La agrupación Universidad Amplia repudió el violento accionar de la policía de Jujuy, que ingresó ilegalmente a la Facultad de Ciencias Agrarias, donde detuvieron y golpearon a dos alumnos.
En un comunicado de prensa de la agrupación Universidad Amplia, hicieron público su repudio al violento accionar de la Policía de la provincia de Jujuy, que ingreso en el edificio de la Universidad Nacional durante una celebración.
Cabe recordar que los efectivos ingresaron ilegalmente a la Facultad de Ciencias Agrarias y se llevaron detenidos a los estudiantes Joaquín Quispe e Ignacio García, que participaban de un asado.
Desde Universidad Amplia sostuvieron que “con la detención ilegal, la intimidación y la persecución generalizada, se actúa al margen del Estado de Derecho por lo que los gobiernos que así actúan deslegitiman con el ejercicio la legitimidad originada en las urnas”.
Sostienen que en el caso particular de Jujuy se: “atacó la autonomía universitaria consagrada en la Argentina desde la reforma de 1918”.
Señalan que desde Universidad Amplia repudian todas las estas prácticas: “mediante las cuales se procura atemorizar a la población e impedir el legítimo derecho a opinar y manifestar, por lo que recuerdan épocas de nuestro país, cuando la persecución política llegó al extremo del terrorismo de Estado”, expresaron.
“Universidad Amplia hace pública su preocupación ante hechos que se han difundido por la prensa, sucedidos en distintos lugares del país a los que deben agregarse la información que circula, respecto a prácticas donde resultan afectadas la libertad de las personas y/o su integridad física, por parte de fuerzas de seguridad tanto a nivel nacional como provinciales”.
También se refieren a lo que sucedió el martes donde una estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam denunció que fue interceptada de manera amenazante e inquisidora por personal policial en inmediaciones a la zona donde docentes realizaban una manifestación con reclamo: “manifestamos nuestra preocupación por los diferentes hechos, que objetivamente arremeten contra la libre expresión y el ejercicio de la ciudadanía de diversos sectores sociales y reclamamos a los Gobiernos legítimamente constituidos que hagan una realidad mediante claras decisiones políticas y su instrumentación que legitimen su accionar gubernamental asegurando que todas las personas y los distintos sectores sociales (docentes, estudiantes, trabajadores y militantes sociales) no resulten en la práctica perseguidos, intimidados y/o violentados”.
Finalizaron aseverando que “es responsabilidad de los gobernantes garantizar el ejercicio pleno de la vida democrática así como el Estado Nunca Más transite por la degradación que viviéramos en la última Dictadura”.
