En conferencia de prensa, integrantes del equipo de Salud de Manuel Pizarro aclararon que el subsidio no rendido por la Asociación “Servir”, se entregó en la gestión de Roberto Moro y deslindaron responsabilidades en la actual gestión.
Lorena Carassay, directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones y Leonardo Aballay, director de Adicciones, brindaron una conferencia de prensa y aclararon la situación generada a partir de la multa del Tribunal de Cuentas al titular del áreas, Manuel Pizarro, por no rendir cuatro subsidios.
“A raíz de una nota periodística que salió ayer, nos pareció pertinente aclarar la situación de la Subsecretaría. En la nota se habla de una sanción del Tribunal de Cuentas al doctor Pizarro por no rendir subsidios de cuatro asociacones”, dijo Carassay a Plan B.
“Lo que queremos aclarar que son cuatro asociaciones: una de Santa Rosa, otra de General Acha y dos de General Pico, con subsidios y expedientes del 2015. Se les entregaron en esa fecha los subisidios, salvo a una que se le entregó en el 2016 y las rendiciones de debieron hacer en ese momento”, agregó.
Carassay indicó que “El Tribunal de Cuentas nos solicita que se hagan las gestiones para completar esos expedientes, nos notifica en enero a esta gestión y empezamos a completar esos expedientes para rendir cuentas sobre dinero que se entregó a cuatro asociaciones y no a Pizarro”, dijo.
“El doctor Pizarro debe dar cuenta qué hicieron las asociaciones con ese dinero. Tres asociaciones cumplieron con las rendiciones y una no, a la cual se la intimó y a que rinda el dinero del 2015. Se trata de la fundación ‘Servir’”, aclaró.
—¿Quiénes es el funcionario que dio estos subsidios?
—Roberto Moro.
Por su parte, Aballay dijo que el procedimiento del Tribunal de Cuentas es normal. “Nuestra aclaración es que no se malinterprete. Es parte de un procedimiento y nosotros nos hacemos cargo de eso. Entendemos que debemos hacernos cargos y pedir las rendiciones correspondientes, el procedimiento es normal”, dijo.
Carassay dijo que la asociación debe entregar documentación para ver qué hizo con ese dinero. “De hecho, tres asociaciones lo hicieron y una no. En general, tienen sesenta días para presentar esta documentación”, agregó.
“Quien no cumplió es la asociación ‘Servir’ de General Pico y los montos, creo, oscilan los $30.0000. El dinero es del Estado y a mí no me importa si fue hace dos años, pero yo debo cuidar los recursos del Estado”, agregó.
“En función de eso, se envió una carta documento, se presentó un recurso para que la asociación cumpla en tiempo y forma lo que debe entregar”, dijo.
Consultada sobre las asociaciones que recibieron subsidios, Carassay dijo que “una es una Asociación de Acompañantes terapéuticos, y las otras, que son la Asociación Vida, Guadalupe y Servir, trabajan con pacientes con consumos problemáticos”, dijo.
“Llamamos a esta conferencia para explicar lo sucedido. Es parte de la gestión la transparencia y nos pareció pertinente explicar la situación”, aclaró.
—¿No hay sanciones para las ONG’s?
—Se puede presentar un recurso de revocatoria y dar cuenta de lo que se hizo, para que esa asociación entregue lo que tenga que entregar.
—¿Se prevé abrir un expediente o auditoría para secretarios anteriores?
—Es responsabilidad de la asociación rendir la cuenta. El Estado debe fiscalizar y es lo que estamos haciendo, por eso estamos exigiendo que entreguen la documentación que deben.
Consultado sobre el estado del edificio anterior, que no tenía todas las habilitaciones para la asistencia de pacientes, Carassay dijo que “para hacer un contrato se debe tener habilitado el plano de todos los sectores con ciertas normas, para la asistencia de pacientes”, dijo.
“Se hicieron gestiones desde el 2016, se intentó que se habiliten los espacios para poder hacer un contrato de alquiler. No se logró y la mudanza se dio a dos edificios”, dijo.
—¿Pero si no estaba habilitado cómo estuvieron tanto tiempo ahí?
—Se hicieron todos los trámites administrativos para contar con todo el edificio. Quizás en otros momentos no se usaba todo el edificio y no se asistía a pacientes. Desde el 2016, se pidieron los planos y la habilitación y como no se logró para la asistencia de pacientes, nos mudamos y buscamos otro lugar.
—¿Cuál es la situación de las los trabajadores de la ley 2871 (monotributistas)?
—Siguen en esa ley, no depende de nosotros que pasen a la Ley 1279 de Salud.
—Pero hacen trabajos de gente de salud…
—Sí, por supuesto.
—¿Y no es parecido a esa irregularidad del edificio, de no estar habilitado como tal?
—No. Lo que no quiere decir que uno piense que es la mejor ley para los trabajadores. Es una ley de contrato de trabajo, con reducción horaria y en esa ley, muchos técnicos que están trabajando acá, se desempeñan en ella.
—¿Hay prevista alguna denuncia en Fiscalía con la anterior gestión?
—No. Lo que decimos es que el Tribunal de Cuentas realiza una sanción al doctor Pizarro, que es un procedimiento que no corresponde si no se rinde un subsidio entregado, pero aclaramos que es un subsidio del 2015 y estamos explicando lo que esta gestión hizo para dar cuenta de ese dinero entregado.
—¿A la FIA no van a ir?
—Es un problema de la Asociación Servir a la que hemos intimado a que rinda. No sé cómo terminará este trámite. Si la asociación Servir entrega lo que tiene que entregar,e el expediente se cerrará. Si no, veremos cómo hacemos para resolver el tema.
