Denunciamos a los jueces y fiscales cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y exigimos al Poder Ejecutivo que no abandone los juicios. Reclamamos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas, en la convicción de que contienen la información sobre el destino de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y de sus hijxs apropiadxs.
Aún hoy, 41 años después del golpe, el aparato represivo montado por la dictadura permanece funcionando. Son cientos los represores y genocidas que cumplen funciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y organismos de inteligencia.
La detención del ex Jefe del Ejército, César Milani, es un triunfo de la lucha popular contra la impunidad de los genocidas de la dictadura. Milani está detenido por la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo en Tucumán y por secuestros y torturas en la provincia de La Rioja. Nombrado y sostenido por Cristina Kirchner a pesar del recamo de las organizaciones populares que exigimos su destitución, juicio y castigo. Esta detención es un golpe a las políticas de reconciliación que hoy son el principal objetivo del gobierno de Mauricio Macri y tienen como fin reintroducir a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Milani es un genocida que debe ser juzgado por todos los crímenes que cometió.
Una muestra trágica de continuidad e impunidad del aparato represivo de la dictadura, es el caso del asesinato de Silvia Suppo, testigo clave contra el juez Brussa; y el secuestro y desaparición del compañero Jorge Julio López, testigo clave contra el genocida Etchecolatz. De igual manera, exigimos terminar con el hostigamiento y la represión permanente sobre los pueblos originarios que se movilizan en defensa de su territorio y su cultura; así como con la impunidad de los responsables políticos y materiales de los crímenes de todos los luchadores populares, como los casos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Mártires López.
El asesinato de Luciano Arruga y la muerte de miles de jóvenes a manos del gatillo fácil y de la represión policial, la tortura y muerte en cárceles y comisarías, con la complicidad de jueces y fiscales, marcan también la impunidad del presente. En la Pampa el sostenimiento de Tierno como Ministro de Seguridad y su despliegue de políticas de mano dura se ha cobrado este último año la vida del cazador Hector Garialdi y dejo en estado vegetativo a Manuel Lescano, más los casos de apremios que se repiten cotidianamente contra miles de jóvenes, el hostigamiento a militantes sociales y partidarios y el año anterior la sangrienta represión a los vecinos del meridiano V.
En el marco de la imposición de un plan económico nefasto, que ya sumó 1.600.000 nuevxs pobres y 600.000 hambreadxs, y que descarga sobre las espaldas de lxs trabajadorxs los costos de una crisis que engendraron los banqueros, monopolios y grandes terratenientes, denunciamos el proyecto de baja de la edad de imputabilidad como un nuevo paso en la criminalización de la pobreza, la juventud y la niñez. Consideramos que la causa y el aumento de la llamada inseguridad se encuentran en la desigualdad social, y en la participación y complicidad del aparato policial, judicial y político en todos los tipos de delitos organizados, como el narcotráfico y la trata de personas. La pampeana Andrea López es una de las más de 3.500 mujeres y niñas que en Argentina han sido secuestradas, prostituidas o asesinadas por estas mafias tratantes amparadas por el poder.
El “protocolo” represivo de Macri y Patricia Bullrich –suscripto por la mayoría de los gobiernos provinciales- apunta claramente al control y disciplinamiento social. Repudiamos esta norma por ser anticonstitucional, y reclamamos la derogación de las leyes antiterroristas y de todo el aparato de espionaje e infiltración contra las organizaciones populares. Reclamamos también la inmediata liberación de Milagro Sala y de todxs lxs demás presxs politicxs. Basta de persecución y procesamiento de los y las luchadorxs populares.
Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra las distintas formas de represión y persecución a los trabajadores y el pueblo, y afirmamos que las banderas por las que lucharon nuestros 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs están vigentes cada día más. Ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha por conquistar una Argentina sin opresión, sin represión y sin explotación.
– A 41 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA MANTENEMOS NUESTRA HISTÓRICA CONSIGNA: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!
– CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS.
– CONTRA LA TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS, REAFIRMAMOS: SON 30.000, FUE GENOCIDIO
– POR LA CONTINUIDAD DE LOS JUICIOS, Y EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS DURANTE LA REPRESIÓN DICTATORIAL.
– APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA. RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LAS PERSONAS NACIDAS EN CAUTIVERIO.
– JUSTICIA POR EL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ Y DE TODXS LXS LUCHADORXS POPULARES ASESINADXS EN DEMOCRACIA.
– NO AL AJUSTE Y LA REPRESIÓN DE MACRI Y DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES.
– NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA. NO A LOS PROTOCOLOS REPRESIVOS.
-URGENTE DECLARACION DE LA EMERGENCIA NACIONAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO
– NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA, LA JUVENTUD Y LOS INMIGRANTES.
-TODO EL APOYO A LA LUCHA DOCENTE.
30.000 COMPAÑERXS DETENIDXS-DESAPARECIDXS ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!!!
